El turismo rural nacional sube un 19% y da la única alegría al sector

Las pernoctaciones en apartamentos se hunden un 66%, cifra que llega al 80% en Canarias. Castilla y León es el destino rural preferido

El peor verano de la historia para el turismo se aproxima a su fin con una única alegría para el sector: el turismo rural nacional. Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros bajaron en julio un 50% (9,9 millones) respecto al mismo mes de 2019, frente al descenso del 85% registrado en junio. Por el contrario, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el uso de casas rurales por parte de residentes en España se disparó el 19%, salvando la cara de un sector de capa caída.

En julio, primer mes completo sin restricciones de movilidad tras el estallido de la pandemia de Covid-19, casi 3 millones de viajeros se alojaron en apartamentos turísticos, cámpines, albergues o casas rurales, lo que supone un 40% menos que un año antes. Pese a la progresiva apertura de las fronteras, los residentes en España sostuvieron en mayor medida la actividad del sector: con 1,9 millones de viajeros y 7,5 millones de pernoctaciones (19% menos), frente a 400.000 usuarios procedentes del exterior que realizaron 2,4 millones de hospedajes (un 77% menos).

Por tipo de alojamiento, las pernoctaciones en apartamentos turísticos descendieron el 66%, con un retroceso del mercado nacional del 35% y del 82% en el caso de extranjeros, y aunque la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias se mantuvieron como destinos principales, bajaron el 59%, 60% y 80%, respectivamente. Las pernoctaciones en cámpines anotaron en julio un descenso del 36%. Cataluña fue el destino preferido para los campistas, pese a retroceder el 49%. Mientras el precio de los apartamentos turísticos se redujo el 8%, el de los cámpines se mantuvo prácticamente estable, con una caída de sólo el 0,3%.

El uso de alojamientos de turismo rural bajó sólo el 10% respecto a julio de 2019, gracias a que las pernoctaciones de residentes se dispararon el 19% y compensaron en parte la caída del 69% en los turistas internacionales. La ocupación de estos establecimientos creció el 3% frente a julio del año pasado y se situó en el 30%. Castilla y León se mantuvo, como el destino preferido para los amantes del turismo rural, con 235.465 pernoctaciones, el 13% más que en julio de 2019, mientras que Asturias alcanzó el mayor grado de ocupación (48% de las plazas ofertadas). Estos datos confirman las previsiones que apuntaban a que muchos viajeros se decantarían por alojamientos aislados ante el temor a contagios, si bien el resultado ha sido dispar por comunidades.

Test a los turistas

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha pedido hoy al Gobierno un plan de choque para el turismo español, que incluya medidas fiscales y laborales, como unos ERTE específicos para los hoteleros, que estén en vigor hasta Semana Santa de 2021. En una carta remitida a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la confederación explica que de esta forma se garantizaría “oxígeno” a estas empresas para llegar hasta esa fecha y también se preservaría el empleo que generan.

En materia de salud, Cehat pide que se establezca un pasaporte sanitario digital y soluciones similares, que permitan “la trazabilidad del cliente durante su estancia en destino e identificar riesgos” para facilitar su localización y aislamiento en caso de necesidad. Asimismo, la confederación apuesta por que se les hagan pruebas a los turistas que llegan a España (un PCR con 48 horas máximo antes del viaje) o un test rápido a la llegada al primer aeropuerto español que pise, esto último costeado por el viajero. Antes de regresar a su país, los turistas deberán realizarse una nueva prueba que garantice que están libres de COVID-19, que podrían pagar “los hoteleros y el cliente, de forma conjunta”.

Por último, en materia fiscal, Cehat solicita que se exonere al sector durante este año de algunos impuestos que se aplican a la actividad tanto a nivel local como autonómico, como el IBI (impuesto sobre bienes inmuebles), las tasas municipales o el impuesto sobre actividades económicas, “en un contexto de prácticamente cero ingresos”