El Gobierno reconoce que meterá la tijera en la nómina de los funcionarios

En las próximas semanas el Ejecutivo tomará la decisión de si congela sus retribuciones o aplica una bajada del 2%

A veinte días de que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 deban entrar en el Congreso de los Diputados para su tramitación, el Gobierno reconoce ya que deberá meter las tijeras en las nóminas de los funcionarios en las próximas cuentas públicas, tal y como adelantó La Razón el 24 de marzo pasado. Así lo ha dejado entrever hoy la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, durante una entrevista en Cope. “El objetivo es impulsar el crecimiento económico y un planteamiento que hable de recortes no es adecuado. Estamos en las primeras fases de elaboración de Presupuestos y aún hay muchas cuestiones que encajar”.

En este sentido, Calviño ha recordado que en últimos años “ha habido ganancias tanto de funcionarios como de pensionistas, que han recuperado” las pérdidas sufridas durante la crisis. “Todo se tendrá en cuenta en la preparación de los Presupuestos”. “España necesita unos Presupuestos que respondan a las necesidades actuales de nuestro país y las decisiones se tomarán teniendo en cuenta muchos factores”, ha asegurado Calviño. Mientras, al titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no le consta, en una entrevista concedida a Onda Cero, que el Gobierno vaya a congelar los sueldos a los funcionarios. Eso sí, ha considerado posible implantar medidas de ahorro en la Administración pública, pero, a su juicio, hace falta profundizar en el análisis y hacer ajustes estructurales en determinadas áreas.

La ministra de Hacienda, por su parte, ha colocado en el alero del tejado de la Función Pública explorar todos los escenarios posibles. “Exploraremos todos los escenarios y, cuando se tenga tomada una decisión así lo comunicaremos”, ha puntualizado en una rueda de prensa en el Congreso, en el que ha comparecido tras defender ante el pleno de la Cámara Baja el decreto ley aprobado por el Ejecutivo para dar salida a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos. En esta ocasión, la portavoz del Gobierno no ha desmentido la posibilidad del recorte del salario de los funcionarios, tal y como sí hizo en marzo pasado. Muy al contrario, ha admitido que “el país se enfrenta a una situación muy complicada” y que, por ello, "debe estudiar todas las alternativas”. “Los recursos son limitados y estamos trabajando. Montero ha reconocido también que la crisis económica ha provocado una caída de los ingresos tributarios, mermando la capacidad de recaudación de las administraciones y que, por tanto, serán necesarios “algunos ajustes fiscales” en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2021.

De momento, según fuentes gubernamentales, el Gobierno baraja desde una congelación de las retribuciones de los empleados públicos hasta la aplicación de una bajada de las mismas del 2%, que afectará no sólo a los trabajadores de las Administraciones General del Estado, autonómica y local, sino también a las plantillas de los organismos autónomos y a las de las empresas públicas, es decir, a un total de 2,5 millones de empleados.

Este será el primer sacrificio de una larga lista que demande el Ejecutivo a los ciudadanos para poder superar el hundimiento de la economía española, que ahora se encuentra en la UCI. Consciente de que Bruselas no concederá a España los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de reconstrucción postcovid-19 a cambio de nada, prepara unos Presupuestos Generales del Estado de 2021 que sirvan de peaje para allanar el camino de España hacia esos 140.000 millones de euros. De hecho, estas cuentas supondrán el pistoletazo de salida de un ambicioso plan de reformas estructurales a desarrollar en el período 2021-2023, que el jefe del Ejecutivo presentará en Bruselas en otoño próximo, junto con los Presupuestos, para conseguir la bendición comunitaria y poder, por tanto, acceder a los fondos.

Con el hundimiento de la economía española, al Gobierno de Sánchez no le queda más remedio que meter las tijeras en la Administración pública en las próximas cuentas. «Nadie entendería los sacrificios que están haciendo los trabajadores de la empresas privadas, con cierres en cadena de sociedades y, por tanto, destrucción masiva de empleo, y que la Administración pública y sus empleados tuvieran una situación de absoluto privilegio», aseguran fuentes socialistas a este diario.

En estos momentos, se debate entre la congelación salarial y la eventual bajada del 2% de sus retribuciones. Este descenso de nóminas liberaría más de 3.000 millones de euros. Además de este recorte salarial con carácter general del 2%, el Gobierno no descarta que los altos cargos de las Administraciones públicas, incluidos los ministros, se aprieten más el cinturón y prediquen con el ejemplo, con descensos de sus salarios de hasta el 15%, en función de sus retribuciones.

Esta medida, de aprobarse, supondrá, en la práctica, la anulación de la subida del 2% acordada por el Consejo de Ministros el pasado 21 de enero, que entró en vigor con carácter retroactivo desde 1 de ese mismo mes, y que afectó a todos los trabajadores de las Administraciones estatal, autonómica y local y a los del sector público empresarial. Este alza representó un gasto adicional de 3.212 millones de euros, cifra que ahora se plantea ahorrar el Ejecutivo con esta medida.

Paga extra

En los últimos años, los funcionarios han soportado varias congelaciones y dos bajadas de retribuciones. La última se aprobó en 2013, fecha en la que el Gobierno de Rajoy eliminó la paga extraordinaria de Navidad. Esta medida supuso un ahorro de casi 1.000 millones de euros. El Gobierno de Zapatero fue el primero en meter la tijera al capítulo I de Presupuestos, referido al gasto de personal. Los sueldos bajaron de manera progresiva entre el 0,56% y el 7%, en función de la nómina. Los miembros del Gobierno se recortaron los suyos el 15% y los directores generales, el 10%. Aunque ahora no figura en la lista de medidas que se estudian, fuentes del Ejecutivo no descartan más adelante tener que plantearse la supresión de una paga extra a los funcionarios, que se devolvería cuando la economía lo permitiera. Tampoco se descarta dejar en “el aire” la oferta de empleo público ya convocada y suspendida por las medidas sanitarias. Las únicas convocatorias que quedarían al margen de esta eventual decisión serían las de los servicios esenciales (sanidad, educación, fuerzas de seguridad del Estado...), así como acometer un adelgazamiento de la maquinaria de las administraciones públicas en aras a evitar las duplicidades existentes ahora.