Las energéticas anuncian inversiones multimillonarias si el Gobierno adelanta su plan climático y elimina trabas y barreras regulatorias

Las grandes compañías energéticas españolas lo tienen claro: acelerar a 2025 la implementación del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 tendría un efecto inmediato en el crecimiento económico y el empleo -según la propuesta de Iberdrola-, además de que deberían eliminarse trabas innecesarias, barreras regulatorias y desarrollar una fiscalidad acorde. Esa es la petición hecha al Gobierno por parte de los grandes empresarios y directivos de las principales compañías de energía, que aseguran que impulsar las inversiones para la transición energética conseguiría una recuperación económica y del empleo mucho más rápida tras la crisis del coronavirus, aunque han advertido que para ello es necesario seguridad jurídica y la eliminación de trabas, como el límite anual a la inversión en redes eléctricas. Estas propuestas las han efectuado durante la cumbre empresarial organizada por la patronal CEOE, en la que han expuesto sus ideas para superar la crisis económica que ha dejado la pandemia.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, recordó el plan de inversiones que su compañía tiene para España. Serán cerca de 7.000 millones de euros hasta 2022, que podría acelerarse en un 30% -que supondría un incremento anual del PIB de más de 5.000 millones de euros adicionales y una creación de más 67.000 empleos anuales-, “si se dan la condiciones regulatorias necesarias”, dijo. Según sus previsiones, con este plan se generarían más de 12.000 empleos directos e indirectos y cerca de 27.000 empleos inducidos durante cada uno de los años 2021 y 2022. Pero para alcanzar estos objetivos, se deberían “ajustar condicionantes externos del sector eléctrico”, como la reducción del alto coste artificial de la electricidad y hacerla más competitiva; facilitar la normativa de acceso y conexión a la red, dar señales eficientes para la repotenciación y modernización de instalaciones renovables, y lanzar planes de transición energética en las islas.

Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, hizo la propuesta más concreta y pidió “acelerar” a 2025 la hoja de ruta del PNIEC, ya que supondría una inversión de más de 32.000 millones de euros y generaría 90.000 empleos, “especialmente en los ámbitos rurales”, ya que esta medida tendría “un efecto inmediato en la economía” al aumentar la competitividad, reducir la dependencia energética exterior, mejorar la balanza de pagos y reducir las emisiones, todo ello, “sin suponer presión en las cuentas públicas”. Así, puso en valor el papel “clave” de electrificación para la recuperación económica, dado que el sector eléctrico es uno de los que “mayor efecto arrastre ejerce. Por cada empleo interno generado, se generen 12 en sectores como la construcción, la fabricación de bienes de equipo, los servicios de ingeniería o instalación o la máquina herramienta”. También ha indicado que, en el caso del almacenamiento de energía, una inversión de 5.000 millones en bombeo eléctrico y baterías hasta 2025 favorecería la creación de 14.000 empleos, y la sustitución de calderas de gasóleo por bombas de calor movilizaría 40.000 millones de inversión y crearía 110.000 empleos entre fabricantes e instaladores de estos equipos.

Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha apostado por centrarse en potenciar “las medidas que de verdad generan empleo rápido y de calidad, evitando aquellas especialmente onerosas que suponen una carga adicional sobre las debilitadas economías del país y sus ciudadanos”. Según Brufau, un plan de automoción debería estimular, además de la adquisición de vehículos eléctricos, que se fabrican fuera de España, los convencionales o híbridos de gama media y baja, que son los que mayoritariamente se fabrican en España. Asimismo, ha considerado un error guiarse por la “premisa falsa” de que hay que elegir unas tecnologías en detrimento de otras, ya que la descarbonización es un “reto planetario” en el que serán necesarias “todas las tecnologías que puedan aportar su granito a la reducción de emisiones”. De esta manera, pidió aplicar “una óptica de neutralidad” a la hora de afrontar la descarbonización, ya que “somos incapaces de predecir cuáles serán más exitosas”. Además, indicó que Repsol cree en “un futuro multienergía y sostenible”, para lo que lanzó su apuesta por fomentar las energías renovables de todo tipo, “a riesgo del inversor”, así como por la generación distribuida, a través del autoconsumo.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha subrayado que cada euro de inversión sostenible genera casi el doble de actividad económica, y cada millón invertido en infraestructura sostenible crea en torno a 14 puestos de trabajo de forma inmediata. Para lograr superar esta crisis consideró que “los recursos públicos no son suficientes” y es preciso “articular un marco de colaboración pública-privada” y contar así con la inversión y los recursos de las empresas. “No hay duda de que es imprescindible la participación del sector privado, tanto nacional como internacional, para salir adelante en la gran crisis que nos acecha, tanto por el enorme esfuerzo inversor necesario cómo por la gran contribución empresarial a la financiación de lo público". También ha indicado que para que las empresas puedan desarrollar todo su potencial en la recuperación "hay que eliminar barreras regulatorias innecesarias, crear un entorno de estabilidad y confianza, relajar el clima de crispación política y social y enviar cuantos mensajes de unidad y consenso sean posibles.

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha demandado una fiscalidad atractiva, un marco jurídico predecible para que las compañías apuesten por España y mecanismos de flexibilidad en el mercado laboral. Reynés ha considerado que la ‘hoja de ruta’ del Gobierno español para la transición energética puede ser “un buen catalizador de un nivel de inversión” para el impulso de la economía, aunque ha subrayado la necesidad de contar con un marco normativo y una regulación “fiables” y una fiscalidad “atractiva”. Ha señalado que debe existir un marco normativo que “permita saber” cómo van a ser las relaciones laborales, con “mecanismos de flexibilidad para permitir adaptar las necesidades de las compañías, a veces estacionales”. También abogó por mejorar la calidad de las infraestructuras, sobre todo de distribución y transporte, por fomentar la eficiencia energética en ese camino hacia la descarbonización de la economía y por abordar “un plan renove energético” para el sector turístico, además de pedir un clima de colaboración y “concordia social e institucional” para afrontar el reto de la actual crisis.

Finalmente, el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha señalado que su compañía tiene el compromiso de duplicar sus inversiones en redes de electricidad hasta los 1.000 millones de euros durante los próximos diez años, pero la principal barrera que encuentra es el límite actual a la inversión en redes, del 0,13 % anual del PIB, que ha pedido que sea eliminado.

Por otra parte, los operadores de sistemas energéticos han instado a potenciar la inversión y apostar por la innovación en el sector energético con el objetivo de que éste pueda “ayudar en la reinvención” de la industria y de la economía, cuyo futuro pasa por una recuperación “sostenible y duradera”. Los presidentes de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, Enagás, Antonio Llardén, y CLH, José Luis López de Silanes, han destacado el papel de la transición energética en este nuevo escenario port-covid, y han apelado a la colaboración con las instituciones para salir de la crisis “de forma sostenible, ecológica y solidaria” y han pedido esfuerzos por establecer un marco legal que “permita un desarrollo económico y social del país”.