El Gobierno falsea 3.800 millones de los ERTE, según los empresarios

ATA afirma que el coste mensual ronda los 1.200 millones, Montero dice que son 5.000

Con apenas con 24 horas de diferencia desde que María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, asegurara con rotundidad –y con una horquilla imprecisa de 500 millones arriba y abajo– que el coste mensual de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) suponen entre 4.500 y 5.000 millones de euros, según el mes, la sombra de la duda envuelve ya a estas cifras. Y es que, a los empresarios no les cuadran los números por nada menos que entre 3.300 y 3.800 millones de euros al mes.

La sombra de la sospecha de que se están inflando los números de los ERTE llega en plena disputa entre el Gobierno de coalición y los sindicatos y empresarios por la nueva prórroga de los ERTE, que se complica más y más con cada renovación y que, más y más, acerca posturas entre los segundos y abre brechas con el Ejecutivo en una semana decisiva llena de encuentros entre las partes para tratar de cerrar un acuerdo esta misma semana.

Un acuerdo que parece lejano a tenor de las denuncias realizadas ayer por los empresarios, que han pedido al Gobierno que detalle el coste que supone los ERTE, tanto en prestaciones como en las bonificaciones a la Seguridad Social, para poder seguir negociando su ampliación.

Aunque el Ministerio de Trabajo afirma que la patronal dispone de esos datos desde el inicio de las negociaciones, a los empresarios siguen sin cuadrales los números y aseguran con rotundidad que el coste de los ERTE es «muy inferior» a esos 4.500-5.000 millones que asegura el Gobierno. Los empresarios «tienen dudas» de que los datos que les ofrece la Seguridad Social «sean reales». La patronal denunció ayer que «los hemos pedido y no nos los dan», lo que impide conocer con exactitud cuánto gasta el Estado en exoneraciones de las cotizaciones de las empresas afectadas y cuánto en prestaciones de sus trabajadores.

Según el programa de estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas el pasado 30 de abril, las prestaciones asociadas a los ERTE iban a tener un impacto presupuestario de 17.840 millones de euros y las exoneraciones en las cotizaciones, de 2.216,2 millones, antes de su prórroga.

Ante la creciente desconfianza, el presidente de ATA y vicepresidente de la patronal CEOE, Lorenzo Amor, fue más lejos al afirmar en un tuit lo siguiente: «800.000 trabajadores en ERTE con la prestación y exoneración de Seguridad Social tiene un coste aproximado para las arcas del Estado de 1.200 millones de euros al mes. ¿Cómo se puede decir que el coste de los ERTE son entre 4.000 y 5.000 millones? ¿Qué se está computando ahí?

Fuentes del departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migración indicaron a este diario que «se han facilitado todos los datos solicitados por los agentes sociales, no solo ahora, sino en todo el proceso de negociación». Sin embargo, se apostilla que «en el caso de que los datos no estén disponibles, se les harán llegar cuando se tengan».

Las mismas fuentes afirmaron a LA RAZÓN que el coste al que se refería la ministra de Hacienda hace referencia al gasto «de toda la protección para empresas y trabajadores» y que, además, se incluyen el pago de otras prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados.

El rifirrafe se inscribe en el desencuentro entre Gobierno y sindicatos y patronal sobre las exoneraciones. Las organizaciones empresariales y sindicales tienen posturas «bastante cercanas» sobre la necesidad de reorientar las exoneraciones de cuotas en los trabajadores que se quedan en el ERTE y no en los que salen, así como en mantener la base reguladora de la prestación en el 70% aunque se reciba durante más de seis meses (a partir del sexto mes baja al 50%).

Los sindicatos también están en contra de que se excluyan sectores, de que los trabajadores protegidos consuman tiempo de desempleo tras 180 días y de que se elimine la prohibición de despedir hasta seis meses después de la vuelta a la actividad.