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Trabajo inspecciona los ERTE antes incluso de pagarlos

Yolanda Díaz desata una ola de controles y pone fin a la tregua del virus. Inspección de Trabajo desarrolla un plan para detectar fraude en los ERTE, en las prestaciones y cotizaciones, en las irregularidades sanitarias y en la campaña agraria

Inspección de Trabajo ha puesto en marcha su maquinaria y lanzado un plan de inspecciones con el que pretende recuperar el tiempo perdido y adaptarse a la nueva situación laboral y empresarial provocada por la pandemia. El confinamiento primero y la posterior hibernación económica dictada por el Gobierno pusieron en cuarentena todas las actuaciones que estaban en marcha y paralizaron las programadas. Pero con el camino iniciado hacia la «nueva normalidad» y con las fases de reapertura de la actividad económica por regiones, este cuerpo de funcionarios ha reanudado su labor en todo el territorio. Fuentes de este departamento informaron a LA RAZÓN de que la vuelta a la actividad «está siendo rápida», sin contratiempos y con unas directrices claras: comprobar el cumplimiento de los nuevos decretos del estado de alarma.

Ya lo advirtió esta misma semana la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su intervención en la última sesión de control al Gobierno en el Senado. «Se han dado instrucciones muy claras a la Inspección de Trabajo para velar por la recuperación del dinero público en los casos de las empresas que hayan incumplido los requisitos legales de los ERTE», además de que «vigilarán con mucha atención los incumplimientos en materia laboral». Paradójicamente, Trabajo va a fiscalizar los ERTE cuando aún hay 480.000 personas que ni siquiera los han cobrado todavía.

Fuentes de la Inspección confirmaron a este periódico que se mantienen abiertos «todos los frentes habituales de actuación» en las empresas, aunque reconocen que se va a dar prioridad a tres ejes fundamentales de trabajo: control sobre el cumplimiento del decreto ley sobre los ERTE de fuerza mayor y sobre las prestaciones otorgadas y moratorias de cotizaciones, revisión y comprobación de las medidas higiénicas, sanitarias y preventivas impuestas a empleados y empresas en las instalaciones y centros de trabajo y, finalmente, un plan especial para la campaña agraria de mayo y junio, que tanta indignación ha causado entre las asociaciones del sector.

Siguiendo estas directrices, la Inspección se ha puesto manos a la obra en el control de la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo, con el objetivo primordial de evitar que las empresas «puedan beneficiarse indebidamente de las ayudas públicas», explicaron fuentes ministeriales. Sobre todo se está comprobando que se hayan comunicado al Servicio Público de Empleo (SEPE) los días de aplicación de los ERTE y las modificaciones que se hayan producido al respecto, incluida la situación de teletrabajo de la plantilla. También están cerciorándose de que las medidas de suspensión o de reducción de la jornada se estén cumpliendo.

El plan del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo comenzó con el cruce de datos con la Seguridad Social, que ha permitido acotar sus actuaciones y comenzar los procedimientos sancionatorios. Las principales denuncias –que un estudio de los gestores administrativos cifra únicamente en el 1% de las empresas– se centran en incorrecciones por una documentación incompleta, una tramitación errónea, o «situaciones anómalas» –dicen–, tanto en la concesión de las prestaciones por desempleo como en la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social. Otro de los aspectos sobre los que más están incidiendo es en comprobar que las causas de despido se atienen a la nueva legislación, sobre todo en el caso de empleados afectados por un ERTE.

En cuanto a la polémica suscitada por el sesgo ideológico de las directrices para el control laboral de la campaña agrícola, que apuntaba que los inspectores debían «buscar casos de explotación laboral o esclavitud en el campo», y que provocó la indignación de las asociaciones agrarias, desde Inspección han reconocido que no fue un documento «muy afortunado», pero que estos casos existen, aunque «están muy localizados y, en ningún caso son generalizados, salvo en puntuales situaciones sobre las que pretendemos focalizar las investigaciones, sobre todo en explotaciones del sur».