El Banco de España plantea revisar el IVA para recaudar más fondos

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha vuelto a insistir en la necesidad de un acuerdo político que abarque varias legislaturas para adoptar las medidas económicas que requiere la economía española para superar la crisis derivada de la pandemia. El máximo responsable del supervisor bancario ha intervenido en la Comisión del Congreso de los Diputados para la Reconstrucción, en donde ha indicado que “la crisis ha generado una disrupción de la actividad económica de una magnitud elevadísima”, hasta tal punto que este año producirán los retrocesos del PIB más abultados que se hayan registrado en épocas de paz.

El Gobernador, limitado por el formato de la Comisión, esbozó en una intervención breve, de unos 20 minutos, un análisis de la situación e indicó una serie de medidas que se deberían adoptar para el futuro. Entre ellas, Hernández de Cos ha aconsejado revisar los bienes gravados con los tipos de IVA más bajos, reducido y superreducido, para conseguir aumentar la recaudación ante la elevada deuda pública y déficit consecuencia de las medidas para hacer frente al COVID-19. El gobernador ha asegurado que la imposición sobre el consumo es más baja en España. “Y no debido a que el IVA sea más alto o más bajo, sino porque el número de bienes sujetos al IVA reducido o superreducido es mayor”, ha puntualizado, tras incidir en que “este es un elemento de interés a tener en cuenta en el debate”.

Hernandez de Cos ha acompañado sus palabras con un extenso y detallado documento –alrededor de 80 páginas–, que entregó al presidente de la Comisión, Patxi López, para que lo repartiera entre todos sus miembros. En ese informe, el gobernador y el Banco de España desgranan, con todo el detalle posible, propuestas y sugerencias para el futuro de la economía española. Divide, desde el punto de vista económico, la crisis de la pandemia en varias fases. En una primera etapa, de hibernación, “era necesario socializar, de alguna manera, las pérdidas que iban a sufrir empresas y trabajadores y aplicar medidas de política económica contundentes para reducir la incidencia de la pandemia, y puede decirse que la respuesta de las autoridades ha sido significativa”, dijo.

El gobernador entiende que España ha entrado en una segunda fase, en la que ha comenzado la reactivación, pero en la que “la incertidumbre es muy grande” porque la tasa de ahorro de empresas y familias será “muy alta como medida preventiva”. Por otra parte, según Hernández e Cos, no estamos en una situación normal, con elementos como el distanciamiento obligado, que “afecta de forma heterogénea a los distintos sectores”. También cree que la crisis produce “daños de carácter más permanente en algunos sectores”, que hay indicios que indican que “la pandemia podría generar cambios estructurales, que obligarán a aplicar grandes reformas”, sin olvidar con el hecho de que la deuda pública alcanzará las cifras más altas en décadas.

En esta segunda fase, el gobernador del Banco de España reclama “la puesta en marcha, de manera urgente, de una estrategia ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal”. En este sentido aboga por la definición de unas grandes líneas maestras de actuación: revisión y reforzamiento del sistema educativo; mejorar la competitividad de las empresas españolas; realizar una revisión del sistema impositivo; reformar el sistema de pensiones; reducir la temporalidad del mercado de trabajo; reforzar las políticas de inclusión; afrontar la lucha contra el cambio climático; y aumentar la vivienda en alquiler, entre otras.

El impacto de la pandemia ha tenido, según Hernández de Cos, “una extraordinaria intensidad” A la caída del PIB de un 5,2% en el primer trimestre, seguirá una mucho mayor que se situaría entre el 16% y el 22% en el segundo trimestre del año, en relación con el primero, con una caída del empleo de más del 20%. La economía española afronta la mayor crisis económica desde la Guerra Civil, mientras del número de empresas y trabajadores en los registros de la Seguridad Social ha sido la mayor de la historia. En todo 2020, el PIB podría caer entre el 9% y el 15%, según los escenarios, y en 2021 todavía permanecerá entre 4 y 6 puntos porcentuales por debajo del previsto para diciembre de 2019, mientras que el paro seguirá por encima del 17% y la deuda pública oscilaría entre el 115 y el 120% del PIB.

Hernández de Cos, con la mirada puesta en el futuro, cree que, en un primer momento, es necesario “mantener las medidas adoptadas hasta ahora como los ERTE, los avales a las empresas y el apoyo las familias”, aunque en todos los casos habría que “modular y adaptar de forma permanente a cada situación”. Además, plantea medidas nuevas, como la modificación de la ley de insolvencias, con el objetivo de “aliviar la carga financiera de las empresas”, lo que en algún caso incluiría quitas de deuda –incluso por parte de la administración y la seguridad social– para garantizar la viabilidad, todo ello sin olvidar la formación a trabajadores en paro y el hecho de que la educación no presencial no funciona igual de bien. El Estado, por su parte, debería invertir en “asuntos especialmente procíclicos”, como tecnología, formación y cambio climático, aprovechando para todo ello el dinero que llegaría de Europa.

El gobernador, con la mirada puesta en el futuro, también propone el diseño e “una agenda ambiciosa de reformas estructurales”, con los objetivos de fomentar la productividad, reducir el desempleo y la precariedad del empleo, afrontar el reto del fenómeno del envejecimiento poblacional, reforzar las políticas de inclusión, favorecer la transición hacia una economía más sostenible, mantener un sector financiero saneado y afrontar los nuevos retos estructurales tras el Covid-19.

También estima que la solvencia media de las entidades financieras es mejor que en la anterior crisis, con un aumento de la ratio de capital de mayor calidad (CET1) de 1,5 puntos porcentuales entre 2015 y 2019, una solvencia que “debe ayudarles a desempeñar un papel activo y destacado en la actual crisis”. Las entidades españolas disponían a cierre de 2019 de algo más de 90.000 millones de capital, que permitiría cubrir las pérdidas que se darían si la morosidad llegara al 8,2 %, casi el doble que ahora. Eso daría cierto margen de actuación para que desde Europa “se pueda hacer todo lo posible por evitar que la situación actual tenga un componente financiero significativo”, pues, como se vio en el pasado, “las crisis que lo tienen son más profundas y duraderas”.

El gobernador también propone “garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Eso significa acometer, a medio plazo, un programa de reducción gradual del déficit y del endeudamiento públicos, aunque plantea hacerlo cuando los efectos de la crisis se hayan disipado, con el objetivo de ganar credibilidad. Propone aplicar entonces una reducción anual del déficit estructural del 0,5% hasta alcanzar un saldo equilibrado, algo que permitiría una reducción gradual de la deuda pública. Hernández de Cos, que reclama abordar el reto que supone el incremento de la desigualdad, propone también afrontar la reforma del sistema de pensiones. Apunta que, por ejemplo, otros países han vinculado la esperanza de vida y el nivel de prestaciones o la edad de jubilación para estabilizar el sistema. Plantea reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, pero con “garantías de un nivel de suficiencia”. Además, cree que habría que introducir elementos que favorezcan un mayor alineamiento entre la edad de jubilación efectiva y la real.

La garantía de la sostenibilidad de las finanzas públicas también incluye una revisión integral –el gobernador elude aquí el término reforma- del sistema impositivo para mejorar su capacidad recaudatoria y su eficiencia. Sugiere la revisión de los beneficios fiscales, algo que ahora estudia la Airef, y comparar lo que hacen otros países europeos como posible guía de actuación.

El gobernador, en definitiva, resume la estrategia de crecimiento que propone en cinco atributos: urgente, ambiciosa, integral, evaluable y basada en consensos amplios. Insiste especialmente en que esos consensos amplios tengan vocación de permanencia, que es lo que hará que sea creíble y que las bases del crecimiento económico futuro sea estable.