Hasta 70.000 autónomos recurrirían ya al Ingreso Mínimo por la crisis coronavirus

El Gobierno aprobó el pasado viernes el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación a la que se podrá acceder percibiendo otros ingresos, sin tener límite de cotización social y de la que pueden ser beneficiarios todos los hogares en situación de vulnerabilidad extrema, entre los que se incluyen también los autónomos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó que esta prestación, además de los hogares con las rentas declaradas más bajas en 2019, la podrán solicitar también los contribuyentes que hayan sufrido en 2020 “una enorme caída” de ingresos provocado por la crisis sanitaria, a través de una declaración responsable del IRPF, que deberán presentar en los plazos establecidos este año. Y en este grupo de solicitantes entraría también el colectivo de autónomos.

Por ello, los trabajadores por cuenta propia, uno de los que más está sufriendo el impacto económico por culpa de esta crisis, podrá acceder a esta prestación en 2020. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) valoró como “una magnífica noticia” su aprobación y cuantificó que unos 70.000 autónomos que han cerrado sus negocios y se encuentran en una situación económica “tremendamente delicada”, sin recibir apenas ayuda alguna, optarán por solicitar el IMV este mismo año.“No podemos permitir que uno de cada cuatro hogares esté en una situación de extrema pobreza”, defiende.

La asociación de autónomos ATA, la más numerosa con cientos de miles de asociados, ha publicado un estudio en el que reconocen que en tan solo los tres primeros meses del año se han perdido 168.205 empleos que directa o indirectamente estaban “bajo el paraguas” de los autónomos, los que corresponden a 126.519 empleados asalariados y a 41.686 trabajadores integrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la mayor caída desde que se tienen registros. Ya el año pasado se había iniciado la caída, pero el descenso se quedó en apenas 9.885 trabajadores, un -1,1%, de 887.093 empleados a 877.208. Pero en 2020 esta caída ha batido todos los récords, y ha dejado el número de asalariados dependientes de autónomos en 750.689. Miles de ellos podrían también solicitar el IMV si finalmente se quedaran sin su prestación de desempleo.

En lo que no han coincidido las asociaciones de este colectivo es en su valoración sobre esta nueva prestación. Mientras UPTA y UATAE manifestaron su “apoyo incondicional” a esta medida porque es de “urgente necesidad” y “ensancha el Estado de Bienestar”, ATA mostró sus reticencias por haberse aprobado como una renta estructural y no una “renta coyuntural y ligada a la búsqueda activa de empleo que venga a sustituir a las ayudas de rentas de comunidades y que genere más economía sumergida y mayores desincentivos a la búsqueda de empleo”.

Por su parte, Abad, señaló que el IMV paliará la situación de exclusión social y de extrema pobreza de miles de ciudadanos porque “refuerza el Estado de Bienestar y devuelve lo que nunca debimos perder que es la solidaridad de todos los ciudadanos. La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, ha defendido que el IMV “será fundamental para sostener la política de garantía de rentas y fortalecer la protección social y para que la desigualdad no fracture nuestra sociedad”.