El Ingreso Mínimo tendrá un límite patrimonial desde 16.614 euros y se pasará un «test de riqueza»

El Gobierno puso ayer fin a las especulaciones, supuestos y borradores filtrados a la prensa que han jalonado las semanas previas a la presentación de una de las medidas estrella del Gobierno de coalición PSOE-Podemos: el Ingreso Mínimo Vital (IMV), presentado conjuntamente por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias –el que pareció más satisfecho de todos–, la ministra portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. A lo ya adelantado estos días, el trío del Gobierno solo apuntó tres novedades de relevancia: la implantación de un «test de riqueza», el establecimiento de un límite patrimonial para poder ser perceptor de esta ayuda y la ampliación de los beneficiarios a los hogares más golpeados por la pandemia.

Según adelantó Escrivá, a los demandantes del IMV se les someterá a lo que denominó un «test de riqueza», en el que se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual y las deudas. Tal y como detalló, este umbral cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada hogar –incluidos todos los ingresos anuales– y el umbral fijado para cada tipo familiar. Se trata de evitar el acceso a la ayuda de personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez –por culpa de la pérdida temporal de un trabajo o por una situación personal puntual–, pero que cuenten con un considerable patrimonio inmobiliario.

En este sentido, se ha establecido un límite patrimonial para acceder a la prestación, que aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia, y parte desde los 16.614 euros de patrimonio neto para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros para hogares con varios hijos y personas dependientes a cargo.

La última de las novedades se centró en los perceptores de esta prestación, que ya no quedarán limitados a las rentas más bajas reconocidas en 2019 por la Agencia Tributaria. También la podrán solicitar aquellos contribuyentes que, aunque en 2019 su renta no cumpliera con los requisitos exigidos y hubiera sobrepasado el umbral máximo, este 2020 hayan sufrido «una enorme caída de su renta», principalmente por culpa de la crisis sanitaria. Podrán hacerlo a través de una declaración responsable del IRPF, que deberán presentar este año.

«Este es un día histórico. Nuestra patria cuenta desde hoy con una medida que no es coyuntural porque la pobreza es estructural», manifestó con gran satisfacción en su rostro Pablo Iglesias. «El Gobierno demuestra que su opción es la justicia social», por poner en marcha el mayor avance social desde la Ley de Dependencia, dijo. «La crisis sanitaria nos ha obligado a acelerar. Era un compromiso de programa, pero se ha convertido en una necesidad urgente». En su habitual línea de protagonismo personal, no quiso dejar pasar su oportunidad de dejar claro quién había sido el gran artífice de lo aprobado ayer. «El presidente atendió la urgencia que yo le reclamé».

Este protagonismo se convirtió en una verdadera pugna en las redes sociales entre PSOE y Podemos. Ambos socios de Gobierno quisieron atribuirse la autoría de esta iniciativa, destacando declaraciones antiguas de sus líderes en las que prometían su aprobación. Al mediodía todo fueron sonrisas y educados pases de palabra, pero en las redes sociales, los partidos de la coalición separaron su camino y optaron por presentar la medida como un logro exclusivo de su partido y de sus líderes: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Cosas del ego.

Menos entusiasta y más didáctico estuvo el ministro Escrivá en la rueda de prensa. En su larga presentación, en la que recurrió a decenas de transparencias ilustrativas, pero acabó saltándose la mayoría, intentó explicar los pormenores fundamentales de esta nueva prestación. «Es un ingreso que va a tener un impacto extraordinario para las rentas más bajas. Pero no es una prestación al uso más, incorpora toda una serie de elementos con otras administraciones públicas para introducir ese elemento dinámico de inclusión, ese será el éxito final de la prestación», enfatizó.

Según destacó, hasta 14 tipologías diferentes de hogares –en función del número de miembros– tendrán una renta garantizable diferente para cada tipo familiar, lo que «lo que permitirá evitar la trampa de la pobreza». Se ha fijado un umbral mínimo de renta garantizado para cada tipo de hogar, dependiendo del número de miembros, que parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva -esta cantidad se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulto dependiente o niño-, hasta un máximo de 1.015,3 euros para familias con varios hijos y personas dependientes a cargo. El nivel mínimo ingresable, que corresponde a los hogares unipersonales, será de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar. Lo que se pretende es alcanzar una renta media garantizada de 10.070 euros al año por hogar. Se pretende así reducir en un 80% la pobreza extrema en España.