¿El fin de las pensiones de las clases pasivas?

El PP quiere evitar que el Pacto de Toledo dé luz verde a la “convergencia” de las prestaciones de 650.000 empleados públicos con las del régimen general

El traspaso de la gestión de las pensiones de más de 650.000 empleados públicos adscritos al régimen de clases pasivas desde el ministerio de Hacienda a la Seguridad Social, que se hará efectivo en principio el próximo 6 de octubre y que busca integrar todas las pensiones públicas en el departamento que dirige José Luis Escrivá genera cierta desazón entre este colectivo. Aunque Escrivá ha tratado de desmentir posibles congelaciones o incluso recortes que se aplicarían ahora a estas pensiones, en caso de que hubiera un “tijeretazo con carácter general” para todo el sistema, lo cierto es que, pese al régimen transitorio al que quedan de momento sujetas las clases pasivas, estas quedan bajo el paraguas de la Seguridad Social.

Este régimen transitorio permite que cualquier trámite de las prestaciones quede aún bajo competencia de dos direcciones generales: la de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda -en el caso de las pensiones causadas por funcionarios civiles- y la de Personal-Área de Pensiones del Ministerio de Defensa -para militares y guardias civiles-.

Los funcionarios de las clases pasivas, un régimen a extinguir que no admite más trabajadores desde 2011, temen perder con el tiempo ciertos privilegios adquiridos y la independencia de su capacidad de negociación al margen del resto del sistema de pensiones, ya que sus prestaciones dependen de los Presupuestos Generales del Estado. Entre las distinciones con el Régimen General figuran los requisitos para acceder a la prestación por jubilación.

También son diferentes los requisitos para acceder a una jubilación anticipada, que en el caso de los funcionarios está disponible a partir de los 60 años si han trabajado para el Estado un mínimo de 30. Los trabajadores asalariados pueden jubilarse dos años antes de lo que legalmente le corresponda en cada momento sólo si ha cotizado al menos 35 años. Además, al menos dos de ellos deberán estar incluidos en los 15 anteriormente posteriores al momento de hacerse efectiva la jubilación.

Ante esta situación de incertidumbre y dado que el Pacto de Toledo recomienda que estas pensiones vayan convergiendo a las del Régimen General, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado una ronda de contactos con los portavoces de los Grupos Parlamentarios presentes en la Comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo para exigirles que se mantenga el actual régimen de jubilación de las clases pasivas.

Según CSIF, los portavoces del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Cabezón Casas y Carmen Riolobos Regadera, han transmitido el firme compromiso de su partido en la defensa del régimen de clases pasivas: “El PP no va a permitir ninguna merma de derechos de régimen de clases pasivas, garantizando con ello los derechos adquiridos de los trabajadores públicos”.

Muestra de dicho compromiso es el recurso interpuesto por su Grupo Parlamentario ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 15/2020 que introduce la modificación sobre las competencias de clases pasivas. El PP exigirá a la Comisión del Pacto de Toledo la supresión de la propuesta sobre la convergencia del régimen de clases pasivas con las condiciones del régimen general.