¿Está pensando en la jubilación anticipada? Esto es lo que quiere hacer el Gobierno para penalizarlas al máximo

El 99% se unificará al 8% por año cotizado de menos. La Seguridad Social solo baraja una excepción: los prejubilados por la crisis de 2008, a los que estudia suprimir su penalización

Que nadie se jubile antes de tiempo. Ese es el objetivo que ha marcado a fuego en su hoja de ruta el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que tras su comparecencia en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo el pasado martes ha decidido acelerar la configuración de la reforma estructural del sistema de pensiones –que presentará en las próximas semanas con un decreto ley en el Consejo de Ministros, haya o no acuerdo en la comisión–, en la que lleva trabajando con su equipo de técnicos de la Seguridad Social prácticamente desde su toma de posesión. Garantizar la subida con el IPC, eliminar del sistema los gastos impropios para equilibrar la balanza de las cuentas, apostar por la implantación de planes de pensiones colectivos, regular a los ingresos reales las cotizaciones de los autónomos y reducir al mínimo el porcentaje de jubilaciones anticipadas son las líneas maestras que seguirá la próxima reforma que será presentada en el Congreso.

Pacto de Toledo: No habrá más recortes a las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados

Pero es en este último punto, el de las jubilaciones anticipadas, en el que Escrivá tiene especial interés en corregir. «Está empeñado en reducirlas hasta hacerlas desaparecer. Su intención es que las penalizaciones sean tan grandes que todos desistan de intentarlo», explicaron a LA RAZÓN fuentes ministeriales. Su intención es regular el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores sobre la edad de jubilación.

Escrivá pretende que se cumpla en el 99% de las prejubilaciones un coeficiente de reducción de la pensión del 8% por cada año de menos trabajado, que ya está establecido así en la actual legislación, pero únicamente se aplica en el caso de los trabajadores con una base reguladora media –hasta 19.500 euros– y solo 36 años de cotización. Para los cotizantes de base media pero con más de 44 años de cotización, la penalización se reduce al 6,5%, mientras que los que cotizan sobre una base reguladora máxima –de más de 48.841 euros–, la reducción anual se queda en el 2%.

Escrivá quiere acabar con este sistema, que entiende es «muy injusto», pero en vez de igualar las reducciones por abajo –al 2%– lo hará por arriba –al 8%– y de forma generalizada, es decir, que a todos se les penalice al máximo, precisamente para lograr su objetivo: acabar con las jubilaciones anticipadas, que en la actualidad se encuentran en el 16% del total.

Prejubilados de la crisis

Únicamente un colectivo podría tener la opción de lograr que no se aplique la penalización: los trabajadores que fueron forzados a jubilarse anticipadamente por culpa de la crisis económica, principalmente la de 2008 –no se descarta incluir otros supuestos–. En su caso, estos pensionistas reclaman que al verse en la obligación de retirarse por la casuística empresarial del momento vieron mermados sus ingresos injustamente hasta un 8% anual, incluso hasta un 40% en algunos casos. El propio Escrivá ya reconoció que era «una anomalía que habría que corregir» y el Pacto de Toledo lo ha tratado en sus reuniones y hará una recomendación en su favor.

El miércoles pasado, una representación de este colectivo se reunió con representantes del Ministerio, a los que trasladaron sus reivindicaciones. Aunque no les confirmaron la posibilidad de que se diera marcha atrás a esas penalizaciones, fuentes ministeriales confirmaron a este periódico que «estamos estudiando la casuística de este problema, que es bastante compleja. Debemos esperar a las recomendaciones que nos haga el Pacto de Toledo, pero sabemos que la problemática existe y debemos encontrar una solución». Los sindicatos piden que, en el caso de las «víctimas involuntarias de la crisis», se tenga en cuenta la despenalización de los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas no voluntarias y para los despidos colectivos forzosos. Los afectados superan el medio millón.