Trabajo vuelve a la carga: prohíbe despedir hasta el 31 de diciembre

Este lunes se reanuda la mesa del diálogo social en la que Gobierno, patronal y sindicatos están negociando medidas relacionadas con la prórroga de los ERTE y sus prestaciones. El Gobierno presentará un nuevo borrador en el que no va a hacer demasiadas concesiones a las peticiones de sus interlocutores y se mantiene inamovible en su principales ofertas: proponer su extensión hasta el 31 de diciembre y limitar los de fuerza mayor a empresas de actividades económicas concretadas y especialmente afectadas por la pandemia y a los negocios que dependan indirectamente de ellas, pero también quiere reducir al 60% la base reguladora de la actual prestación que reciben los trabajadores en ERTE -en contra de los defienden los sindicatos de mantenerlo en el 70%- y pretende insistir en su intención de que se prohíba despedir tras los ERTE hasta final de año.

En este último punto, el Ministerio de Trabajo establece en su último borrador que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre el artículo 2 del real decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que el Ejecutivo fijó que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada por culpa de la pandemia “no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”. Este artículo -del que parecía haberse olvidado ante las duras críticas y las reticencias mostradas por la patronal, que denunciaba que eso implicaría una invitación al cierre a miles de empresas que se verán incapaces de mantener sus plantillas al completo- vetó los despidos objetivos con una indemnización de 20 días por año trabajado debido al Covid-19, pasando a considerarse despidos improcedentes, cuya indemnización alcanzaría 33 días por año o serían declarados nulos, por lo que las empresas no podrán prescindir de su plantilla, parcial o totalmente, salvo que decidan el cierre.

También extiende hasta el último día del año la interrupción del cómputo de los contratos temporales, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales afectadas por la pandemia. A su vez se amplía el derecho de adaptación y/o reducción de la jornada para el cuidado de menores, aparejado a reducción salarial, el conocido como ‘Plan Me Cuida’.

Trabajo mantiene que se prorrogue automáticamente los ERTE hasta el 31 de diciembre, pero sigue empeñado en que no se hagan de manera generalizada y sin limitación de tiempos -como piden patronal y sindicatos-, sino solo para empresas especialmente afectadas por la pandemia y aquellas cuya actividad se recoja en la norma, pendientes de concretar, así como aquellas cuyo negocio dependa en su mayoría de empresas incluidas en los mismos o que formen parte de la cadena de valor de estas. Según el texto -recogido por Europa Press-, se entenderá por empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor, y por tanto podrán continuar con un ERTE de fuerza mayor, aquellas cuya facturación, durante el ano 2019, se haya generado, al menos, en un 50%, en operaciones realizadas de forma directa con empresas sí incluidas en ellos. El planteamiento de Trabajo es un modelo de “protección diferencial”, no sectorial, que pasa por mantener los llamados ‘ERTE de rebrote’ para todos los sectores y empresas afectados por un rebrote, en paralelo un incremento de la protección para los que más tiempo lleven en ERTE por la pandemia, como aquellos que lleven más de seis meses.

El documento de borrador entregado esta semana por Trabajo a los agentes sociales recoge el fin del contador a cero, una medida rechazada por la patronal y los sindicatos al suponer que las prestaciones que consuman los afectados por ERTE restarían para periodos futuros de paro. “Cuando los trabajadores que, una vez finalizado el ERTE, accedan a una prestación contributiva por haber extinguido una relación laboral antes del 31 de diciembre del 2021, verán reducida la duración del nuevo derecho en tantos días como hayan percibido de prestación durante el ERTE desde el 1 de octubre”, según establece el borrador.

Por el contrario, el borrador no especifica los nuevos esquemas de bonificaciones ni el porcentaje sobre la base reguladora que mantendrán las prestaciones de los trabajadores afectados por un ERTE a partir de los 180 días, que con el esquema actual bajará del 70% al 50%, tratándose de una de las principales preocupaciones y reivindicaciones de los sindicatos ,que piden su mantenimiento. Sí contempla una prestación extraordinaria por fin de campaña que se reconocerá a las personas con contrato fijo discontinuo que hayan estado afectadas, durante el último periodo teórico de llamamiento, por un ERTE y su abono por periodos mensuales y en idéntica cuantía que la prestación por desempleo que la persona afectada hubiera estado percibiendo durante el expediente de regulación temporal de empleo.

La duración de esta prestación extraordinaria se extenderá desde el fin de la afectación por el expediente referido, coincidente con el día de inicio del periodo de inactividad, hasta el 31 de diciembre de 2020. El reconocimiento de esta prestación exigirá la presentación por parte de la empresa de una solicitud colectiva de prestaciones extraordinarias por fin de campaña, que incluirá a todas las personas con contrato fijo discontinuo que dejen de estar afectadas por el expediente temporal de regulación de empleo.

Las quejas de la patronal se centran en que se trata de un documento que no garantiza que se vaya a dar cobertura a todas las empresas que lo necesitan, puesto que se reduce el marco de cobertura de las ayudas, plantea una primera sectorialización en esta nueva fase de extensión de los ERTE y no se garantiza la extensión hasta al menos el mes de abril, además de fijar que computen para el paro.

Los sindicatos tampoco se sienten identificados con el texto. Fuentes sindicales señalaron a EP que ven “interesante” el documento, aunque han mostrado reticencias al borrador al no recoger “nada de lo planteado en Mallorca”, cuando se constituyó el diálogo para prorrogar los ERTE, y por quitar además el contador a cero y la imposibilidad de despedir tras los ERTE.