Ya está aquí el «sablazo fiscal» del Gobierno

Una vez finalizado el estado de alarma el Gobierno ha echado cuentas y no le cuadran. Necesita equilibrar con rapidez las maltrechas arcas públicas tras el sobreesfuerzo económico realizado para sostener la economía durante los peores momentos de la pandemia. El agujero en las cuentas se acerca peligrosamente a los 150.000 millones de euros, y con unas perspectivas a corto plazo nada halagüeñas. El Ejecutivo prevé que el déficit público alcance el 10,34% del Producto Interior Bruto (PIB) este año, hasta los 115.671 millones de euros, el mayor desde los peores momentos de la Gran Crisis financiera –en el año 2012 alcanzó el 10,7%–; que el gasto público se dispare del 10,5% hasta el 51,5% del PIB; que la caída de los ingresos estatales caiga un 5,3%, 25.711 millones menos respecto a 2019; y que el desplome previsto del PIB se haya cifrado en un 9,2% este año –aunque el FMI, el BCE o el propio Banco de España creen que se quedará corto–.

Con este panorama nada tranquilizador, y con una recaudación impositiva de las administraciones públicas en términos de Contabilidad Nacional para este año de 263.443 millones, el bolsillo esá medio vacío. Sobre todo cuando el Ejecutivo prevé una caída de la recaudación de 96.655 millones en el IRPF, un 2,4% menos que hace un año; una pérdida del 5,2% de ingresos por el IVA debido a la disminución del consumo por las medidas de confinamiento, unos de 77.000 millones; un descenso de 23.592 millones, un -8,7%, en recaudación del impuesto de Sociedades; hasta 21.672 millones de pérdida en Impuestos Especiales, un -6,4%; y descensos generalizados en el resto. Si a esta debacle se suma la pérdida de ingresos por cotizaciones sociales –de casi un 6%– y los desembolsos extraordinarios para financiar los expedientes temporales (ERTE), las prestaciones sociales y de desempleo o el nuevo ingreso mínimo vital, el desfase de caja resulta milmillonario.

El presidente, Pedro Sánchez, lo sabe y por eso él –y varios de sus ministros y vicepresidentes– llevan varios días anunciando que el Estado necesita dinero y que la única forma de conseguirlo a corto plazo es recaudando más. Por eso, el Congreso dio ayer el primer paso y puso sobre la mesa lo que será la base de la nueva fiscalidad: el endurecimiento del impuesto sobre transacciones financieras –conocido como tasa Tobin–; el fin de los privilegios fiscales de las sicavs; elevar el IRPF a los que más ganan y revisar los impuestos que gravan la riqueza –estatalizar el impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, con el fin de «recuperar su objetivo redistributivo y evitar las prácticas de evasión y elusión fiscal», defendió Compromís, que logró aprobar esta enmienda.

Toda esta «nueva normalidad fiscal» forma parte de las políticas acordadas en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la crisis provocada por la pandemia del coroanvirus, que ayer aprobó sus conclusiones, entre las que no estará la derogación de la reforma laboral.

Todo para poder llevar a cabo las políticas sociales prometidas y para poder enderezar el endeudamiento del Estado, que llegará este año al 115% de PIB –120% en el peor de los escenarios ha reconocido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el mayor de la historia–. Por ello, si el Ejecutivo pretender afrontar la operatividad pública con el suficiente margen financiero para llevar a cabo sus políticas sociales, deberá lograr unos ingresos impositivos adicionales que superen los 20.000 millones de euros, aunque ni esa cantidad sería suficiente para el agujero público de más de 115.000 millones ya reconocido.

El golpe más duro del aumento de la presión fiscal se la llevarán las rentas más altas, que verán incrementados entre dos y cuatro puntos los tipos impositivos. Pero al menos podrán respirar tranquilas las grandes fortunas, tras el rechazo de ayer de la Comisión para la Reconstrucción de la creación de un nuevo impuesto sobre los grandes patrimonios, la ansiada tasa de reconstrucción que dijo el vicepresidnete Iglesias que «los ricos pagarían con gusto». Objetivo no cumplido.

Las que no se librarán serán las clases medias, y ya sea a través de impuestos indirectos o nuevos ajustes fiscales, también tendrán que pagar la factura. Se incrementará el IRPF –no se ha concretado cuándo–, se endurecerá el impuesto de Sociedades; se ajustarán y equilibrarán Sucesiones y Patrimonio en todas las comunidades autónomas, para impedir por ley su bonificación ; se desarrollarán definitivamente las figuras de las tasas Tobin y Google a última suavizada tras las amenazas de Estados Unidos de imponer más aranceles a nuestros productos–; se gravarán los combustibles –especialmente el diésel– y se acotará el margen de beneficio de las socimis y las sicav, lo que ya ha provocado un espantada de inversores hacia países con mejores condiciones fiscales.

Hacienda ya ha advertido que España tiene una diferencia impositiva respecto a la media de la UE de entre cinco y siete puntos, un margen que quieren estrechar al máximo para ingresar 60.000 millones adicionales. Esto implicaría que, además de los impuestos ya señalados –que sumarían esos 20.000 citados–, se tendrían que elevar los impuestos indirectos, tanto de los hidrocarburos, como varios puntos del IVA en muchos productos que ahora lo tienen reducido, aumentar las tasas verdes o retocar el IRPF a las rentas que no sean mínimas, incluso reformar el sistema de pensiones. Estas últimas cuestiones son el hueso que deberá roer el Ejecutivo por el duro coste político y electoral que tienen.