El Gobierno ofrece exoneraciones del 80% solo a los sectores paralizados para prorrogar los ERTE hasta enero

El Gobierno y los agentes sociales retoman hoy las negociaciones para prorrogar las ayudas a los trabajadores y empresas más afectas por la crisis con posturas más alejadas que nunca y tras el acuerdo alcanzado sobre el teletrabajo. El Ministerio de Trabajo ha ofrecido a los agentes sociales exoneraciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social superiores al 80%, para aquellos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de los sectores más afectados por la pandemia, siempre que demuestren una importante caída de su facturación, aún por precisar.

Trabajo considera que con estas condiciones quedarán cubiertos la mayoría de los 700.000 trabajadores que siguen cubiertos por los ERTE del Covid.

Se mantiene la flexibilidad para los ‘ERTE de rebrote’, aquellos que se formulan cuando, por causa de un rebrote de contagios de Covid, las empresas se ven obligadas a paralizar o recortar su actividad.

Las exoneraciones de cuotas y la ‘sectorialización’ de los ERTE son ahora mismo los principales escollos para llegar a un acuerdo en la negociación sobre los ERTE, según señala Europa Press.

Sindicatos y patronal están en contra de enfocar los ERTE sólo hacia determinados sectores y de exonerar en mayor medida las reincorporaciones de trabajadores que salen de ERTE en lugar de centrarlas en los que se quedan.

De acuerdo con datos de la Seguridad Social, a 31 de agosto se encontraban en ERTE por fuerza mayor algo más de 660.000 trabajadores, en tanto que cerca de 149.000 estaban en ERTE por causas técnicas, organizativas, económicas y de producción (ETOP).

Las actividades con más trabajadores en ERTE son los servicios de comida y bebidas, con casi 150.000 afectados, y los servicios de alojamiento, con algo más de 104.000.

Les siguen el comercio minorista (unos 66.000 afectados por ERTE), el comercio mayorista (54.000), la educación (35.000, pero antes del inicio del curso escolar), y las agencias de viajes y operadores turísticos, así como las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, con algo más de 25.000 afectados cada una.

Está por ver qué sectores concentrarán finalmente la protección por ERTE. La negociación todavía está abierta y los agentes sociales aún tienen que estudiar con detalle la última oferta del Gobierno.

Hasta final de enero

Aunque tanto sindicatos y empresarios preferirían no poner fecha de caducidad a los ERTE en vista de la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, el Ejecutivo, por boca de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha avanzado su intención de que esta prórroga dure al menos hasta el fin de la campaña de Navidad (se baraja el 31 de enero como fecha tope).

Pese a las incógnitas que aún rodean la negociación en determinados puntos, ya se sabe que el Gobierno tiene intención de mantener la prestación asociada a los ERTE del coronavirus en el 70% de la base reguladora una vez transcurridos seis meses; que no eliminará el llamado ‘contador a cero’ y que mantendrá la cláusula de salvaguarda del empleo de seis meses.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer que las partes “no pararán” hasta alcanzar un acuerdo que prorrogue los ERTE más allá del 30 de septiembre y se mostró “esperanzada y convencida” de que este pacto se conseguirá.

En todo caso, Díaz envió ayer un “mensaje de confianza” en que los ERTE tendrán continuidad a partir de octubre, aunque ha reconocido que el mecanismo que se ideó para los llamados ‘ERTE de rebrote’ “puede no servir” para situaciones como la que se está viviendo en Madrid.

Así, pues, los negociadores darán una vuelta a los ERTE de rebrote para adaptarlos a la situación actual y, según la ministra, no tendrán plazo dado que se desconoce cuándo terminará la pandemia.

Díaz ha indicado que los agentes sociales serán los que determinen el plazo de vigencia de esta nueva prórroga, pero sí ha adelantado que habrá algunas medidas, como los llamados ‘ERTE de rebrote’, que “no tendrán plazo”. Para otras medidas, serán los agentes sociales los que determinen la vigencia, según Díaz.