El Gobierno otorgará sin comprobaciones el ingreso mínimo a los primeros 100.000 beneficiarios

Los primeros beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se aprobará mañana en el Consejo de Ministro extraordinario y que a continuación se publicará en el BOE empezarán a cobrar la prestación a finales de junio, que será reconocida de oficio -es decir sin comprobaciones exhaustivas, mediante una declaración jurada que luego tendrá que ser refrendada- inicialmente para unos 100.000 hogares, aunque se estima que llegue a 850.000, según ha avanzado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá en una entrevista en el espacio “Más de uno” dirigido por Carlos Alsina en Onda Cero. Escrivá concretó que se trata de una ayuda para complementar rentas hasta un determinado umbral, que podría llegar a alcanzar más de 1.000 euros “en determinadas circunstancias familiares”. El Ministerio determinará hasta 12 tipos de hogares distintos con referencia a sus umbrales reales de renta y tendrá un “foco particular” en los casos de “vulnerabilidad especial”, como los hogares monoparentales sin ingresos fijos, y se tendrá en cuenta el patrimonio de los solicitantes, pero sin calificar la vivienda habitual y las deudas.

“Estamos intentando definir bien los hogares que son beneficiarios para que, desde los primeros días de junio, haya un porcentaje significativo que pueda recibir la prestación sin tener que pedirla, para después hacer una declaración responsable y contrastar la información”. Escrivá también confirmó que el IMV podrá complementarse, además, con otras rentas salariales, así como con otras prestaciones de las comunidades autónomas. “Hemos llegado a acuerdos con los gobiernos autonómicos para que el ingreso mínimo engarce con sus programas y el suyo sea el último nivel de protección. El nuestro será el mínimo y luego estará el de ellos en caso de que piensen que hay que complementar algo”.

Además, la nueva prestación estará acompañada de incentivos, para que los beneficiarios de la IMV puedan incrementar las horas de trabajo, encontrar un empleo o reciban un “sello social” en colaboración con las empresas privadas, que promocionará la contratación preferentes de estas personas. “El objetivo es que sea una prestación dinámica, para lo que se han diseñado instrumentos como itinerarios de inclusión e incentivos laborales”, para que esta renta no sea disuasoria de continuar buscando un empleo. “Hemos hablado con empresarios y el tercer sector -las organizaciones sociales sin ánimo de lucro- porque este es un elemento que había que diseñar muy bien, como está muy bien diseñado en países nórdicos, donde tienen prestaciones más generosas y no se desincentiva la búsqueda de trabajo”, afirmó el ministro.

Respecto a que esta renta mínima será de control estatal menos en los territorios forales -Gobierno y PNV suscribieron el miércoles un acuerdo para transferir la gestión a ambos territorios con fecha límite del 31 de octubre de 2020-, Escrivá quiso aclarar que desde que empezó a diseñarse se determinó que la gestión en el País Vasco y Navarra tenía que ser diferente. “La singularidad foral tiene que tener un tratamiento distinto en la gestión, pero siempre estuvo previsto así. Estos territorios gestionan sus propias haciendas, por lo que para la concesión del IMV es clave el test de renta y patrimonio de los posibles beneficiarios”.

Según el ministro, el Gobierno ha estimado que el coste de la renta mínima se elevará a unos 3.000 millones de euros al año, que serán financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El íngreso mínimo vital, en 10 claves

• Esta prestación será permanente y complementaria a las rentas de inserción que ya existen en las comunidades autónomas, para garantizar que todas las familias lleguen a un umbral mínimo de ingresos. Servirá para amparar a cuatro de cada cinco personas que en España sufren pobreza severa, unos 850.000 hogares, según la Seguridad Social.
• El IMV se concederá a la unidad familiar o por hogar de convivencia, no a título individual, y los beneficiarios deberán tener más de 23 años y menos de 65, aunque no se descarta que se conceda a partir de los 21 años, o de los 18 años si tienen hijos.
• Se cobrará mensualmente y se podrá solicitar a partir del mes que viene.
• Comenzará a abonarse de oficio en junio en unos 100.000 hogares y el pago correrá a cargo de la Seguridad Social.
• Se establecerán cinco canales para poder presentar las solicitudes: en las oficinas de los servicios sociales de ayuntamientos y cabildos, comunidades autónomas, en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), a través de organizaciones del Tercer Sector (Cáritas, Oxfam...), y en la web del Ministerio de Seguridad Social a través de una aplicación telemática.
• La cuantía para un hogar formado por un adulto sería de 461,53 euros y se iría incrementando en función del número de menores y personas dependientes a cargo. El máximo a percibir no superaría los 1.100 euros, ya que no puede ser superior al importe del Salario Mínimo Profesional (SMI), establecido en 1.108,33 euros mensuales en doce pagas.
• Para la concesión se tomará como referencia los ingresos declarados de 2019. Además, se tendrá en cuenta la renta (rendimientos capital mobiliario, inmobiliario, pensiones no contributivas contributivas) y el patrimonio (con un máximo de 330.000 euros), pero no computará la vivienda habitual ni las subvenciones finalistas. Los beneficiarios están obligados a realizar la declaración del IRPF. Además, se tendrán en cuenta las pensiones de alimentos.
• La solicitud inicial se acompañará de una declaración responsable que deberá ser verificada por la Seguridad Social posteriormente. Los beneficiarios deberán demostrar que se encuentran en búsqueda activa de empleo y demostrar que han solicitado todas las prestaciones posibles de los diferentes niveles de la Administración. Se pretenden evitar bolsas permanentes de desempleo para fomentar que sus beneficiarios puedan reintegrarse al mercado laboral con mayor tranquilidad.
• El silencio administrativo, es decir, la no contestación a la solicitud presentada, significa que ha sido denegada.
• Según los cálculos del Ministerio de Seguridad Social, el coste para el Estado estará entre 3.000 y 3.500 millones de euros al año en una primera fase.