El Estado perderá 850 millones por subir el IVA a la Sanidad y la Educación privadas

El Fisco recaudaría 3.457 millones de euros con la aplicación de un IVA del 21% a ambas actividades, pero tendría que asumir unos costes de hasta 4.306 millones por el trasvase de usuarios a los servicios públicos

El Gobierno tiene muy avanzados los presupuestos. En ellos, el borrador actual incluye una subida impositiva contraproducente para las propias arcas del Estado, algo nunca visto hasta la fecha. Y es que el Ejecutivo estudia desvestir a un santo para vestir a otro con la posible subida del IVA al 21% para la Sanidad y la Educación privadas, que le costaría más a las arcas públicas de lo que se recaudaría por su aplicación. ¿Cómo es posible? Porque al pasar de las actuales exenciones en ambos sectores a la aplicación de ese 21% se provocará un trasvase de usuarios de la sanidad y educación privadas a las públicas, lo que generará un aumento notable del gasto para el Estado.

Así lo estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en una reciente evaluación sobre el gasto público y, en concreto, sobre los beneficios fiscales, en el que se abordaban las implicaciones de retirar las exenciones del IVA a la Sanidad y la Educación privadas y aplicar un 21%.

La AIReF considera que establecer un IVA del 21% a la sanidad privada supondría un aumento de la recaudación de 1.763 millones de euros, pero en cambio la traslación de parte del consumo sanitario privado por servicios financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) supondría alrededor de 2.145 millones de euros, con lo que el resultado de fijar un IVA del 21% a la sanidad privada dejaría un saldo negativo para las arcas públicas de 382 millones de euros.

La evaluación de la Autoridad Fiscal advierte de que estos datos dependen de qué parte de la demanda privada sea absorbida por el sistema público. «Dado que el objetivo del beneficio fiscal es reducir los precios de las prestaciones de servicios esenciales y favorecer el acceso universal de la población a la protección sanitaria, es razonable plantear un escenario en que la exención del IVA sanitario se mantenga para aquellos servicios que, considerándose esenciales, no están cubiertos públicamente (básicamente, la atención odontológica para adultos). Si se plantea el escenario de exención parcial, el aumento neto de recaudación sería inferior al estimado inicialmente».

Asimismo la AIReF señala que se debe descontar «el IVA repercutido estimado para los servicios odontológicos y, por otro, calcular el IVA soportado en las compras e inversiones de los proveedores de estos mismos servicios, que se mantendría como no deducible». En este sentido, se recuerda que en 2017, el gasto en atención dental supuso el 41,43% del gasto sanitario privado.

Este porcentaje, aplicado a las estimaciones de IVA repercutido y soportado para dicho año, permite cifrar el aumento neto de recaudación en 2017 en 1.127 millones de euros.

En definitiva, la propia AIReF reconoce que el coste de aplicar un 21% de IVA a la sanidad privada será mayor en 382 millones, pero con datos relativos a 2017, que son los que se toman para realizar los cálculos. Sin embargo, estas cifras podrían dispararse aún más si tenemos en cuenta la actual presión sanitaria sobre el servicio público y, por tanto, el mayor gasto que soporta como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Además, varias asociaciones sanitarias han advertido de la inoportunidad de la medida por dos razones claras. La primera, porque en la actual situación de crisis, un encarecimiento de los costes en la sanidad privada hará que muchas familias no puedan afrontar esos pagos y se trasladen en mayor medida a la sanidad pública. La segunda, que con la presión que afrontan los centros de salud y hospitales públicos no parece el mejor momento para sobrecargarlos con los actuales usuarios que van por la privada.

En este contexto, el Gobierno no tiene aún claros los beneficios de la aplicación de esta subida y podría dejar en suspenso la medida o rebajarla de ese umbral impositivo del 21%.

Respecto a la educación, la evaluación de la AIReF toma en consideración datos correspondientes a 2016. Según el análisis realizado, el incremento neto de la recaudación como consecuencia de la imposición de un 21% de IVA a la Educación privada ascendería a 1.694 millones de euros. De nuevo, los costes estimados para las arcas públicas del posible trasvase de usuarios a la educación pública dependerá de lo que denomina «elasticidad de la demanda». En cualquier caso, en este caso la AIReF vuelve a remarcar que el coste sería superior a los ingresos, en concreto alcanzaría los 1.891 millones pero podría irse hasta los 2.161 millones en el escenario más adverso para las arcas públicas. En este caso, el agujero para el Estado sería de hasta 467 millones.

Pero de nuevo hay que recordar que la AIReF toma datos de 2016 y que, con el actual desplome de los ingresos de las familias y las empresas, es seguro que con la crisis actual el trasvase de usuarios de la educación privada a la pública sea todavía mayor de lo esperado en su peor escenario por la Autoridad Fiscal si se sube el IVA al 21% en la Educación.

La Sanidad privada, exenta en toda la UE

Las exenciones a ambos sectores son generalizadas en los países de la UE. La sanidad privada está exenta en todos los países y la educación, en la mayoría. Grecia la ha eliminado recientemente, mientras que Italia solo la aplica para la educación primaria y secundaria.

Con estos resultados, la AIReF califica el impacto positivo de dicha subida del IVA de «no concluyente» ya que el mayor ingreso obtenido por el Estado, como resultado de la eliminación de las exenciones, «podría ser compensado por un mayor coste» siempre que una elevada proporción de la demanda ahora satisfecha por el sector privado se trasladase al sector público.

Esta medida afecta a las clínicas de salud, los colegios privados, los laboratorios, las autoescuelas, los centros de formación y otras actividades similares.