El acuerdo de PSOE y Podemos con EH Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de su apoyo a la última prórroga del estado de alarma ha caído como una bomba entre los empresarios, que han mostrado su “rotundo rechazo” a este pacto, que supone un “desprecio indignante” que “dinamita el diálogo social y el papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales y a las propias instituciones del Estado en el momento más delicado de la economía española, cuando este diálogo se hace más necesario”, lo que puede significar el primer paso para romper las bases de diálogo y de negociación aunque, de momento, fuentes empresariales hablan solo de que ha “quedado en suspenso”. Un extremo que ha confirmado el propio presidente de la patronal, Antonio Garamendi. En una entrevista a Radio Nacional, Garamendi ha asegurado que suspende la presencia de la CEOE en la mesa del diálogo social a la espera de una explicación del Gobierno.

CEOE y Cepyme habían expresado antes su rechazo al acuerdo en un durísimo comunicado conjunto. En su respuesta, la patronal advierte de que esta decisión tendrá “unas consecuencias negativas incalculables” en la economía española y en la confianza empresarial, lo que “impactará de forma profundamente negativa en el empleo”. Asimismo, recuerdan que el acuerdo con la formación abertzale “desoye las recomendaciones” que hizo el miércoles la Comisión Europea, en las que plantea “la necesidad de fundamentar la recuperación a medio plazo con medidas de apoyo al empleo tomadas de acuerdo con los agentes sociales”.

Todo saltó por los aires a última hora de ayer, cuando a través de un comunicado firmado por los portavoves de las tres formaciones -PSOE, Podemos y Bildu-, los radicales vascos anunciaban que había alcanzado un acuerdo para derogar la reforma laboral de “forma íntegra” a cambio de “no obstaculizar” la prórroga del estado de alarma. Ante el revuelo y el escándalo suscitados, el PSOE se vio forzado a emitir una nota aclaratoriainformando de que quedaba anulado ese punto primero, por lo que la derogación se ceñía a “aspectos concretos” como la “prevalencia del convenio sectorial” o la “ultraactividad de los convenios”. En un intento de reconducir la situación, y ante la amenaza empresarial de romper la mesa del diálogo social, se vieron forzados suavizar su postura y a añadir en la nota que se mantendrían “en el marco del diálogo social" buscando “la protección de las personas trabajadoras” y para recuperar "el papel de los convenios colectivos”.

Aunque los empresarios no dan por rotas las relaciones con el Gobierno, insisten en que lo sucedido es “una irresponsabilidad mayúscula” que tendrá consecuencias. La primera de ellas, la suspensión de diálogo social. “En estos momentos, en los que el propio Gobierno aborda con patronal y sindicatos medidas de flexibilidad en el ámbito laboral para garantizar la subsistencia de miles de empresas y millones de empleos, en los sectores más castigados por el Covid-19, es totalmente incoherente y contrario suscribir un acuerdo para dar un paso atrás e incrementar la rigidez en el mercado laboral”, insistieron en su comunicado. A juicio de las organizaciones empresariales, “se echarán por tierra todos los esfuerzos realizados a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para lograr hibernar las plantillas y salvaguardar millones de puestos de trabajo”.

Contra la reactivación

En la misma línea se manifestó la patronal catalana, Foment del Treball, que sostiene que el acuerdo es “un menosprecio al diálogo social" y que solo crea “alarma por la inseguridad jurídica”. También critican que se intente llevar a cabo “esta derogación en las actuales circunstancias, antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas en materia económica y laboral derivadas de la crisis”. Por eso, Foment defiende "un gran pacto por la reactivación de la economía y la recuperación de la ocupación con el Gobierno del Estado, los grupos parlamentarios, las instituciones, los agentes sociales y las comunidades autónomas”, por lo que el acuerdo con Bildu “hace más difícil este pacto, pone en peligro los ERTE aprobados y compromete seriamente muchos puestos de trabajo”. La patronal carga contra un acuerdo que es “de una grave irresponsabilidad y compromete seriamente la recuperación de la actividad económica” y deja en evidencia “la debilidad del Gobierno”.

Tampoco ha sentado nada bien el acuerdo entre las empresas familiares. El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) lo ha rechazado con cotundencia porque “tendría unos efectos muy negativos para el empleo y la recuperación económica”. En un comunicado, expresan que resulta “incomprensible” que esta cuestión se haya negociado “a espaldas de los agentes sociales y de las empresas”, especialmente después de las muestras de “responsabilidad, compromiso y capacidad” mostradas por las empresas para salvar el empleo durante la pandemia que “ha sumido ya a nuestro país en una profunda crisis económica”. Además, recuerdan que desde las instituciones comunitarias sería considerado como “un tremendo paso atrás y pondría en serio riesgo el imprescindible apoyo que en estos momentos necesita nuestro país por parte de Europa”. El IEF cree que cualquier medida que se tome en el ámbito de las relaciones que rigen el mercado laboral “ha de ser fruto de un acuerdo político y social amplio y su foco debe estar inevitablemente puesto en el largo plazo y no puede ser una moneda de cambio para facilitar la votación de un acuerdo puntual en el Congreso”.

Flexibilidad

Desde la patronal textil (Acotex) han mostrado de igual forma su “absoluto rechazo” al pacto. Acotex ha señalado que en el momento que vive la sociedad española esta derogación “solo llevaría a engrandecer la crisis económica que lamentablemente” se está viviendo en España debido a la crisis sanitaria del coronavirus. “Además de que vemos inadmisible que se alcancen acuerdos con un partido como EH Bildu, tratar de derogar de la reforma laboral es dar un paso hacia atrás y tendría unas consecuencias nefastas para la economía. Necesitamos todo lo contrario: flexibilidad en el mercado laboral”, ha asegurado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.

El Círculo de Empresarios ha acusado al Gobierno de utilizar la reforma laboral como “moneda de cambio” para conseguir unas cuantas abstenciones de EH Bildu con el fin de aprobar la prórroga del estado de alarma y ha afirmado que han generado una incertidumbre “sin precedentes”. En un comunicado afirmaron que “asistimos a un espectáculo poco gratificante protagonizado por el Gobierno de coalición” y que para la derogación total o parcial de la reforma laboral se necesita una “ruta compartida” y flexibilidad laboral ante la pandemia. "Han provocado un nivel de confusión e incertidumbre sin precedentes. Las reformas estructurales “no pueden acometerse de manera unilateral, por razones meramente ideológicas y retornando al pasado”.

La asociación mayoritaria entre los autónomos, la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), también ha cargado duramente contra esta medida. Su presidente, Lorenzo Amor, ha expresado su “absoluto rechazo” a una medida que “lo único que genera es incertidumbre” y que lo ha considerado un “riesgo para el país y para los trabajadores, porque creo que ahora lo que nos toca a todos es salvar empleo y empresas". En una rueda de prensa posterior a la presentación de los datos del barómetro sobre la situación de los autónomos en el mes de mayo, Amor afirmó que “estamos alarmados dentro del estado de alarma. No sabemos a quién creer”. Se refería a que el acuerdo con EH Bildu haya sido rectificado por el PSOE a través de un mensaje, mientras el vicepresidente Pablo Iglesias se remitía a lo firmado. “Ahora no toca este tema, lo que toca es salvar el tejido empresarial y a los trabajadores, y así no se consigue. Solo se crea incertidumbre y desconcierto”.

Pero las críticas no han venido solo desde la patronal. También ha habido críticas desde la parte sindical, pero no desde las centrales mayoritarias. En este caso, ha sido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) la que ha cargado duramente contra lo que consideran un acuerdo “oscurantista y sorpresivo”, al haber sido firmado al margen de los agentes sociales, “hurtando a la ciudadanía el trasfondo político y vinculando la votación sobre el Estado de Alarma a la reforma laboral”. Para CSIF, el acuerdo con Bildu demuestra “la urgencia de reformar la actual Ley Sindical para dar cabida a otras organizaciones y trasladar al ámbito sindical la pluralidad de la sociedad española”. CSIF ya tuvo ocasión de trasladar a la ministra de Trabajo la necesidad de derogar la reforma laboral en diferentes aspectos, pero “sin las contrapartidas políticas que se presuponen a un pacto con EH Bildu y que se deben explicar”.

Fuentes del Gobierno informaron a LA RAZÓN que con lo acordado ahora lo único que se ha hecho es “cumplir los puntos esenciales del acuerdo al que se había llegado con Podemos para derogar los puntos más lesivos de la reforma laboral de 2012”, algo que facilitó la gobernabilidad en coalición y que “ahora” debe llevarse a cabo.