Nueva ofensiva de Podemos contra las multinacionales: quiere obligar a todas a informar dónde pagan sus impuestos

Que las grandes corporaciones internacionales paguen más impuestos en España. Ese fue uno de los grandes objetivos que se marcó la dirección de Podemos cuando firmó su acuerdo de Gobierno con el PSOE. Y para ello plasmó en el documento rubricado por ambas formaciones que debía reformarse el impuesto de Sociedades “garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos”, dentro del ámbito de la progresividad del sistema fiscal. Hoy se ha sabido que Podemos ha dado un paso más en ese objetivo tras conocerse los puntos de la proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, propone una serie de medidas para reducir las prácticas de elusión fiscal, entre las que destaca la ampliación del número de multinacionales que deben presentar su informe “país por país”, con información financiera y fiscal desglosada por jurisdicciones fiscales y en el que, entre otras cuestiones, deben detallar sus “resultados antes de impuestos, las cantidades satisfechas ante el fisco y las retenciones soportadas", según recoge Europa Press.

En esta iniciativa, Podemos recoge dos propuestas ya incluidas en las conclusiones aprobadas por el Congreso para la reconstrucción económica y social tras la crisis provocada por la pandemia: no contratar con empresas que operen en paraísos fiscales e impulsar la armonización fiscal a nivel europeo. En este último punto, recupera íntegramente el texto aprobado que reivindica la lucha contra los paraísos fiscales y las jurisdicciones que practiquen la elusión y el ‘dumping’ fiscal como una de las prioridades en la Unión Europea. En el caso de la prohibición de contratar lleva el texto más lejos para restringir la contratación a grupos, y no a empresas, lo que impediría la contratación a empresas que, aun no operando en paraísos fiscales, si tuvieran en ellas filiales.

Respecto al informe país por país, Podemos pide ampliar el número de compañías obligadas a presentarlo y que este informe sea público, ampliando así la información estadística publicada en España sobre el mismo. Este informe, una de las acciones desarrolladas por la OCDE contra las prácticas de elusión y evasión fiscal de las empresas, es obligado para todos los grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a los 750 millones de euros. Además de los resultados antes de impuestos y las cantidades tributadas, en el informe las multinacionales deben detallar sus fondos propios, su plantilla media, con activos materiales e inversiones inmobiliarias y la lista de entidades residentes, con establecimientos permanentes y actividades realizados en ellos.

El ultimo informe “Contribución y transparencia de las multinacionales extranjeras en España 2019”, elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia, reveló que el 77% de las grandes compañías con implantación en España no mantienen una clara política de comunicación respecto a su contribución fiscal y económica en España. Leroy Merlin y Vodafone son las dos multinacionales que mejor rinden cuentas de su contribución en España, seguidas, con tan solo un punto de diferencia, por Heineken. de las 35 corporaciones analizadas, 27 de ellas apenas facilitaban esta información. Según este estudio, solo un 9% de las empresas alcanza la categoría de transparente, y un 14% es catalogado como translúcido, que es el caso de Carrefour, Samsung, Nestlé, Altadis y Amazon. El resto, el citado 77%, están clasificadas como opacas. El análisis destaca que 16 compañías no aportan ningún tipo de información sobre el impacto social y económico.

En el documento de 58 páginas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que el Gobierno enviará a la Comisión Europea como paso previo para recibir los fondos europeos, se marcan unas directrices para la futura reforma fiscal, que mejore y ajuste “impuestos ya existentes para reforzar su eficacia, eliminar algunas disfunciones y adaptar los incentivos al impulso de la actividad económica y el empleo. Se trata de lanzar señales fiscales y de precio que orienten hacia inversiones y gestión dirigidas a la sostenibilidad”, indica el documento.