El equipo económico de Sánchez calienta motores para los recortes

Cambio de estrategia tras meses negando la tijera. Tres ministros admiten la necesidad de ajustes y no descartan bajar el sueldo de los funcionarios. Las pensiones, también en el punto de mira

El equipo económico del Gobierno, encabezado por Nadia Calviño, ha abandonado el perfil bajo que mantenía desde finales de junio pasado para descender ahora en septiembre a la arena política e ir preparando el terreno social para los imprescindibles recortes que se avecinan en las cuentas públicas de 2021. Esa es la consigna y la estrategia diseñada por Pedro Sánchez con su círculo de confianza. Según confirman a este diario fuentes monclovitas, «se trata de ir calentando día a día los motores para hacer evidente la imperiosa necesidad de los recortes» que habrá que adoptar en los Presupuestos de 2021, después de que el tsunami que ha representado la pandemia de Covid-19 haya arrasado la economía española.

Esta estrategia responde al intento del jefe del Ejecutivo por evitar una contestación en la calle ante los inevitables ajustes que tendrá que adoptar, tras meses de negar la evidencia y descartar que se vaya a acometer recorte alguno. De paso, intentará que el mensaje cale entre las filas de su socio de Gobierno, Podemos, contrario a los ajustes. Para garantizar el éxito de la maniobra, en la misma sólo participan determinados miembros del equipo económico como Calviño, Montero y Escrivá, aseguran estas mismas fuentes. Sánchez ha optado por no hacer partícipe al resto del Gabinete de semejante encargo, con el fin de evitar declaraciones y contradeclaraciones y así conseguir que llegue a buen puerto la misión, que no es otra que lograr el respaldo parlamentario necesario para sacar adelante los Presupuestos antirrecesión, que incluirán las reformas demandas por Bruselas.

Y es que Sánchez es consciente de que si no comienza la senda de los recortes en las cuentas públicas que vienen, que deberán continuar, al menos, en las dos siguientes, España no recibirá los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo europeo de reconstrucción postcovid-19.

En este contexto, este jueves fue la primera exhibición de la puesta en escena para «vender» los recortes, después de semanas de mantener un perfil bajo todo el equipo económico para facilitar el diálogo en la sombra del Gobierno con los diferentes partidos políticos sobre los Presupuestos de 2021. Que no todos los miembros del Gabinete de Sánchez participan en este sanedrín fue más que evidente ayer. Mientras la vicepresidenta primera Carmen Calvo negaba cualquier recorte, incluido el de las nóminas de los funcionarios, en diferentes foros públicos, la vicepresidenta económica, la ministra de Hacienda y el titular de Seguridad Social defendieron la necesidad de acometer ajustes estructurales, al tiempo que advirtieron de la merma de ingresos fiscales sufrida como consecuencia del confinamiento de la población para frenar el avance del Covid.

A veinte días de que los Presupuestos del Estado de 2021 deban entrar en el Congreso de los Diputados para su tramitación, el Gobierno reconoció públicamente, por primera vez, que deberá meter la tijera en las nóminas de los funcionarios en las próximas cuentas públicas, tal y como adelantó LA RAZÓN el 24 de marzo pasado. Así lo dejó entrever Calviño durante una entrevista en Cope. Mientras, casi a la misma hora, el titular de Seguridad Social lanzaba el mensaje en Onda Cero de la necesidad de implantar medidas de ahorro y de acometer ajustes estructurales en determinadas áreas. De esta manera, sin citarlo, aludía a la reforma de las pensiones. El Gobierno estudia ahora la congelación de las mismas. Su revalorización en el 0,9% este año supuso un gasto extra de 1.400 millones.

Después de meses de descartar con contundencia recorte alguno, ayer la ministra de Hacienda admitió también que «el país se enfrenta a una situación muy complicada» y que, por ello, «debe estudiar todas las alternativas» sin descartar ninguna. De momento, según fuentes gubernamentales, el Gobierno baraja desde una congelación de las retribuciones de los empleados públicos hasta la aplicación de una bajada de las mismas del 2%, que afectará a las Administraciones estatal, autonómica y local y a las plantillas de los organismos autónomos y de las empresas públicas, es decir, a un total de 2,5 millones de empleados. Este descenso de nóminas liberaría más de 3.000 millones de euros y supondría, en la práctica, la supresión de la subida salarial aprobada por el Consejo de Ministros en enero pasado.