El Gobierno perderá los 14.000 millones de superávit de los ayuntamientos si el Congreso rechaza el acuerdo

Ya es oficial: el Estado tendrá a su disposición todos los remanentes acumulados y el supéravit de caja de las corporaciones. Pero solo a medias. O ni siquiera eso. El Gobierno ha transformado en decreto ley -publicado hoy en el Boletín Oficial del estado (BOE)- el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, por lo que tendrá que llevarlo al Congreso de los Diputados para convalidarlo. Dado que la votación sólo contó los votos afirmativos de los municipios socialistas -la abstención de Podemos y el voto de calidad del presidente de la FEMP, Abel Caballero, posibilitaron su aprobación-, el decreto ley no cuenta en estos momentos con una mayoría suficiente para prosperar.

Ajenos a esta posibilidad. el presidente de la FEMP, Abel Caballero, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hicieron ayer la foto oficial y rubricaron el acuerdo en el Palacio de la Moncloa sin que en ningún momento dieran importancia a la posibilidad de que fuera rechazado en las Cortes. “Este es un acuerdo que beneficia a todos”, se limitaron a defender ambos dirigentes.

Según se recoge el BOE, la norma permitirá movilizar hasta 5.000 millones para los ayuntamientos con remanentes de tesorería y destinarlos a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural. Los ayuntamientos que decidan usar su superávit de 2019 deberán remitir al Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre de 2020 un “compromiso firme, vinculante e irrenunciable” de transferir esos recursos al Estado. Esos compromisos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. A cambio, el Estado realizará un préstamo a las entidades locales que será amortizado en un plazo de 10 años, prorrogable por otros cinco, a partir de 2022, y que tendrá un tipo de interés anual que no superará el de la financiación de la deuda del Estado.

Además, el Estado dotará un crédito extraordinario para la recuperación económica y social por un importe máximo de 5.000 millones de euros, equivalente como mínimo al 35% de los recursos comprometidos por las entidades locales, que se repartirá en 2.000 millones este año y 3.000 millones el próximo año. También se habilita un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con objeto de dotar de mayor financiación a las entidades locales para hacer frente al déficit extraordinario motivado por el Covid-19 en los servicios de transporte público de su titularidad, por un importe inicial de 275 millones, que podría ascender a 400 millones en el caso de que sea necesario.

Según explicita el nuevo decreto, “no se exigirá el cumplimento de la regla de gasto para las entidades locales durante el ejercicio 2020″ y “se permitirá también excepcionalmente prorrogar el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles, cuyos proyectos se iniciaron en 2019 y que se estén financiando con superávits de 2018”. Asimismo, se recoge que en el próximo curso político se constituirá una mesa de trabajo técnica entre la FEMP y el Gobierno para sentar las bases de la reforma del sistema de financiación local.

Uno de los puntos en los se atascó el acuerdo en la FEMp fue el que atañía a los ayuntamientos con dificultades económicas y en números rojos, que se quedaban fuera de la posibilidad de recibir ayuda a través de este instrumento. En un guiño de úñltima hora hacia ellos, el Gobierno ha incluido en el texto que los ayuntamientos con problemas de liquidez o en riesgo financiero podrán formalizar préstamos con las diputaciones provinciales o concertar operaciones de crédito con los ayuntamientos que presenten ahorro neto, así como realizar, con cargo al superávit de 2019, transferencias corrientes, de carácter finalista, a los ayuntamientos citados, considerándose excepcionalmente en 2020 como inversiones financieramente sostenibles y no computando en regla de gasto. No se sabrá hasta su presentación en el Congreso si estas concesiones habrán sido suficientes para obtener su aprobación.