Los primeros cheques del ingreso mínimo vital: 500 euros de media por familia

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció ayer que a quienes hayan realizado la solicitud del ingreso mínimo vital (IVM) hasta el 15 de septiembre y tengan derecho a ella según la documentación acreditada, les será concedida con efectos retroactivos desde el 1 de junio. Explica además que «los datos facilitados hasta ahora no son concluyentes puesto que las duplicidades y la falta de documentación en gran parte de las solicitudes distorsionan» las cifras. El departamento que dirige José Luis Escrivá sale así al paso de los datos conocidos esta semana, en lo que se indicaba que apenas se han aprobado 4.000 de las 750.000 solicitudes.

Señala que en total la cifra de prestaciones aprobadas asciende a 80.000 hogares, si bien unas 75.000 han sido reconocidas de oficio por el ministerio, sin necesidad de presentar documentación previa. En cualquier caso, la Seguridad Social reconoce que apenas ha analizado 143.000 solicitudes, frente a los tres cuartos de millón que ha recibido. Esto supone sólo un 19%, lo que deja de momento en el cajón cuatro de cada cinco peticiones del ingreso mínimo vital. El ministerio se justifica en el aluvión de expedientes que han llegado en muy poco tiempo: «Desde el 15 de junio se han recibido casi 750.000 solicitudes, una cifra equivalente a los expedientes de pensiones que se resuelven en un año completo». También lo achaca a los numerosos errores que en muchos casos acompañan a las solicitudes. Por ejemplo, un 7,5% se han recibido por duplicado y cerca del 40% de las que se han examinado han llegado con documentación incompleta, gran parte de ellas sin certificado de empadronamiento. Además, se han denegado cerca de 36.800 solicitudes, ya que en más de la mitad de los casos se excedían los límites de renta y/o patrimonio que están fijados como requisitos para obtener esta ayuda.

En cualquier caso, la Seguridad Social señala que el ritmo de tramitación se ha ido incrementando progresivamente y es más rápido que el de otras prestaciones similares previas. Así, entre el 10 y el 17 de agosto se han examinado 8.062 expedientes, de los que 4.875 se han resuelto, lo que supone un 10% más que la semana anterior. El organismo realizará un «balance exhaustivo» de la evolución de estos meses de puesta en marcha a finales de septiembre, que es la fecha que se dio inicialmente el ministerio para elaborar una evaluación del proceso inicial de tramitación.

El ministerio ha contestado además a las palabras del líder de UGT, Pepe Álvarez, en las que denunciaba que «nadie lo ha cobrado todavía». En concreto, apunta que, incluida la nómina de septiembre, habrá desembolsado 120 millones de euros en tres meses. Esto supone una media de 1.500 euros por familia en el trimestre, unos 500 euros al mes. «Al final se trata de facilitar la vida a los ciudadanos desde el punto de vista de la petición, que la prestación se pueda solicitar conjuntamente a través de ventanilla única y allí se les pueda orientar entre prestación nacional y autonómica», dijo ayer desde Valencia el ministro Escrivá.