Gobierno y Banco de España ven inevitable el rescate de la economía española

El supervisor bancario prepara la llegada de los «hombres de negro». Será tras el verano, pero no se hablará de intervención para no alarmar a la población

El orden económico mundial hace aguas, tras recibir el brutal impacto del covid-19. Una vez se supere la crisis sanitaria, nadie cuestiona que la correlación de fuerzas en el seno de la Comunidad Internacional cambiará y que resurgirá un nuevo modelo económico más proteccionista y robotizado en la era post-covid. Pero antes de que llegue ese escenario hay economías, como la española, totalmente dañadas por las medidas adoptadas para frenar el avance del virus, que deberán salir a flote con la adopción de severas reformas estructurales. El PIB de España está en caída libre. El Gobierno prevé un descenso este año de casi el 10% del PIB (125.000 millones de euros), un déficit público superior a ese porcentaje y una deuda desbocada cercana al 120% del PIB. Por eso, el Ejecutivo y el Banco de España ven inevitable el rescate de la economía española.

De hecho, la autoridad monetaria está preparada para la llegada a nuestro país de los «hombres de negro» después del verano, probablemente, en septiembre próximo, según confirman a LA RAZÓN fuentes del Banco de España y de Moncloa. No obstante, las autoridades monetarias y gubernamentales españolas y europeas evitarán por todos los medios a su alcance pronunciar las palabras «rescate o intervención». La consigna a seguir es «no alarmar a la población española más de lo que ya lo está».

Tanto las autoridades comunitarias como las españolas prefieren evitar los términos rescate o intervención y emplear el eufemismo de «condicionalidades», que, según la Real Academia de la Lengua Española, significa «imponer condiciones». Es decir, la ayuda de Bruselas a España no saldrá gratis. El Gobierno deberá hacer los deberes para volver lo antes posible a la senda del equilibrio fiscal, algo que se antoja ahora lejano en el tiempo. Mientras, Bruselas vigilará atenta cómo cumple con sus obligaciones a cambio de rescatar nuestra economía.

En una situación parecida se encuentran Italia y Francia, Estados miembros en los que la pandemia también se ha cebado con virulencia. De ahí que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya encendido la luz roja de alarma sobre las economías española, italiana y francesa. En ese sentido, alerta de que España e Italia sufrirán una recesión económica más profunda y aguda que el resto en 2020, con unas caídas del PIB cercanas al 13%, casi tres puntos más que la previsión del Gabinete de Sánchez y dos puntos menos que las estimaciones del Banco de España. Francia tampoco se salvará de transitar por ese dramático camino, con un desplome de su economía del 12,5% del PIB.

Este tenebroso panorama coloca a estos tres países en el disparadero y bajo la lupa de Bruselas, a cambio de inyectar en sus economías ingentes cantidades de capital. En estos momentos, España necesita unos 150.000 millones de euros. Por eso, los hombres de negro supervisarán una por una las decisiones que adopte el Ejecutivo de Sánchez. «Se tratará de un rescate, pero no se mostrará ni se nombrará así para evitar que cunda el pánico entre la población española», aseguran las mismas fuentes a este diario. Esta intervención será diferente a la desarrollada por Bruselas en Grecia. «Nada tendrá que ver. Se rescatará a la economía española en una operación quirúrgica de precisión», sin alarmar.

Temor por otro confinamiento

En este contexto, la preocupación de la autoridad monetaria española por la duración de la recesión económica es más que palpable. El propio gobernador del Banco de España no la ocultó este martes pasado en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España en el Congreso de los Diputados. Pablo Hernández de Cos advirtió de la necesidad de adoptar las reformas estructurales imprescindibles que ayuden a sacar a España del túnel. Y es que la velocidad en la salida de la recesión dependerá del calado de las medidas que se aprueben y de que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que deberán entrar en la Cámara Baja antes del 31 de septiembre para su tramitación parlamentaria.

Hernández de Cos también avisó de la necesaria «puesta en marcha, de manera urgente, de una estrategia ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal», que inevitablemente pasa por recortes y por poner diques de contención a la expansión del déficit público y de la deuda, aseguran a este diario fuentes de la autoridad monetaria.

Al banco emisor también inquieta, sobremanera, una eventual segunda cuarentena en otoño próximo por el terrible impacto que tendría en el mercado laboral. Sin una segunda cuarentena de toda la población española, la factura más elevada del virus, sin duda alguna, ha sido, es y será en términos de destrucción de empleo, con 5,5 millones de personas en el paro y casi un millón de hogares con todos sus miembros en el desempleo a final de este año, según la entidad emisora. En ese sentido, espera un repunte del número de desocupados en 2021 hasta el 25% de la población activa.

En estos momentos, si se incluyeran a los tres millones de trabajadores en ERTE desde que comenzó el estado de alarma, la tasa de paro se elevaría ya casi al 34%, según las estimaciones de distintas instituciones, entre ellas, Funcas. Por eso a la entidad emisora preocupa y ocupa tanto una eventual segunda cuarentena de la población española, como consecuencia de una nueva ola del coronavirus en otoño próximo. «Estamos preparados, pero supondría la ruina para el país con una tasa de paro» disparada por encima del 40%. Este temor de la autoridad monetaria española a un rebrote del desempleo en el mercado español, de la mano de un eventual segundo confinamiento de los ciudadanos, es compartido por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que ha advertido sobre esta cuestión a los Estados miembros.

Respiro temporal

De momento, Bruselas dará un respiro a España hasta el inicio del otoño, allá por el 21 de septiembre, a la espera de conocer las reformas estructurales que el Ejecutivo incluirá en los Presupuestos de 2021. Después de dar por cerrada sin excesivos parabienes la Comisión de la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados y a partir de que vascos y gallegos cumplan con su cita en las urnas el próximo 12 de julio, Sánchez se empleará a fondo para conseguir el respaldo necesario para sacar adelante esas cuentas imprescindibles, no sólo para que España salga de la tormenta perfecta en la que está inmersa, sino también para su continuidad en el Palacio de La Moncloa. El PNV, tras la cita electoral del 12-J, se convertirá, con toda seguridad, en un socio clave.

Iñigo Urkullu desea agotar al frente del Ejecutivo vasco su tercer mandato, que, con toda seguridad, comenzará su andadura en la segunda quincena de julio, como colofón a su carrera política. Por eso hará lo que sea necesario para permanecer en la Lehendakaritza. Mientras, Inés Arrimada está dispuesta a hacer gala de su mejor talante negociador para sacar adelante las cuentas de la Reconstrucción. La gran incógnita que planea sobre esta negociación es saber qué ficha moverá Podemos. Por el momento, el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha dado su brazo a torcer en la reforma fiscal, que prepara el Gobierno y que incluirá en los Presupuestos de 2021. Iglesias tendrá que esperar a que soplen otros vientos para diseñar su pretendido impuesto sobre las grandes fortunas.

Ahora falta por conocer si apoyará unas cuentas públicas que incluyan, por el lado del gasto, la reforma del sistema público de pensiones, con el fin de garantizar su viabilidad, el adelgazamiento de la Administración pública, la bajada de salarios de los empleados públicos, incluidos los de los ministros, altos cargos del Gobierno, senadores y diputados, y de los trabajadores de las empresas públicas.