Lo que (no) necesita España

España atraviesa una de las épocas más tristes y preocupantes de su historia. A una crisis sanitaria sin precedentes se suma el descalabro de la economía y el deterioro de unas instituciones que no están a la altura de las circunstancias. Mientras tanto, Gobierno y oposición parecen ir a por uvas, pero no precisamente a vendimiar.

Guiados exclusivamente por sus intereses cortoplacistas, han dinamitado todo puente que debe tenderse para acercar posturas y entenderse en una situación tan crítica como la actual. Prueba de ello es que las cuentas públicas continúan en el aire a escasos días para que venza el plazo legal que establece la Constitución para que el Gobierno presente a las Cortes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Unos PGE que deberían supeditarse al criterio establecido desde Bruselas para la concesión de los fondos europeos aprobados para la reconstrucción social y económica de los países comunitarios. Y cuyo reparto promete ser la madre de todas las batallas. Porque si en cada casa cuecen habas, en la nuestra están que arden.

Y en este contexto tan poco halagüeño, ¿quién se acordará de los agricultores, utilizados tantas veces como moneda de cambio en toda política supranacional? ¿Quién defenderá nuestros campos y nuestras tierras, de las que comemos, bebemos y, a la postre, vivimos? Valga como ejemplo el injusto recorte de la PAC.

Ayuda de Bruselas

Desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) hemos reclamado un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas ante el reparto de los fondos europeos, que debería incluirse en el programa de reformas que el Gobierno debe remitir a Bruselas el próximo mes de octubre.

No es la primera vez que clamamos por aprovechar las ayudas comunitarias para resolver los déficits específicos que sufre España en cuanto a infraestructuras hídricas. Y es que, por iluso que pueda parecer por su poca voluntad de entendimiento, los partidos políticos tendrían que alcanzar un Pacto de Estado que permita llevar adelante sin trabas todas las actuaciones que ya están contempladas en los diferentes planes de cuenca vigentes y en los que se incluyen las obras de regulación y las actuaciones de modernización de regadíos correspondientes, dado que son las medidas que más pueden contribuir hoy por hoy a optimizar el consumo de agua.

España requiere que el Gobierno realice un uso responsable de los recursos procedentes desde Europa y que los haga pivotar sobre ejes de actuación tan prioritarios como la transición ecológica o la cohesión social y territorial. Objetivos para los que, sin lugar a dudas, el papel de las infraestructuras hídricas resulta determinante.

La industria agroalimentaria representa más del 15% del PIB y da empleo a más de un 4% de la población activa, sin contar los ocupados en el sector agroindustrial y de servicios agrarios. Es decir, sirve como motor para la creación de puestos de trabajo, especialmente en las zonas rurales y despobladas. De ahí que recientemente pidiéramos al Gobierno que en los próximos PGE destine 10.000 millones de euros al regadío, es decir, la mitad de la partida que se anunció para Desarrollo Rural. Ese dinero serviría para modernizar el casi millón de hectáreas aún pendiente y, con ello, evitar el vaciado de esa otra parte de España, puesto que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que 13 de las 15 provincias que más habitantes han perdido durante los diez últimos años son aquellas que menos superficie regada tienen.

Además, el abordaje del reto demográfico también contribuiría a esa, no menos importante, tarea de encaminarse hacia una transición ecológica, en la medida en que el regadío constituye un auténtico sumidero de dióxido de carbono. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aprovechó el discurso anual del estado de la Unión para reforzar la lucha contra el cambio climático, anunciado un incremento de hasta el 55% la reducción de gases de efecto invernadero para 2030 y prometiendo una estrecha vinculación de los fondos de reconstrucción con los objetivos verdes.

Así pues, ¿por qué no abandonar los discursos de trazo grueso y centrarse en la búsqueda del bien común?, ¿por qué no dejar al margen cualquier interés localista o partidista y prestar atención a lo que realmente necesitamos? Porque si Gobierno y oposición no muestran ningún viso de entendimiento, la contaminación política del agua ha derivado en una maraña normativa con 17 leyes de aguas y 17 administraciones hidráulicas diferentes. Las injerencias políticas en el proceso de planificación han generado una “auténtica Torre de Babel” donde cada territorio habla su propio lenguaje, estableciendo el reparto del agua en función de intereses políticos y no técnicos como correspondería, y saltándose en algunos casos incluso la Constitución.

Por ello, y ante los mayúsculos retos que se avecinan, convendría elevar el agua a cuestión de Estado, desarrollar un nuevo Plan Hidrológico Nacional y sellar un pacto de reconstrucción basado en el campo y contra la despoblación. Así que, señores políticos, guarden sus afilados cuchillos y entiéndanse. Hay mucho por hacer y España lo necesita.