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Los beneficiarios de la moratoria hipotecaria del Gobierno podrán enlazarla con la de la banca

Los bancos amplían al 29 de septiembre el plazo para solicitar las moratorias de los créditos. El plazo legal otorgado por el Gobierno terminaba su vigencia el 30 de junio. Se pueden solicitar hasta 12 meses de aplazamiento para préstamos hipotecarios y seis meses para créditos personales

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Los bancos han dado luz verde a una prórroga extra para poder acogerse a las moratorias crediticias, gracias a la cual el plazo para solicitar este aplazamiento -complementario al aprobado por el Gobierno hasta el 30 de junio- se amplía hasta el 29 de septiembre. En él se ofrece la posibilidad de aplazar el principal de los préstamos o de los créditos por un plazo de hasta 12 meses, en el caso de préstamos con garantía hipotecaria, y de hasta seis meses en el caso de los personales, una vez finalizado el plazo para acogerse a la moratoria legal, según han informado la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

Esta moratoria adoptada por el Gobierno permitía a las familias afectadas por el coronavirus acceder al aplazamiento durante tres meses de las cuotas de sus préstamos o créditos. Pero los posteriores compromisos asumidos voluntariamente por los bancos ofrecieron un aplazamiento más a largo plazo, que siguen manteniendo. Ahora, el objetivo de esta ampliación de fechas va encaminada a poder asistir a todos aquellos que durante los tres meses precedentes no tuvieron necesidad de acceder a esta posibilidad, pero sus circunstancias personales y laborales actuales han empeorado y necesitan solicitar este aplazamiento. Por tanto ,estos futuros beneficiarios podrán acogerse a esta moratoria sectorial -la asumida directamente por los bancos- una vez finalizada la moratoria legal -la aprobada por el Gobierno-.

Las patronales AEB y CECA han recordado que la mayoría de las entidades de crédito se han adherido al Código de Buenas Prácticas de deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda, que contempla aplazamientos y reestructuración de las deudas hipotecarias para las familias especialmente vulnerables.