El límite de patrimonio para pedir el Ingreso Mínimo se fija entre 16.614 euros y 43.196 euros

Ya no habrá más especulaciones sobre los límites económicos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), presentado conjuntamente por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la ministra portavoz, María Jesús Montero, y el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Para poder percibir el IMV, a los demandantes se les someterá a un “test de riqueza” en el que se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual y las deudas. Tal y como ha detallado el propio Escrivá, este umbral cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada hogar -incluidos todos los ingresos salariales anuales- y el umbral fijado para cada tipo familiar. Se trata de evitar el acceso a la ayuda de personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez -por culpa de la pérdida temporal de un trabajo o por una situación personal puntual-, pero que cuenten con un considerable patrimonio inmobiliario. En este sentido, se establece un límite patrimonial para acceder a la prestación que aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia y parte de 16.614 euros de patrimonio neto para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros.

Según avanzó el ministro Escrivá, podrán solicitar el IMV todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde 18 años si hay menores a cargo, que lleven al menos un año de residencia legal en España y cumplan con los requisitos de renta. Se fija un umbral mínimo de renta garantizado para cada tipo de hogar, dependiendo del número de miembros, que parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva -esta cantidad se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulto dependiente o niño-, hasta un máximo de 1.015,3 euros -se establece también un complemento adicional de 100 euros para las situaciones de monoparentalidad-.

Se han establecido 14 tipologías de hogares -en función del número de miembros-, con un nivel propio de renta garantizable diferente para cada uno de ellos.El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, será de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar. El objetivo que quiere alcanzar el Gobierno es que esta prestación complete las rentas preexistentes -ya sean de inserción o propiamente salariales-, hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se contara con rentas, se completaría la totalidad del umbral garantizado, pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. De esta forma, la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar, mientras que el importe de la prestación será de unos 4.400 euros anuales.

Se pretende así reducir en un 80% la pobreza extrema en España, para las rentas con unos ingresos menores a 2.950 euros anuales, que representa a más de un millón de personas, y la reducirá en un 70% para las que van de los 2.950 a los 4.350 euros anuales, “unas 550.000 personas”, enumeró. "Pretendemos mejorar la vida” de 850.000 hogares, un 16% de ellos monoparentales, de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, con un alcance total para 2,3 millones de personas -“cuando esté plenamente desarrollada”-, de los que el 30% son menores -unos 690.000-. Los 700.000 beneficiarios restantes de los 2,3 millones, 125.000 saldrán de la pobreza alta y moderada mientras que el resto verá mejorado sensiblemente sus ingresos, con incrementos de alrededor del 10 %. El 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, de los que 9 de cada 10 están encabezados por una mujer.

El ministro mostró su lado más didáctico y a través de lo que denominó “transparencias”, fue desgranando con cifras y datos los aspectos numéricos de esta ayuda, además de informar sobre cómo puede solicitarse esta prestación. Aunque adelantó que la mayoría de los 100.000 beneficiarios se hará prácticamente de oficio, abrió la posibilidad a acceder a ella a través de la web ministerial a partir del 15 de junio. Todas las solicitudes que se cursen desde ese momento hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, aunque se empezará a pagar el mes que viene de oficio a todas las personas que ya estén percibiendo una prestación por hijo a cargo. El Ministerio ya trabaja en la posibilidad de una solicitud multicanal, de forma que se pueda pedir la prestación no sólo a través de la Seguridad Social, sino también a través de los servicios sociales de los ayuntamientos y cabildos o con la ayuda de las entidades del Tercer Sector.

Esta renta básica “garantizará un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos”, defendió Escrivá, tras confirmar que será compatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, “que podrán complementar estos ingresos en la forma en que ellas lo consideren oportuno”. Asimismo precisó que también será compatible los ingresos laborables, lo que “permitirá evitar la trampa de la pobreza”, es decir, “la situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre un empleo y aceptar una prestación social”. En este sentido, quiso destacar que esta prestación se puede otorgar “tanto a personas en paro como a las que sí que trabajan", pero sus rentas no les permiten llegar al umbral mínimo. Por ello, anunció que esta ayuda está ligada a la puesta en marcha de estrategias vinculadas a mejorar la inclusión y la participación en el mercado laboral y al acceso a la formación, en tanto que incorporarán incentivos al empleo. “El objetivo es que sea una prestación dinámica, para que esta renta no sea disuasoria de continuar buscando un empleo. Por ejemplo, si una persona que recibe esta prestación incrementa sus ingresos laborales, una parte de esos ingresos no computarán para el cálculo de la prestación”.

El ministro también ha confirmado que esta prestación la podrán solicitar también aquellos contribuyentes que, aunque en 2019 su renta no cumpliera con los requisitos exigidos ahora, hayan visto en 2020 y por culpa básicamente por la crisis sanitaria “una enorme caída” de ingresos. Lo podrán hacer a través de una declaración responsable del IRPF a presentar este año. Según los datos aportados, el ingreso mínimo reducirá la pobreza extrema en el 87% de los hogares monoparentales, la bajará en el 82% de los hogares con hijos y en el 70% de los hogares sin hijos. En total, representará un gasto de 3.000 millones de euros anuales cuando esté plenamente implementada.