Coronavirus

Ofensiva empresarial para salvar Nissan: «Hay que hacer la gran piña»

Frente común de empresarios y sindicatos: «Esto es sólo el principio del daño en un sector con más de medio millón de empleos directos e indirectos en nuestro país»

El humo e las protestas envuelve un cartel de Nissan
El humo e las protestas envuelve un cartel de Nissan FOTO: Emilio Morenatti AP

Lo que no consigue la política puede a veces lograrlo la economía. El anuncio del cierre de las plantas de la factoría Nissan en Barcelona y el temor a más clausuras en el automóvil español ha provocado un enorme trauma en el tejido industrial nacional y una unidad institucional para salvarlo. La patronal catalana, Foment del Treball, lidera el diálogo con sindicatos, la Generalitat y el Gobierno de la Nación para encontrar escenarios negociadores que frenen la destrucción de 3.000 puestos de trabajo directos y hasta 20.000 indirectos. Su presidente, Josep Sánchez-Llibre, fue el primero en crear una mesa de apoyo al sector, integrada por las principales empresas, fabricantes, catedráticos y expertos en la automoción. Con gran habilidad y buena estrategia de trabajo, Sánchez-Llibre, ha logrado unir a la CEOE, dónde es también vicepresidente, las organizaciones sindicales UGT y CC OO, el Govern catalán y la Moncloa, para encontrar una solución: «Hay que hacer la gran piña, Nissan no se puede ir de Barcelona», asegura el presidente de Foment.

El mensaje es unánime entre todos: hay que encontrar una salida para qué la planta de Nissan se mantenga y, en su caso, arbitrar un plan a dos años de inversión, estímulo y seguridad jurídica que defienda los puestos de trabajo y el futuro de un sector estratégico para el PIB español. «Hemos sido los grandes olvidados en la carrera por desarrollar el coche eléctrico», opinan los empresarios y fabricantes de la automoción. Con el cierre de Nissan se pone en riesgo el 10% del PIB y el 9% del empleo, en un escenario marcado por el proteccionismo de los países competidores, la falta de un plan de ayudas solvente, las trabas estatales a los vehículos de combustión en España y la escasa capacidad de fabricación de coches electrificados. La pandemia del covid-19 agrava la difícil coyuntura, al detener la producción y caída de la demanda. Empresarios y sindicatos lanzan una dura advertencia: «Lo de Nissan es sólo el principio del daño en un sector con más de medio millón de empleos directos e indirectos en nuestro país».

En paralelo, la crisis de Nissan ha supuesto una nueva quiebra en el ya llamado Gobierno «de colisión». Otro enfrentamiento entre el vicepresidente Pablo Iglesias y las ministras ortodoxas, Nadia Calviño, María Jesús Montero y Reyes Maroto. Según fuentes gubernamentales, en el último Consejo de Ministros, Iglesias volvió a hacer gala de su radicalismo apostando por nacionalizar Nissan. Las caras de Calviño, y sobre todo de la titular de Industria, Reyes Maroto, fueron un poema. La vicepresidenta económica afirma en privado que no se sentará en un Gobierno que derogue la reforma laboral o nacionalice sectores estratégicos, en un claro pulso frente a Iglesias. Por su parte Maroto defiende a las empresas y la colaboración público-privada. En el sector del automóvil subyace un gran enfado con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una activista del clima que declaró la guerra al diésel y le puso fecha de caducidad. Para los empresarios, «esto es una barbaridad que asusta a los inversores y provoca su huida». Según las mismas fuentes, Ribera está muy cuestionada en el área económica del Gobierno y entre los «barones» del PSOE.

El espectáculo ofrecido por Pablo Iglesias en el Congreso, y por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al pedir la nacionalización de Nissan, demuestra su total desconocimiento de los elementales mecanismos de funcionamiento empresarial. «Además de arrogante, ignorante», dicen algunos empresarios de Iglesias, cuya chulería y salidas de tono empiezan a colmar la paciencia entre algunos ministros y dirigentes socialistas. «Ejerce como un macarra de barrio», acusan algunos diputados abochornados por su comportamiento altanero de bronca diaria. El malestar aumenta por la actitud de atribuirse todos los logros sociales y eclipsar a otros miembros del Gabinete, como se vio en la rueda de prensa de la renta mínima frente a María Jesús Montero y José Luis Escrivá. «Se cuelga muchas medallas», dicen varios socialistas. Y en privado critican la pasividad de Pedro Sánchez a quien observan «abducido» por el líder morado, cada vez más «echado al monte», en palabras de un ministro del Ejecutivo.

Las asociaciones de fabricantes y los empresarios son muy críticos con los desafíos de Iglesias: «En vez de un plan industrial, presiones. En lugar de facilitar la reforma laboral, se amenaza con romperla. Y a falta de iniciativas para la inversión, se generan desconfianza e inseguridad jurídica». Para el líder del PP, Pablo Casado, la cosa no alberga dudas, este Gobierno social-comunista es el gran responsable de la crisis de Nissan y de la destrucción de empleo. En el primer partido de la oposición temen que venga lo peor, o sea que otras multinacionales sigan los pasos de la fábrica japonesa. «Si no se toman medidas urgentes vamos hacia un desierto industrial y unas cifras de paro nunca vistas en la historia de España», advierten en Génova. Opinan que las soflamas radicales de Pablo Iglesias y el plan del clima de Teresa Ribera contra el diésel «espantan el consumo y las inversiones del sector».

Entre los empresarios, una de las esperanzas radica en la figura de Luca de Meo, que el próximo 2 de julio será el máximo responsable de la automovilística francesa Renault. La tarea que acomete no es nada sencilla, pero es un ejecutivo muy inteligente, como ya demostró en su etapa de presidente de Seat, donde consiguió situar a la marca como un referente dentro del grupo Wolkswagen, con beneficios récord para la automovilística de Martorell. Buen conocedor de la industria catalana, fue elegido empresario del año por Foment y en el sector automovilístico confían en que su figura contribuya a encontrar una solución para Nissan y otras factorías en España.

Así las cosas, los trabajadores incendian las calles de Barcelona en protesta por el tamaño de sus despidos. Esta semana, el grupo de trabajo creado por Foment, los sindicatos, miembros de la Generalitat y representantes del Gobierno se reunirán para intentar buscar soluciones que permitan, al menos, recolocar a los trabajadores en un plazo prudencial de tiempo. «No tiramos la toalla», asegura Sánchez-Llibre. Mientras, muchos en el Ejecutivo temen las nuevas andanadas de Pablo Iglesias, que echen al traste el delicado clima de confianza empresarial. En palabras de un ministro, «Iglesias, más que sumar, resta».