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El Gobierno aprueba casi con el año acabado las pautas para subir los salarios en las empresas públicas

Compañías como Correos, Paradores o Aena podrán ahora negociar los incrementos con los trabajadores

Recursos del Edificio de Aena Piovera Azul
Fachada del edificio de Aena Piovera Azul, sede central de la empresa, en MadridRicardo RubioEuropa Press

El Gobierno ha dado por fin luz vez al procedimiento para subir los salarios de los trabajadores de empresas públicas como Aena, Correos o Paradores. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha aprobado las pautas que permitirán a las empresas públicas negociar la extensión a sus empleados de la subida salarial del 2% de 2020 ya aplicada a los funcionarios. Fuentes del Ministerio de Hacienda han asegurado a Efe que con la aprobación de esas pautas se inicia el procedimiento para llevar a cabo la revalorización salarial, reclamada desde los sindicatos.

Tal y como ha publicado en su edición de hoy LA RAZÓN, la subida de los sueldos de este ejercicio de los 80.000 trabajadores que componen las plantillas de estas empresas estaba bloqueada a pesar de que apenas restan tres meses para concluir el ejercicio. Los sindicatos, en especial CSIF, habían denunciado que el departamento de dirige María Jesús Montero tenía bloqueada la subida aunque se aprobó en el marco del acuerdo alcanzando en 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy y los sindicatos para elevar en sucesivos años los emolumentos de los empleados públicos. Desde Hacienda, sin embargo, explicaban la pasada semana que el procedimiento para comenzar la negociación colectiva para incrementar estos sueldos se iba a iniciar “en breve”. Y hoy se ha conocido que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos por fin ha dado vía libre al aumento.

La cantidad pendiente de abonar, según los cálculos de CSIF, supone una subida fija media de unos que ronda los 500 euros anuales por cada trabajador, lo que, en términos globales, arrojaría una cantidad cercana a los 40 millones de euros en un contexto de fuertes estrecheces para las arcas públicas. Como sucede con los funcionarios, los empleados de las empresas públicas también arrastran una importante pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. CSIF calcula que oscila entre el 12,9 y el 17,9% desde 2010.