Pacto de Toledo: No habrá más recortes a las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados

El Pacto de Toledo, que debe conseguir un acuerdo exprés de lareforma del sistema de pensiones si se pretende incluir en los próximos Presupuestos Generales, ha retomado las negociaciones tras el impás estival y lo ha hecho a puerta cerrada y con el mayor de los secretismos. Ni tan siquiera han trascendido las dos primeras comparecencias, la del miércoles de gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la de ayer de la presidenta de la Airef, Cristina Herrero.

Pero fuentes de la negociación informaron a LA RAZÓN de que, sin aportar medidas revolucionarias, ambos mantuvieron el guión que han defendido hasta ahora: elevar la edad de jubilación, ampliar el cálculo del importe de la pensión a más años, compensar la tasa de dependencia, equilibrar la tasa de reposición o reordenar los planes de pensiones privados.

Aunque los portavoces tienen casi prácticamente cerrados varios acuerdos –la revalorización en función del IPC, salvaguardar la sostenibilidad y reordenar la financiación de la Seguridad Social–, siguen los escollos en asuntos como el aumento de la edad de jubilación, la extensión del periodo del cálculo de las pensiones o el aumento de la penalización por jubilación anticipada.

Precisamente, está sobre la mesa la eliminación de los recortes que se aplicaron a las pensiones de trabajadores que se jubilaron anticipadamente pero que tenían acumuladas cotizaciones de 40 o más años, y que vieron muy mermados sus ingresos, en algunos casos más de un 30%.

El problema es que se aplicó un coeficiente reductor máximo del 2% por trimestre, en los casos en los que se acreditaba un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses. El siguiente escalón se situó en el 1,875% por trimestre con un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses; otro del 1,75% por trimestre con una cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses; y un mínimo del 1,625% con 44 años y 6 meses o más cotizados.

Es decir, que el diferencial de estos pensionistas con respecto a otros que no se jubilaron anticipadamente iría del 1,6% al 2% por trimestre, dependiendo del tiempo cotizado, lo que significa una pérdida de entre un 6,5% y un 8% al año, respectivamente.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya mostró su predisposición a corregir «una situación intrínsecamente injusta», aunque se mantendrá firme en su objetivo de alargar la edad de jubilación y de evitar en lo posible la generalización de las jubilaciones anticipadas masivas. Su objetivo es aproximar la edad efectiva de jubilación –que en la actualidad está situada por debajo de los 63 años– a la edad legal –que será de 67 años en 2027– y potenciar la demora de la retirada laboral con la reordenación de los incentivos existentes.

La presidenta de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, ya ha incluido esta reivindicación en las recomendaciones que ha revisado el Pacto de Toledo y las ha trasladado a los partidos políticos para su debate. Las fuentes consultadas han confirmado que, a priori, estarían dispuestos a corregir esta situación, aunque todavía tendría que decidirse si se hace con carácter retroactivo o no.