Sánchez dispara la deuda pública en más de 58.000 millones desde que es presidente

Los primeros coletazos de la crisis sanitaria han apuntado un nuevo récord al Gobierno de Pedro Sánchez. La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas cerró el mes de marzo con un nuevo récord histórico, hasta superar los 1,22 billones de euros, con un repunte respecto al mes anterior de 22.473 millones, un 1,9% más, concentrado exclusivamente en el gasto acumulado por la Administración Central, ya que el resto de instituciones aliviaron levemente sus cuentas.

Según el último dato mensual actualizado por el Banco de España,sólo la deuda del Estado aumentó en marzo en 25.201 millones de euros, con lo que alcanzó casi los 1,09 billones, también la mayor alcanzada jamás por la Administración Central. De acuerdo con la mayoría de las previsiones, al final de año la deuda pública se situará en el 115% del PIB, aunque el Banco de España ha reconocido esta semana que, en el peor del los escenarios macroeconómicos, esta podría dispararse incluso al 120%.

Esto significa que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno la cifra acumulada en el debe público ha aumentado en 58.371 millones, tras pasar de poco más de 1,16 billones –165.871 millones contabilizados durante la época de Mariano Rajoy– a los más de 1,22 billones publicados ayer –en concreto, 1.224.242 millones contabilizados por el supervisor bancario–. Este aumento en la Administración Central contrasta con la disminución de las deudas de las comunidades autónomas, que se redujeron en 257 millones, hasta 297.852 millones, y la de las corporaciones locales, en 332 millones, hasta 22.973 millones. La de la Seguridad Social se mantuvo prácticamente sin cambios, en 55.025 millones, a la espera de que los datos de abril reflejen el impacto real causado por la pandemia, que todavía en marzo no incorporaba en sus balances el esfuerzo extra realizado para soportar las nuevas prestaciones sociales y laborales provocadas por el coronavirus, por lo que se augura un descalabro jamás visto hasta la fecha para el mes que viene.

Al menos el Ejecutivo sí que puede sumar una buena noticia, aunque sea en los mercados internacionales, ya que la prima de riesgo española cayó ayer a 117 puntos, al nivel de inicio en el mes de abril, situación que favorecerá mucho la financiación del Estado y aleja un poco más al Gobierno de la opción de recurrir a los fondos del Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), objetivo que el presidente Sánchez intenta evitar por todos los medios.

Esta bajada se ha visto favorecida por el anuncio de que Alemania y Francia habían alcanzado un acuerdo para crear el Fondo de Recuperación Europeo de 500.000 millones de euros –aunque se quedaría lejos de la propuesta inicial del Gobierno español, que pedía una financiación de 1,5 billones de euros–, que captaría dinero a través de la emisión de deuda europea y que se destinaría totalmente a gasto –y no a préstamos como pretendían algunos de los halcones del norte de Europa (Holanda, Austria, Dinamarca o Suecia)– para las regiones y sectores más afectadas por el coronavirus, y que ha incidido de forma muy positiva en el mercado de deuda. Aunque esta propuesta debe contar con el apoyo de los 27 miembros de Unión Europea –incluidos los países más críticos, que ya cuentan con el «no» dado por Austria–– y del Parlamento Europeo, su aprobación sería un empujón hacia delante para España y para el proyecto europeo, encallado en un nuevo enfrentamiento entre el norte y el sur.

Pero los nubarrones de la financiación no llegan solo desde Europa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que hacer frente durante los próximos 24 meses a un gran volumen de vencimientos de deuda, que superarán los 81.000 millones este año y rondarán los 120.000 millones en 2021, según datos de la Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aseguró el lunes en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso que el déficit estructural se acerca ya al 3% del PIB y su tendencia será a incrementarse sustancialmente, no solo por el gigantesco gasto provocado por la crisis sanitaria, sino por el pago de intereses que tendrá que afrontar el Gobierno por los vencimientos pendientes. Un problema añadido más a la liquidez del Estado.