Coronavirus

Acuerdo de emergencia para extender los ERTE hasta septiembre

Las empresas que sufran rebrotes podrán acogerse a las exenciones contenidas en los expedientes del Covid, así como las que no puedan reanudar su actividad por causa justificada

Los empresarios han dado finalmente su beneplácito a la última oferta del Gobierno para prorrogar hasta septiembre los ERTE del Covid. La patronal no tenía otra opción pues el Ministerio de Trabajo presentó ayer su última oferta. El acuerdo final, que ha costado bastante más que la anterior prórroga, se acerca lo suficiente a las pretensiones que desde un principio mantenía la patronal y los sindicatos después de que el Gobierno haya ha dulcificado su negativa al excluir a las empresas que se mantengan cerradas desde julio. Así, la nueva prórroga hasta el 30 de septiembre ofrece no hacer desaparecer por completo los ERTE por fuerza mayor total, ya que se contempla incluir a las empresas que tengan que cerrar ante posibles rebrotes o causas de fuerza mayor que impliquen fuertes limitaciones y que, en cualquier caso, deberán ser justificadas en otro expediente.

Respecto a las exenciones, el Gobierno ha mejorado también su oferta a los empresarios, que tendrán unas condiciones más parecidas a las que aún siguen en vigor que a las que presentó el pasado lunes. De esta forma, las exenciones quedan divididas en tres grupos.

En los ERTE de fuerza mayor total, donde todos los empleados estén parados temporalmente, las rebajas de las cuotas empresariales son del 70%, 60% y 35% para los tres meses de verano en las empresas pequeñas (menos de 50 trabajadores) y del 50% en julio, el 40% en agosto y el 25% en septiembre para las que cuentan con más de 50 empleados.

Los ERTE por rebrotes tendrán un tratamiento diferente. En el caso de empresas que actualmente están activas pero que se vean obligadas a cerrar como consecuencia del impacto de un nuevo foco del virus, se permitirá que puedan acogerse a un ERTE de fuerza mayor total, que contaría con una exoneración de cuotas para las empresas del 80% si su plantilla es inferior a 50 trabajadores y del 60% si tiene más de 50 trabajadores.

En los ERTE parciales, en los que parte de los trabajadores se hayan reincorporado, y los ETOP (ERTE por causas objetivas, técnicas y organizativas) se distingue entre los trabajadores activos y los inactivos. En las empresas pequeñas, las exenciones serán del 60% para los activos y del 35% para los inactivos (40%-25% en el caso de las empresas mayores). En la última prórroga, las exenciones en mayo para empresas pequeñas eran del 85% para los reincorporados (70% en junio) y del 60% para los trabajadores en paro temporal (45% en junio). Las exenciones para las empresas más grandes eran del 60% en mayo para los activos (45% en junio) y del 45% para los inactivos en mayo (30% en junio).

Los ETOP pasan a tener exenciones de cuotas, porque el objetivo es crear un “pasillo” que facilite la transición de los ERTE totales del Covid hacia los ERTE por causas objetivas. Así, las empresas y entidades afectadas por ERTE de fuerza mayor deberán proceder a reincorporar a los trabajadores, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

Las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia y que implican ‘contador a cero’) se mantendrán hasta el 30 de septiembre, salvo las de los fijos discontinuos, que se prolongarán hasta el 31 de diciembre. Se mantiene el compromiso de seis meses de mantenimiento del empleo por parte de las empresas que se acojan al ERTE.

Rebaja de costes

La rebaja en costes para la Seguridad Social es significativa. El ministro del ramo, José Luis Escrivá, expresó que el gasto total de este mecanismo con esta nueva prórroga alcanzará los 11.000 millones de euros entre marzo y septiembre. Incluso podría ser menor (10.000 millones) si funciona el «pasillo» creado para los ERTE vayan confluyendo en ETOP por causas organizativas, lo que aligeraría todavía más la carga para la Seguridad Social. A ese importe se sumaría el coste de las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTE y que solo en mayo alcanzaron los 3.000 millones, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.