Lo que sabemos hasta ahora de la reforma de las pensiones que prepara el Pacto de Toledo

El Pacto de Toledo entra en una fase crucial para presentar una acuerdo definitivo con sus recomendaciones. Se les acaba el tiempo a los partidos políticos con representación parlamentaria si pretenden que sus consideraciones sean tenidas en cuenta de cara a los Presupuestos Generales de 2021, que el Gobierno pretende se presenten este mismo mes. Aunque las coincidencias son muchas, todavía existen algunos puntos de fricción en las conversaciones, aunque, fuentes de la comisión confirmaron a LA RAZÓN que el acuerdo es casi total en el 80% de los puntos de discusión. Pero hay que recordar que sus recomendaciones no son vinculantes, por lo que el Gobierno puede tenerlas en cuenta o no. Estos son los diez principales puntos en los que todos los partidos están de acuerdo:

• Revalorización anual garantizada de las pensiones. La intención hacerlo en relación con el IPC, aunque todavía hay puntos de discusión sobre cómo ajustar esta medida sin que incida directamente en el déficit de la Seguridad Social y se asegure la sostenibilidad del sistema.
• Reordenar la financiación de la Seguridad Social para atajar el déficit estructural del sistema. Todos los grupos apoyan la modificación de la estructura financiera de ingresos y gastos de la Seguridad Social para que no se incluyan gastos impropios que no deberían costearse con cotizaciones sociales. Pero la diferencia que separa el acuerdo está en la forma de hacerlo. En sus comparecencias, tanto el ministro José Luis Escrivá como los representantes del Banco de España y la Airef manifestaron que su apoyo a esta medida.
• El Pacto de Toledo baraja la eliminación de las restricciones y penalizaciones sobre las jubilaciones anticipadas para los pensionistas que tienen más de 40 años cotizados, para los que estudian solicitar la eliminación de los coeficientes reductores. El ministro Escrivá ha enfriado del todo esta posibilidad, ya que pretende elevar las penalizaciones al 8% en el 99% de los casos.
• Frenar las jubilaciones anticipadas. El ministro Escrivá reconoció ante la comisión que su intención que que esta posibilidad sea residual. En la actualidad alcanza el 16% de total, situación que el ministro cree que es inviable si se prolonga en el tiempo. Por ello ha propuesto que todas ellas -al menos el 99%- sean gravadas al 8% para desincentivar a los trabajadores que se lo planteen. Solo estaría estudiando hacer una excepción con las prejubilaciones involuntarias por fuerza mayor o por culpa de las crisis económicas.
• Incentivar el retraso de la jubilación con un plan de mejoras fiscales e incentivos económicos, que puede llegar hasta una mejora de la cuantía final de la prestación de hasta un 2%. También han atendido la propuesta de de Escrivá de que se refuercen los vínculos de compatibilidad entre pensión y trabajo, que permitan la prolongación de las carreras profesionales que quien lo desee. La intención es que la edad efectiva del retiro se acerque hasta confluir con la edad oficial.
• Elevar la cuantía de las pensiones mínimas y de viudedad con “cautela y progresividad”, señalan las mismas fuentes. Están estudiando que la subida en la base reguladora se financie mediante transferencias del Estado y sacarlo de las cuentas de la Seguridad Social.
• Uno de los temas más polémicos es el periodo de cálculo de la pensión respecto a la vida laboral, y que se amplíe más allá de los 25 años. Según la última reforma de las pensiones, este año se aplicará un cálculo transitorio de 23 años y en 2021 será un año más. Fuentes ministeriales reconocen que se están estudiando varias fórmulas, como compensar las revalorizaciones cada cinco años evitar el impacto de los años con un IPC negativo.
• El Gobierno ha dejado claro que pretende incentivar los planes de pensiones privados, pero incentivando los planes colectivos sobre los individuales. A estos últimos pretende reducirles al máximo las ventajas fiscales de las que pudieran gozar. Escrivá anunció ante la comisión que su equipo de trabajo ya está revisando el sistema actual de previsión complementaria, en línea con la recomendación 16 del borrador de recomendaciones, que ha hecho tanto el Pacto de Toledo como la Airef.
• Garantizar la mejora de la pensión de lo autónomos con un cambio del sistema de cotización a uno por tramos en función de los ingresos reales, que Escrivá defendió como más justo y sostenible en el tiempo. Este anuncio ya ha contado con la oposición de la mayor asociación de este colectivo, ATA, que defiende que este sistema no sería “ni operativo ni práctico”, ya que Hacienda solo dispone de los rendimientos netos de muchos autónomos 18 meses después del cierre del ejercicio fiscal, por lo que la cotización se establecería sobre unos rendimientos que no corresponderían e la mayoría de los casos con la actividad del año en el que se cotiza.
• La inclusión de parte de los gastos extra de la Seguridad Social en los Presupuestos Generales de 2021 para reequilibrar el sistema y que no afecte a la sostenibilidad de las pensiones, ya que las prestaciones extraordinarias asumidas por la Seguridad Social para afrontar la pandemia deben transferirse al Estado y pagarse con fondos europeos y emisión de deuda.