Globalia solicita 400 millones a la Sepi para reflotar Air Europa

El saneamiento de la aerolínea sería el paso previo para su comprar por Iberia

Globalia, grupo empresarial propietario de Air Europa, ha solicitado unos 400 millones de euros al fondo de rescate de empresas estratégicas lanzado por el Gobierno, según han informado fuentes empresariales. Con este dinero, el grupo de la familia Hidalgo, que ha declinado hacer comentarios sobre la cuestión, quiere sanear las cuentas de su aerolínea para afrontar después su venta a Iberia.

En noviembre pasado, Globalia acordó la venta de Air Europa a Iberia por 1.000 millones de euros. Sin embargo, la operación se ha visto seriamente perturbada por la irrupción del coronavirus. Iberia considera que, dada la delicada situación económica que atraviesa Air Europa, en estos momentos el precio acordado no se corresponde con el valor real de la compañía. Por eso, ambas compañías están renegociando ahora los términos del acuerdo. Iberia desea que la operación se cierre en unos 500 o 600 millones de euros y, como dijo su presidente, Luis Gallego, espera que se cierre antes de finales de año en un sentido u otro. Para que todo encaje, se hace imprescindible que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) acceda a conceder la ayuda a Air Europa. La compañía pública ya está analizando la documentación remitida por la aerolínea de la familia Hidalgo, un rescate que tendrá que contar también con el visto bueno de la Comisión Europea ya que supera los 250 millones de euros.

Ayuda a empresas viables

El fondo de rescate busca dar oxígeno a sociedades solventes pero afectadas por la epidemia del Covi-19, que tengan la condición de estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. Las empresas que lo soliciten deben presentar un plan de viabilidad con objetivos medibles de previsiones de negocio y la situación patrimonial y financiera de la compañía.

Las operaciones de apoyo público, con un importe mínimo de 25 millones de euros por beneficiario, se harán mediante préstamos participativos, deuda convertible, suscripción de acciones, participaciones sociales o cualquier otro instrumento de capital. Si antes de cinco años las empresas beneficiarias no han reembolsado al menos un 40% de la ayuda tendrán una penalización del 10% y si pasados 7 años no han reembolsado todo, la “multa” será del 10% sobre la participación viva en ese momento. Para las sociedades cotizadas los plazos se rebajan en un año, es decir, cuatro años y seis años.