El Gobierno intenta taponar con fondos de la UE parte del agujero de las prestaciones de la Seguridad Social

Las arcas del Estado están exhaustas tras cinco meses atrapados por el oscuro pozo de la pandemia del coronavirus. El manto protector de la Seguridad Social sobre los trabajadores tiene un coste tan elevado que, ahora mismo, es imposible saber el alcance real de la magnitud del agujero en las finanzas públicas. El Gobierno necesita de una liquidez casi inmediata para tapar este agujero y, por ello, ayer, cuando la Comisión Europea abrió el plazo oficial para solicitar el acceso al instrumento europeo de mitigación de los riesgos de desempleo, conocido como SURE –que permite financiar con préstamos comunitarios los programas de apoyo a trabajadores, autónomos y empresas–, el Ministerio de Asuntos Económicos pidió de inmediato la máxima cantidad autorizada para nuestro país, más de 20.000 millones de euros, cantidad que no será gratis y se acumulará como deuda a devolver.

Ese ha sido el montante solicitado, pero no significa ni mucho menos que sea lo que finalmente se autorice. El importe dependerá de las cantidades solicitadas por el resto de estados miembros, ya que el fondo tiene un máximo de 100.000 millones, financiados con deuda comunitaria –los Estados miembros contribuyen al instrumento aportando avales a las emisiones–. Según fuentes ministeriales consultadas por LA RAZÓN, el Ejecutivo se daría por satisfecho con una cantidad por encima de los 15.000 millones, que ya tendría consignados de forma «artificial» en sus cuentas.

Una vez que el Consejo de la Unión Europea determine la cantidad de fondos que corresponde a cada uno de los países, el crédito se desembolsará a los que lo soliciten en varios tramos, de manera que el primero podría recibirse el mismo otoño de este año y el resto, en 2021. El Consejo de Ministros ya autorizó el pasado 26 de mayo el otorgamiento de los avales para participar en el SURE.

Esta será la primera de las inyecciones que llegarán al Gobierno desde Europa, que deben mitigar la difícil situación financiera del país. La crisis del coronavirus y las políticas y medidas sociales tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez han llevado a la deuda pública a un nuevo máximo histórico. Según publicó el Banco de España, ha alcanzado ya el 101,4% del Producto Interior Bruto (PIB), con el agravante de que en esta última contabilización todas las administraciones públicas –central, autonómica, local y también de la Seguridad Social– han disparado sus números rojos. Solo el Estado ha incrementado su endeudamiento en más de 65.616 millones de euros en el último año. En su conjunto, la deuda pública –que ha superado los 70.000 millones en los últimos doce meses– registró solo en mayo un incremento del 1,9% respecto al mes anterior, al sumar 23.124 millones de euros, hasta superar los 1,25 billones de euros, el máximo histórico de toda la serie.

Por su parte, los números rojos de la Seguridad Social se elevan ya hasta los 60.024 millones –5.000 millones más que el mes anterior–, por lo que se mantiene en récord histórico mes tras mes. La factura de las pensiones mantiene sus arcas en déficit continuo, pero ahora hay que sumarle el incremento exponencial de las prestaciones y la pérdida de ingresos, principalmente por la bajada de las cotizaciones sociales de los trabajadores.

Ahora, lo que llegue del SURE se utilizará para taponar temporalmente el agujero de los ERTE –tanto para cubrir la prestación que recibe el trabajador como las cotizaciones sociales que se ahorra el empresario–, la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos –el conocido como paro de autónomos–, la prestación de incapacidad temporal para afectados por el virus o la protección para los trabajadores fijos discontinuos, que se extenderá hasta final de año.

Para mantener el flujo de financiación activo, el Tesoro Público espera colocar este jueves entre 3.750 y 5.250 millones en varias denominaciones de deuda a medio y largo plazo, incluidas obligaciones del Estado ligadas a la inflación. El organismo emisor anunció a finales de mayo una modificación de su programa de financiación para este año –obligado por la pandemia–, que prevé elevar la emisión neta en 97.500 millones , hasta un total de 130.000 millones, e incrementar en algo más de 100.000 millones la emisión bruta, hasta alcanzar la cifra récord de 297.000 millones. El objetivo es hacer frente al aumento de la deuda y sostener la caja social junto a los 140.000 millones del fondo de rescate.