Unión Europea

La UE avisa: tocar la reforma laboral complica las ayudas

El Gobierno pone en el alambre la legislación avalada por Bruselas. La Comisión Europea pretende supeditar las inversiones del fondo de reconstrucción a que los países lleven a cabo reformas ambiciosas

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Pocas cosas hay tan importantes en política como el sentido de la oportunidad. Los dimes y diretes en torno a la reforma laboral llegan en uno de los momentos menos propicios: la presentación este próximo miércoles del plan de reconstrucción europeo por parte de la presidenta del Ejecutivo comunitario Ursula von der Leyen. Una iniciativa de la que se desconocen los detalles pero que contendrá muchos de los principales puntos del documento franco-alemán presentado esta pasada semana, con hasta 500.000 millones de transferencias a fondo perdido para los países más golpeados por la epidemia y la crisis económica, sin necesidad de que estas cantidades sean devueltas a través de préstamos. El propósito es no ahogar con deuda a los Estados más afectados por el coronavirus, tal y como sucedió la década pasada.

Tras sus reticencias iniciales, Berlín parece haber cruzado el Rubicón e incluso un cargo comunitario considera que podríamos estar ante un momento «hamiltiano», en referencia al primer Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alexander Hamilton, que consiguió un acuerdo entre el Norte y el Sur del país para que el Ejecutivo federal pagara las deudas del Estado tras la Guerra de la Independencia.

Pero no todo es idílico. Aunque Bruselas no quiere resucitar ciertos fantasmas como los «hombres de negro» y nuevos recortes, ya ha avisado por boca de su vicepresidente económico, el letón Valdis Dombrovskis, que estas ayudas estarán ligadas a la adopción de reformas. De hecho, el documento presentado la semana pasada por la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron también subraya negro sobre blanco que el desembolso de los fondos dependerá de «un compromiso claro por parte de los Estados miembros de aplicar políticas económicas sanas y un programa de reformas ambicioso».

¿Qué entiende Bruselas por esto último? Precisamente una de las medidas más aplaudidas por parte de la Comisión Europea ha sido la reforma laboral puesta en marcha en el año 2012, aunque el Ejecutivo comunitario sigue pidiendo a nuestro país que siga luchando para evitar la alta temporalidad y la precariedad que afecta a los trabajadores más jóvenes.

En el mes de febrero, dentro del informe anual sobre los desequilibrios macroeconómicos que la Comisión Europea publica cada año, el texto alude a que «será importante que cualquier nueva medida sólo se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de reformas anteriores». Un aviso a navegantes producido poco después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara sus intenciones de derogar los «aspectos más lesivos» de la reforma laboral. Para los técnicos comunitarios, «las reformas del mercado de trabajo adoptadas en 2012 y 2013 para hacer frente a la crisis han desempeñado un importante papel en el fomento de la recuperación económica intensiva en el empleo que se inició en 2014».

Las loas no resultan extrañas. La reforma laboral fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy tras constantes presiones por parte de Bruselas y en un momento en el que el rescate de España parecía inminente. De hecho, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, aprovechó una reunión del Eurogrupo para acercarse al también entonces comisario de Economía, Olli Rehn, y decirle que España estaba preparando una reforma laboral «extremadamente agresiva». Una conversación informal que fue captada por las cámaras antes del comienzo de esta cita y cuyas palabras agradaron al comisario finlandés.

¿Se retractará Bruselas y no concederá ayudas a fondo perdido si España acaba derogando la reforma laboral? Resulta difícil de predecir por el momento, pero lo que está claro es que este capítulo emponzoña las negociaciones y pone en un delicado brete al Ejecutivo comunitario liderado por Von der Leyen. Para que pueda ser una realidad, la iniciativa que se presentará esta semana debe recibir el visto bueno por unanimidad de todas las capitales europeas. Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia –los llamados «Halcones del Norte»– no sólo han mostrado su rechazo a subvenciones a fondo perdido, sino que han presentado una contraoferta (créditos a cambio de reformas) con el objetivo de aguar el plan franco-alemán y salirse con la suya.

«La posición holandesa ha sido la de apoyar a los demás a través de préstamos», aseguró el primer ministro holandés Mark Rutte esta pasada semana, a la vez que incidía en que «nuestra propuesta indicará muy claramente que si formulas una petición de ayuda, debes llevar a cabo reformas de gran envergadura a fin de poder asegurar tu autonomía en la próxima ocasión». Los halcones siguen al acecho.