El Gobierno reconoce que “adaptará la legislación de la tasa Google al consenso internacional”

“El Gobierno no ha cambiado su posición y sigue adelante con la tramitación de la nueva tasa Google”. Así de contundente se mostró la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, antes de matizar que “España adaptará la legislación de esta tasa al consenso internacional, siempre en consonancia con las recomendaciones de la OCDE”.

Ayer se conoció que los gobiernos de España, Francia, Italia y Reino Unido habían enviado la Gobierno de Estados Unidos una carta para comunicarle la decisión de ralentizar la implementación de sus impuestos sobre servicios digitales, en respuesta a la misiva remitida por el ministro de Economía estadounidense, Steven Mnuchin, en la que les advertía de que podrían activarse nuevos aranceles si se seguía adelante con la tramitación de este impuesto, que afecta principalmente a las grandes compañías tecnológicas norteamericanas.

La versión modificada de esta tasa tendría un carácter más limitado y “facilitaría considerablemente la labor de alcanzar una solución consensuada y un acuerdo político durante este año”, reza la carta de los ministros de Hacienda europeos, que señala que el impuesto abarcaría únicamente a las empresas de servicios digitales automatizados y, en una fase posterior, su aplicación se extendería al resto de compañías. De esta forma, se daba a entender que España había decidido paralizar parcialmente la aplicación, cuando hace poco más de una semana había defendido que mantendría la tramitación de la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales pese a las amenazas de EE UU. Hoy, Montero ha vuelto a reiterar que la intención del Gobierno “se mantiene intacta”.

Según el texto que se encuentra en tramitación en el Congreso, la tasa Google gravará a las empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. En sintonía con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad digital, servicios de intermediación y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. La previsión inicial que hizo el Gobierno sobre los futuros ingresos anuales que proporcionaría este impuesto a las arcas públicas era de 968 millones de euros. Pero la emergencia sanitaria y la consiguiente crisis económica hará que estas cuantías se ajusten a la baja.