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Sin luz en Granada por las plantaciones ilegales de marihuana

El Defensor del Pueblo reclama la Junta de Andalucía que acabe con los cortes de la zona norte que el Gobierno regional atribuye a esta actividad

Plantación ilegal de marihuana intervenida por la Policía
Plantación ilegal de marihuana intervenida por la PolicíaLa RazónLa Razón

Desde hace años, la oficina del Defensor del Pueblo viene recibiendo quejas denunciando los problemas de suministro eléctrico en la zona norte de Granada. Un problema que, lejos de deberse a alguna deficiencia del sistema eléctrico, tiene una clara y delictiva causa identificada: plantaciones de marihuana. La Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía ha reconocido a la institución que dirige Francisco Fernández Marugán que el motivo de estas incidencias es el elevado número de enganches ilegales que se producen en la zona que se dedicarían a abastecer de energía eléctrica plantaciones de marihuana. Estas actividades requieren de grandes cantidades de energía. Según estimaciones del sector eléctrico, una vivienda utilizada como plantación de esta droga puede llegar a consumir el equivalente a 20 viviendas, lo que provoca la saturación de la red.

Ante esta situación, el Defensor ha reclamado a la Junta que elabore “un diagnóstico común de la situación, que detalle los problemas que impiden que el suministro eléctrico se preste con normalidad en esta zona y que establezca un plan operativo de actuación coordinado con la Delegación del Gobierno en Andalucía”, según ha explicado en una nota de prensa.

Problemas en el día a día

Los continuos cortes en el suministro eléctrico están causando no pocos problemas a los vecinos de la zona. Como relata, el Defensor del Pueblo ha recibido testimonios “muy preocupantes” de afectados por este problema: quejas de personas con discapacidad que dependen de aparatos que precisan corriente eléctrica, personas que deben desplazarse diariamente en ambulancia a centros sanitarios que durante los cortes de luz tienen difícil el acceso al domicilio de estas personas y “otros testimonios que vienen a constatar la gravedad de la situación”. Además, añade, durante el estado de alarma, se produjeron cortes que afectaron al derecho a la educación,” para el que el suministro eléctrico fue más necesario que nunca al haberse suspendido la actividad educativa sustituyéndola por enseñanza a distancia”. También se vio afectado el derecho a recibir y comunicar información, que en este periodo era fundamental, al tener las personas restringida su libertad de circulación.

Fernández Marugán considera que las interrupciones de suministro eléctrico en la zona no pueden continuar y aboga por una acción “contundente y coordinada” para resolver el problema. En su opinión, “los actos defraudatorios o incluso delictivos de algunas personas no pueden constituir pretexto para privar de suministro eléctrico a otras”.

Si para los residentes este tipo de actividades supone un notable perjuicio, no lo es menos para las compañías. En 2018, por ejemplo, Endesa detectó 65.000 fraudes eléctricos y recuperó 601.000 megavatios a la hora MWh defraudados, una cifra que equivale al consumo eléctrico de Palma de Mallorca durante seis meses.