Los Presupuestos del Gobierno: 240.000 millones de déficit

La crisis de coronavirus tocará fondo de aquí al próximo año, pero el Gobierno no se atreve a asegurar cuándo su famosa recuperación en «V asimétrica» volverá a niveles previos a la era precovid. Las previsiones presentadas ayer por el Ejecutivo –junto a la aprobación del techo de gasto– constatan que los efectos de la pandemia han resultado más devastadores de lo que estimó en abril, por lo que el cuadro macroeconómico –capítulo previo al plan presupuestario de 2021– ha sufrido un severo empeoramiento en casi la totalidad de sus indicadores, con el gasto disparado un 53,7%, con una pérdida del PIB de 25.000 millones de euros y un agujero entre ingresos y gastos de 240.000 millones hasta finales de 2021. Para echarse a temblar.

De momento, ya admite que el PIB de España caerá hasta el 11,2%, dos puntos más de lo que se pensaba a finales del primer trimestre (9,2%), y a años luz de lo que se creció en 2019, un 2%. Pero la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que fue la encargada de presentar el nuevo cuadro macro tras el Consejo de Ministros, se agarra al clavo ardiendo de la «V asimétrica» para apuntar una mejoría de la economía para 2021 con un alza del PIB del 7,2%.

El último cuadro macro post-pandemia recogía una caída del PIB del 9,2% este año y un repunte del 6,8% en 2021. Esto significa que las previsiones empeoran nada menos que en 25.000 millones de euros el PIB de 2020 –tras elevar dos puntos su caída–, con el agravante de que el próximo año solo se recuperarán 5.000 millones, correspondientes a las cuatro décimas de mejora respecto a la previsión anterior.

Arropándose en la bandera del conservadurismo, Calviño apuntó que éstas «son cifras dibujadas en un escenario inercial», que no tiene en cuenta el plan de recuperación y resiliencia del Gobierno ni los fondos europeos, que confía «tengan un impacto muy importante» sobre actividad y empleo el próximo año.

Sobre la tasa de paro sí que observó un alivio y se situará en el 16,9%, tres décimas menos que el 17,2% estimado seis meses antes. Sin embargo, la deuda pública se disparará hasta el 118% –frente al 115,5% que estimaba en mayo– por culpa del incremento exponencial del gasto para aguantar la economía ante el impacto de la pandemia, los rebrotes y las nuevas restricciones. «El escenario de crecimiento está sujeto a la elevada incertidumbre», dijo.

La titular de Economía apuntó que en este empeoramiento de las estimaciones influye tanto el descenso del consumo privado (-12,6%), que «no será contenido por el aumento del público», como por la caída importaciones (-20%) y exportaciones (-22,7%).

Con este sombrío panorama, el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto no financiero para 2021, que aumentará un 53,7%, hasta los 196.097 millones de euros –una cifra jamás registrada hasta ahora, que bate el récord de los 182.439 millones de 2010, en plena Gran Crisis financiera–, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas (13.486 millones) y a la Seguridad Social (18.396 millones). En total, el Estado asumirá los 31.882 millones del déficit de ambos, que se sufragará en parte por los fondos europeos (27.436 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia, y el fondo React Eu).

No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó que este límite de gasto no financiero «homogéneo» y «comparable» con el anterior supone solo un aumento del 7,2%, hasta los 136.779 millones, sin contar las transferencias y los fondos europeos. Si se incorporaran estas transferencias, ascendería al 32,2%, hasta los 158.661 millones.

En esta situación, el Gobierno ha establecido el déficit en el 7,7% para el próximo año –tras el récord negativo del 11,3% para 2020–, tasa de referencia que la ministra de Hacienda desgranó en el 2,4% de la Administración Central, del 2,2% para las regiones, del 0,1% para las corporaciones locales y del 3% para la Seguridad Social. Pero estos datos son solo eso, una referencia que no habría que cumplir, al no establecer objetivos de déficit tras quedar suspendidas las reglas fiscales de todas las administraciones. Pero sí advirtió Montero que vigilará cualquier desviación, al ser una referencia para la elaboración de los Presupuestos. «Se trata de una medida extraordinaria que viene recomendada por la gran parte de las instituciones internacionales», defendió.

Lo que está claro es que este desfase entre ingresos y gastos provocará que el Estado acumule entre el presente ejercicio y el próximo un déficit absoluto de 240.000 millones de euros.

Todas estas previsiones «van en consonancia» –dijo Calviño– con el resto de organismos nacionales e internacionales. Aunque esto no es del todo cierto. El Banco de España revisó al alza en septiembre su previsión de caída del PIB y lo hizo nada menos que en un punto, del 11,6% al 12,6%, muy por encima de lo estimado por el Gobierno. El FMI se mantuvo en el -12,8%, aunque mejoró en casi un punto el rebote del año que viene, hasta el 7,2%. El panel de Funcas –realizado sobre las proyecciones de supervisores y organizaciones–, es el que más se ha acercado a lo que piensa el Gobierno, con un derrumbe del PIB del 11%. Y ayer mismo, la Airef avaló lo presentado por el Ejecutivo, pero advirtió de que sus previsiones solo se cumplirán «si confluyen circunstancias favorables, porque no es descartable que el escenario actual de rebrotes mine la confianza de hogares y empresas». La Autoridad Fiscal espera una contracción de entre el 11,6% y el 12,1% este año, con un repunte de entre el 6,5% y el 9,9% el próximo.

En este contexto de gasto desproporcionado y reducción de ingresos, la portavoz del Gobierno anunció que el equipo negociador encargado de los Presupuestos de 2021 está trabajando en una subida de impuestos. Montero habló de una «revisión de los beneficios fiscales y los rendimientos de determinada figuras tributarias». Y apuntó directamente a las empresas tras afirmar que estos planes conllevarán una «mayor aportación» del tejido empresarial. Entre las medidas que ya están sobre la mesa destacan la subida del IRPF a las rentas más altas; una bajada de Sociedades a pymes y una subida a grandes corporaciones; la eliminación de la bonificación y la fijación de un IVA del 21% a educación y sanidad privadas; la reducción de bonificaciones a los planes de pensiones individuales y la modificación de los tipos reducidos del IVA, entre otras. También confirmó que el Gobierno aprobará «en breve» la nueva Ley Contra el Fraude Fiscal.

La ministra quiso dejar claro que los cambios tributarios recogidos en el acuerdo programático entre PSOE y Podemos no son directamente vinculantes, pero sí se adaptarán «a las circunstancias» en función de la recuperación del crecimiento, si bien advirtió de que el objetivo es lograr una fiscalidad «justa, redistributiva y progresiva».