La Seguridad Social ordena retrasar pagos

Todas las prestaciones de más de 6.000 euros deben ser revisadas en la central de Madrid

Las oficinas de la Seguridad Social reabren desde hoy al público con fuertes retrasos en el pago de prestaciones y una situación de incertidumbre en la plantilla ante la que se les puede venir encima, tanto por el volumen de expedientes acumulados como por el malestar que puedan mostrar los demandantes de estas prestaciones. La apertura no será homogénea ya que en algunos territorios, como en Madrid, las oficinas de la Tesorería (cobros y altas en la Seguridad Social) todavía no están preparadas, según indicó el sindicato CSIF en un comunicado.

Pero el retraso de expedientes relacionados con situaciones de Incapacidad Temporal, permisos de paternidad y maternidad, entre otros, no solo obedece a las circunstancias excepcionales motivadas por los meses de Estado de Alarma. Según información recabada por CSIF en oficinas de diferentes puntos de España se ha dado orden de que todas aquellas prestaciones de más de 6.000 euros deben de ser remitidas por sistema a Madrid para su revisión y pago, lo que está provocando fuertes demoras en el abono de las mismas.

Esta situación se añade a los retrasos en el pago que ya se estaban produciendo desde comienzos de año, tanto en el reconocimiento de incapacidades temporales, como en pensiones de jubilación (de quince días a más de un mes) y que se pueden ver agravadas ahora por la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Consulte aquí el mapa del IMV

En el caso de la Renta Mínima además se están produciendo disfunciones. Para el trámite de esta prestación se contrató a personal externo, si bien es la plantilla de la Seguridad Social la que debe realizar el reconocimiento final. En los últimos diez años, la Seguridad Social ha perdido 6.553 plazas, el 21% de sus efectivos.

El Gobierno defiende que durante la pandemia el INSS ha resuelto más de 250.000 prestaciones solicitadas vía telemática y en solo una semana ha recibido la demanda de más de 300.000 hogares del ingreso mínimo vital únicamente de forma telemática. Durante este tiempo se ha puesto en marcha el asistente virtual de la Seguridad Social, ISSA, que permite a los ciudadanos consultar en línea las dudas que puedan plantear en materia de trámites y prestaciones.

Deuda histórica

La Seguridad Social acumulará una deuda de 85.350,6 millones de euros con el Estado este año, una vez se contabilicen los dos préstamos concedidos en los últimos meses, por valor de 30.330 millones, para hacer frente al pago de las pensiones y de las nuevas prestaciones puestas en marcha, como la de autónomos o el ingreso mínimo vital. Los presupuestos de 2018, prorrogados en 2019 y 2020, contemplaban un préstamo con el objetivo de garantizar el pago puntual de las pensiones por valor de 13.830 millones de euros, cuya concesión volvió a ser aprobada por el Gobierno el pasado 14 de abril, aunque aún no está contabilizada como deuda en las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tampoco está computado todavía como deuda el segundo préstamo de 16.500 millones concedido por el Estado el 26 de mayo para evitar tensiones de liquidez al sistema, tras las medidas excepcionales tomadas para hacer frente a los efectos de la pandemia de la COVID-19. Entre ellas, la prestación extraordinaria para autónomos, que exime del pago de las cuotas a la Seguridad Social, la exoneración de cotizaciones por ERTE por fuerza mayor y la mayor flexibilidad en los aplazamientos para empresas y autónomos. A ello se suman las pagas extraordinarias de junio y noviembre de las pensiones, que suponen sendas nóminas de unos 20.000 millones.

Además de estos préstamos, el Gobierno ha aprobado créditos extraordinarios por valor de casi 15.000 millones, transferencias que no forman parte de la deuda de la Seguridad Social sino de su asignación presupuestaria.

Se trata de un crédito de 14.002 millones de euros para mantener el equilibrio de las cuentas frente al aumento del gasto, otro de 500 millones para financiar el ingreso mínimo vital y dos suplementos de crédito por valor de 371 millones para el pago de las prestaciones no contributivas, complementos a mínimos o prestaciones familiares.

Los préstamos de 2020 se suman a los concedidos en 2019 (13.830 millones), 2018 (13.830 millones) y 2017 (10.192 millones), todos sin intereses, a diez años y destinados a afrontar las pagas extra de los pensionistas.