Hacienda pone cerco a las inversiones en criptomonedas sin declarar

Los inversores optan, cada día más, por diversificar riesgos a la hora de invertir sus capitales. Desde hace unos años han encontrado en las diferentes criptomonedas que existen en el mercado (bitcoin, litecoin, primecoin...) un refugio opaco para su dinero, sin control de la autoridad monetaria ni gubernamental. De hecho, son la forma de pago habitual en las operaciones que se realizan en la web oscura, la puerta trasera de internet, donde se trafica con cualquier cosa (droga, animales exóticos, documentación falsa...). Por eso, Hacienda, al calor de la transposición de la quinta directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales, se ha puesto manos a la obra para poner coto y vigilar el paraíso fiscal que representa las criptomonedas. Por el momento, ha advertido su obligación de declarar las plusvalías generadas por sus inversiones en monedas virtuales en la actual y pasada campaña de la renta a un total de 88.700 contribuyentes –66.000 inversores en la campaña actual y 14.700 en la pasada–.

Con el objetivo en mente de perseguir estos virtuales paraísos fiscales, entrará en vigor en el segundo semestre de este año la ley de medidas contra el fraude, en cumplimiento de la legislación comunitaria, que obligará a una entidad española o a la oficina en España de una entidad extranjera, que guarde las claves de posesión y uso de monedas virtuales, a comunicar a la Agencia Tributaria el nombre de los titulares, beneficiarios y autorizados de los saldos en criptodivisas, así como de las operaciones en moneda virtual y la identidad de quienes intervienen en las mismas, el tipo y cantidad de monedas incluidas y el precio y la fecha de esa operación.

Mientras, supera esta norma la tramitación parlamentaria, en la actual campaña de la renta la Agencia Tributaria han enviado a 66.000 contribuyentes mensajes de datos fiscales, 51.300 más que la campaña anterior. En el mensaje alerta al contribuyente, del que cuenta con información suficientemente depurada sobre sus operaciones con criptomonedas, de que los beneficios generados en esas operaciones son rentas sujetas a IRPF como ganancias patrimoniales.

Por tanto, deben incluirse en las casillas 1624 y siguientes de la declaración de la renta, correspondientes a las ganancias patrimoniales. Las monedas virtuales tributan como la tarifa del ahorro a un tipo de entre el 19% y el 23%. Al no disponer de una casilla concreta para este tipo de inversiones, Hacienda ignora el importe de las plusvalías generadas por la compra-venta de criptomonedas, que este año se declararán en la campaña de la renta, correspondiente al ejercicio de 2019.

Entidades bajo la lupa

El Fisco pudo seguir la pista a estos 88.700 contribuyentes después de más de dos años de investigación y poner bajo su lupa a más de 80 entidades y 40 empresas. En abril de 2018, envió requerimientos de información a más de 60 entidades, que operan en la adquisición o venta de criptomonedas, incluidas entidades financieras e intermediarios (casas de cambio, pasarelas de pago...). A partir de esta investigación, la Agencia Tributaria obtuvo información adicional a la que ya contaba del análisis del propio mercado de las criptomonedas.

Después de estudiar y comprobar los datos obtenidos previamente sobre cuentas bancarias abiertas en el extranjero por diversas casas de cambio, se decidió completar la investigación con requerimientos a 16 entidades financieras con sede social o sucursal en España. Esta comprobación dio sus frutos y se detectaron cuentas bancarias que han sido origen o destino de transferencias de cuentas bancarias de casas de cambio de criptomonedas. Hacienda demandó a las entidades financieras la titularidad de las cuentas, el número e importe de los cargos y abonos de las mismas, así como la identificación de tarjetas vinculadas con esas cuentas, ya que, a veces, la compraventa de criptomoneda se realiza mediante cargos y abonos en tarjetas.

Acto seguido, lanzó una segunda batería de requerimientos, que afectó a algo menos de una decena de entidades intermediarias en la compraventa de criptomonedas, En concreto, a casas de cambio, pasarelas de pago y empresas relacionadas con cajeros automáticos, que permiten el intercambio de euros y criptomonedas. A estas entidades se les solicitó datos sobre su actividad, la relación de sus operaciones en cripto con identificación de compradores y vendedores, así como los importes en euros de transacciones de criptomonedas, tipo de cambio y comisiones aplicadas en euros. Además, en el caso de los cajeros se solicitaron contratos de arrendamiento y gestión, facturas relacionadas con el funcionamiento del cajero, importes medios mensuales de compras y ventas, distinguiendo medio de pago, y detalle de las operaciones realizadas.

Inmersa en la lucha contra el blanqueo de capitales, la Agencia, además de a estas entidades, demandó información a más de 40 empresas que ofrecen en internet a sus clientes la posibilidad de realizar pagos con criptomonedas. A estas compañías se les requirió aclaraciones sobre el porcentaje de su facturación cobrado en criptomonedas, facturas y tiques de productos abonados con monedas virtuales, identificación de clientes, criterios de contabilización y del tipo de cambio aplicado, tratamiento de las cripto recibidas e identificación de otras operaciones empresariales con esta forma de pago.

Después de las habituales labores de depuración y análisis de todos los datos recibidos, la Agencia actuó en una doble vía. Por un lado, envió los mensajes en datos fiscales en esta campaña de renta y en la pasada. Y, por otro, remitió la selección de posibles casos a comprobar por los distintos ámbitos territoriales. De momento, las inspecciones abiertas aún no han concluido.