El Gobierno utiliza las ayudas del plan de reconstrucción para controlar a las grandes empresas

El Congreso quiere fijar incompatibilidades a las ayudas públicas a empresas en dificultades por la crisis del covid-19, como el nuevo fondo de rescate que se aprobará en el Consejo de Ministro del viernes, y entre esas condiciones figuran impedir que se ofrezcan dividendos durante dos años y excluir a empresas con filiales en paraísos fiscales o que operan en esos países. Otros requisitos que la Cámara Baja quiere imponer a las empresas que se acojan al rescate son las de cumplir el Acuerdo climático de París, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y comprometerse con la protección de la biodiversidad.

Estas condiciones afectarían al fondo de 10.000 millones de euros que el Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes para ayudar a empresas viables con problemas de solvencia, junto a una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 40.000 millones de euros. Este fondo de rescate se articulará a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda. Entre las opciones que baraja el Gobierno no se descarta la posibilidad de entrar a través de la SEPI en el accionariado de alguna de estas empresas de manera transitoria, la compra de deuda u otro instrumento de capital.

Se trata de condiciones que ya se han incorporado a las propuestas del Congreso para la reconstrucción social y económica de España tras la crisis del coronavirus, concretamente en el borrador del grupo de trabajo dedicado a la reactivación económica. Este grupo de trabajo debatió y votó este miércoles unas 400 enmiendas, en un primer cribado que tendrá continuidad este viernes, ya en la propia Comisión para la reconstrucción, y más adelante ante el Pleno del Congreso.

Las condiciones fueron propuestas por Más País, y respaldadas en el grupo de trabajo por el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts, EH-Bildu y BNG. El PP, Ciudadanos y Coalición Canaria votaron en contra, mientras que el PNV y el PRC decidieron abstenerse. La enmienda incorporada, recogida por Europa Press, dice lo siguiente: “Cualquier rescate, ayuda y préstamo irá vinculado a condiciones ecológicas, sociales y económicas justas y sostenibles: Las empresas rescatadas o subvencionadas no pueden operar o tener filiales en paraísos fiscales, tienen que cumplir con el Acuerdo climático de París y comprometerse con la protección de la biodiversidad, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y no pagar dividendos durante al menos dos años”.