Los funcionarios con hijos menores de 14 años o personas a cargo podrán teletrabajar 4 días a la semana

Los empleados públicos de la Administración General del Estado con hijos de hasta 14 años, con personas a cargo o que sean vulnerables al coronavirus serán los más beneficiados del acuerdo sobre teletrabajo alcanzado por el Gobierno y los sindicatos. Los trabajadores en esta situación -o con personas dependientes o con discapacidad, afectados por el cierre de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día- podrán trabajar desde sus casas cuatro días a la semana y sólo se les exigirá ir un día a su oficina en la fase de nueva normalidad según el acuerdo alcanzado ayer por los sindicatos y el Ministerio de Función Pública y del que ha dado cuenta el sindicato CSIF. Al resto de trabajadores se les permitirá realizar un 20% de su jornada desde sus domicilios, es decir, un día a la semana.

La resolución que regula el acuerdo entrará en vigor desde que se alcance la nueva normalidad, a partir del próximo día 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma; y estará en vigor hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria provocada por el COVID. La futura regulación del teletrabajo se empezará a negociar a partir de julio con el equipo de la ministra Carolina Darias, según explica CSIF. En todo caso, la modalidad no presencial para estos trabajadores tendría carácter voluntario y podrá ser reversible por razones de carácter organizativo y de necesidades del servicio, por solicitud del empleado público, o bien se variasen las circunstancias aquel motivaron el disfrute de esta modalidad.

Mismos derechos

Según lo acordado, el personal que preste sus servicios en modalidades no presenciales tendrá los mismos derechos y deberes que el resto del personal. En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática. Con carácter general en las reuniones de trabajo, las actividades formativas y las pruebas selectivas, la Administración General del Estado potenciará los medios telemáticos. Para el caso de atención presencial será precisa la cita previa y se limitará el aforo, de forma que deberán adoptarse las medidas necesarias para minimizar los posibles riesgos para la salud, en los términos que determinen las autoridades sanitarias y lo previsto en la resolución.

Aunque es sólo de aplicación a los trabajadores de la Administración General del Estado, desde CSIF considera que esta resolución debería ser también referente, tanto para el resto de las administraciones públicas, como para la regulación que también se va a negociar en el sector privado.