El presidente de Ausbanc acusa al BBVA de intentar “doblegar” al juez que le investiga en el “caso Villarejo”

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, se ha opuesto a la petición del BBVA de que se suspenda el plazo de siete días naturales fijado el pasado día 29 por la Audiencia Nacional para que la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) le entregue las 2.007 referencias a la organización de consumidores en documentación interna de la entidad, incluidos correos electrónicos, correspondiente a su ex presidente Francisco González.

Así lo solicita la defensa de Pineda, que ejerce el abogado Miguel Durán, en sus alegaciones al recurso presentado contra la decisión del instructor de la pieza del “caso Villarejo” en la que se investiga la contratación del ex comisario por parte de la entidad durante más de una década para que realizara supuestamente diversos trabajos de espionaje, por los que se habría embolsado diez millones de euros.

En esta causa, en la que figura como perjudicado Pineda -quien se enfrenta a una petición fiscal de 118 años de prisión por presuntos chantajes a entidades bancarias en el juicio del “caso Ausbanc”-, el BBVA está imputado como persona jurídica por delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

En su escrito, el abogado del presidente de Ausbanc acusa al banco de intentar “doblegar a la Administración de Justicia” por reprochar al juez que con su petición de información a PwC, que la entidad considera confidencial, esté situando “los servicios de nuestro asistente técnico” a las “órdenes y capricho de las distintas partes del procedimiento”. Y es que para el BBVA -que entiende que con esa decisión se vulnera su derecho de defensa- resulta “extravagante” que un “investigado” decida “qué pruebas deben o no obrar en la presente causa”.

Pineda también critica que el banco ofrezca al instructor -en lugar de esos dos millares de hits o coincidencias halladas por PwC en su informe forensic al cruzar las palabras clave “Francisco González” y “Ausbanc”-, poner a su disposición “el universo de 2,3 millones de hits” para que sea el juez quien busque lo que considere pertinente para la investigación. “Ya está bien de la amenaza entreverada del BBVA de inundar este procedimiento con millones de archivos”, se queja la defensa de Pineda, que sostiene que fue la entidad la que, sirviéndose de Villarejo, puso en marcha una campaña contra Ausbanc por sus denuncias contra el banco, entre otros asuntos por las cláusulas suelo.

Entre otras cuestiones, García Castellón solicitó en su providencia al testigo-perito Alberto García Martín, senior manager de Forensic de PwC, que especificara "hasta cuándo ha tenido vínculo profesional de cualquier clase" Francisco González, conocido en el ámbito bancario como "FG", con el BBVA y, del mismo modo, hasta cuándo "ha continuado obteniendo beneficios personales de la entidad". El magistrado quiere determinar así "con exactitud" si los dispositivos que analizó la consultora pertenecían en esas fechas o no a González.

Para la defensa de Pineda las alegaciones de la entidad “no son creíbles” y le acusa de “diseminar fuentes de prueba a su conveniencia” y de “cerrar filas” respecto a sus “directivos de primera” pretendiendo hacer descansar toda la responsabilidad de supuestas irregularidades sobre los de “segunda”, que según asegura están “haciendo más por averiguar la verdad material que la persona jurídica que sería la principal interesada”.

El presidente de Ausbanc rechaza que, como mantiene el banco en su recurso, esté “desenfocando el objeto de este procedimiento” y subraya que sus peticiones al magistrado fueron “muy prudentes”, pues se limitaron a solicitar que se reclamase a PwC 3.503 “hits” o coincidencias (respecto a las claves “Francisco González”, “denuncia anónima” y “operación Nelson”) de un total de 2,3 millones.

El letrado defiende, por último, que el perito de PwC no puede esgrimir dispensa legal alguna “para no aportar los hits requeridos y cumplir con el requerimiento”, dado que -recuerda- en el propio contrato con la entidad “expresamente está previsto el deber de colaborar” con la autoridad judicial.

En un anterior escrito -en el que solicitaba la citación como investigado de Francisco González-, el presidente de la asociación de defensa de los consumidores insistía en que fue víctima de “una investigación parapolicial” impulsada supuestamente por el BBVA y liderada por Villarejo, que se habría llevado a cabo “con todo tipo de abusos inherentes a los cargos policiales que en ella participaban, entre los que destaca el tráfico ilícito de datos telefónicos”. Una operación que, según él, incluyó la intervención de sus comunicaciones “sin autorización judicial” y acarreó la apertura de la investigación judicial contra él.