El Banco de España critica la ausencia de incentivos para retrasar la jubilación

El Banco de España lo tiene claro: la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo está en entredicho si no se toman medidas y se afrontan “reformas estructurales”, sobre todo en un contexto económico “complicado” por culpa de la pandemia -estimó en el peor de los escenarios una caída del PIB del 12,6% y una deuda pública del 120% este año-. Así de contundente se mostró durante un encuentro informativo organizado por la Fundación Edad & Vida el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, que consideró que la mejora del sistema debe pasar por optimizar la tasa de empleo y por realizar cambios que reduzca el gasto del sistema. Y puso sobre la mesa varias propuestas como incrementar ingresos a través de las cotizaciones sociales -aunque reconoció que son las más altas de la UE-, subidas algunas figuras impositivas -aunque debe de hacerse “con criterio” porque puede “incidir negativamente en el mercado laboral”- y retardar las jubilaciones -como “ya se hace en varios países de nuestro entorno”, defendió-.

A pesar de que las reformas aprobadas en 2011 y 2013 supusieron un “avance sustancial” para garantizar la sostenibilidad financiera, Arce recordó que la suspensión de algunos elementos de estas reformas -como la supresión de la tasa de sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones- hace necesario introducir nuevas medidas, más allá de la mejora del empleo, puesto que esto solo compensaría parcialmente la presión demográfica. Arce defendió que el Banco de España “no tiene nada que objetar” a estas decisiones, pero sí que reclamó que los legisladores deben establecer la financiación de esta medida “de manera creíble, con certeza y estabilidad”. Basándose en datos publicados por la Airef, defendió que si la tasa de empleo alcanzase el 80% en 2050, frente al 60% en 2019, reduciría el aumento del gasto en pensiones por el facto demográfico entre un 50% y un 73%, y el gasto en pensiones bajaría en 4,5 puntos, frente al aumento de 7,7 puntos debido al a demografía. Estas proyecciones apuntan hacia un aumento sustancial de la tasa de dependencia, desde el 30% actual hasta una horquilla aproximada del 50-70% en 2050, augurando un incremento del gasto en pensiones de entre 3,2 y 5,1 puntos de PIB en 2035 y entre 5,5 y 10,6 puntos porcentuales en 2050, apuntó.

Respecto a prolongar la carrera laboral, consideró que en la actualidad “no hay suficientes incentivos para permanecer en el mercado laboral más allá de los 65 años”, situación que “debe mejorar sustancialmente” si se quieren alcanzar las cifras que en este sentido manejan otros países de nuestro entorno. Por ello, pidió que en las recomendaciones que haga el Pacto de Toledo y los planes que ya está estudiando el Ministerio de Seguridad Social tengan en cuenta esta mejora. A juicio de Arce, retrasar la edad de jubilación es un “mecanismo muy potente para equilibrar ingresos y gastos del sistema”, y recordó que la Airef ha estimado que cada año de retraso de la edad efectiva de retiro reduciría el gasto en pensiones en 2048 entre 0,4 y 1,2 porcentuales de PIB.

Para el directivo del Banco de España, el desafío que plantean las jubilaciones a largo plazo están definidas por factores tan inevitables como una demografía que hace que mientras hoy hay una persona mayor de 65 años por cada tres trabajadores en activo, en el año 2050 la relación será de “una a dos personas o menos de dos”. Por ello, al igual que en el caso del retardo de la jubilación, pidió también que se revisen los incentivos y se mejore la fiscalidad de los productos y fondos diseñados para acumular ahorro a largo plazo con vistas a la jubilación para hacerlos más atractivos. En línea con la postura que el ministro José Luis Escrivá planteó a la comisión del Pacto de Toledo, sugirió que se debería reflexionar sobre el régimen de comisiones de los planes privados. Recordó que las actuales deducciones por aportaciones “se acaban concentrando en los declarantes con mayor nivel de renta” y “no tienen impacto significativo sobre nuevo ahorro”, sino que sus titulares “dejan de ahorrar en instrumentos con menos incentivos” para realizarlo en dichos productos y se atrevió a proponer que, con los incentivos adecuados, podría promoverse un ahorro a largo plazo -ya sea para la jubilación de manera individual o en el seno de la empresa-, para que estos instrumentos de ahorro o inversión "no solo funcionen por tener un incentivo fiscal”.

Precisamente, en el ámbito fiscal, Arce ha planteado la opción de eliminar el tope máximo de cotización, lo que tendría “un potencial recaudatorio alto", pero podría afectar negativamente a la demanda de trabajo y generar un aumento del gasto de pensiones a futuro, de elevarse conjuntamente el tope a la pensión máxima. “No lo fiemos todo al ámbito fiscal”. Dado que tocar las cotizaciones sociales no parece positivo ya que están por encima de la media de la UE, Arce defendió que un incremento impositivo puede ser una alternativa, si bien afectaría a toda la población, incluyendo a los propios pensionistas e implicaría cambios en el carácter contributivo del sistema de pensiones. “El Gobierno debe calibrar muy bien este tipo de medidas”, advirtió.

Por otro lado, ha recordado que se está planteando la posibilidad de alargar más los años para el cálculo de la base reguladora, y avisa de que eso provocaría, en “términos generales”, una reducción de la pensión media, pero que situaría a España en línea con otros países del entorno -como Finlandia, Polonia, Portugal o Suecia-, que ya lo aplican en sus propios sistemas.

Arce recordó que el Gobierno también tiene la opción de apostar por un modelo de “cuentas nocionales”. Este sistema, reconocido por muchas instituciones como el más justo, se basa en que cada trabajador va cotizando a un fondo personal al que se sumaría el rendimiento neto de ese dinero acumulado, en línea con el modelo que se ha implantado en Reino Unido, y que según reconoció el propio representante del supervisor bancario “proporciona una relación más estrecha entre cotizaciones y pensiones, aumenta la transparencia en la determinación de los derechos de pensión y favorece la toma de decisiones prudentes por parte de los individuos". Pero también tiene un pero: que no elimina “per se la disyuntiva entre la suficiencia y los recursos disponibles del sistema público de pensiones, ni la incertidumbre asociada a las variaciones de las rentabilidades (nocionales) esperadas del sistema", sostuvo Arce.