Escrivá pide eliminar los 22.800 millones de gastos impropios para equilibrar el déficit de la Seguridad Social

La Seguridad Social cerrará este año con un déficit equivalente al 2% del Producto Interior Bruto (PIB), una cifra cercana a los 24.000 millones de euros. Así lo ha reconocido ante el Pacto de Toledo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Ante los representantes de los partidos ha explicado que este porcentaje refleja el descenso de ingresos por el impacto de la pandemia, así como el menor denominador de cálculo para este año, que estima un PIB inferior en más de un 10%. Sin embargo, Escrivá defendió que la crisis no alterará el diagnóstico sobre las pensiones y que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza “genuinamente transitorio”. Pese a ello, ha augurado un déficit del sistema social siete décimas superior al del año pasado -el citado 2%-, y que se mantendrá en torno al 1,5% del PIB para el año 2023 si no se implementan medidas, como eliminar gastos impropios.

En este sentido volvió a defender ante los diputados de todos los partidos la necesidad del reequilibrio financiero a través de la separación de las fuentes de ingresos. Según detalló, en 2023 los gastos impropios serían del 1,6% del PIB. Entre las partidas que enumeró que deberían de dejar de financiarse con las cuotas de la Seguridad Social destacó los gastos de políticas no contributivas (11.305 millones); las reducciones en la cotizaciones -por ejemplo de autónomos, trabajadores agrarios y empleados de hogar- (1.818 millones); la prestación por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), el complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911 millones). En total, más de 22.800 millones que, según Escrivá, si se sacaran de la Seguridad Social “equilibrarían prácticamente las cuentas”.

El ministro advirtió que si no se implementan medidas, teniendo en cuenta una revalorización de pensiones conforme al IPC real, el déficit de la Seguridad Social se mantendrá en el 1,4% en el año 2023, por lo que ha abogado por eliminar estoos gastos impropios que tienen “efectos devastadores” sobre la solvencia de las pensiones e integrarlos en los Presupuestos Generales. También precisó que este año se está produciendo una aportación extraordinaria del Estado para gastos extraordinarios por el Covid de 14.500 millones que irán dirigidos a la exoneración de cuotas en los ERTE, la prestación extraordinaria por autónomos, la prestación por incapacidad temporal por Covid y el ingreso mínimo vital.