Jaque mate a la fuga de capitales en criptomonedas

El hundimiento de la economía española por la pandemia del coronavirus, el ruido de sables de nacionalizaciones y unos tipos de interés por los suelos han llevado a los inversores españoles a diversificar riesgos a la hora de invertir sus capitales. En este contexto, desde hace tiempo han encontrado en las diferentes criptomonedas que existen en el mercado (bitcoin, litecoin, primecoin...) un valor refugio opaco para su dinero, ajeno a la supervisión de la autoridad monetaria y gubernamental.

Con el objetivo en mente de perseguir estos virtuales paraísos fiscales, el Gobierno prepara, con un retraso de casi un año, la ley de medidas contra el fraude fiscal, en cumplimiento de la legislación comunitaria y, más concretamente, de la quinta directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta nueva normativa obligará a una entidad española o a la oficina en España de una entidad extranjera a que guarde las claves de posesión y uso de monedas virtuales, a comunicar a la Agencia Tributaria el nombre de los titulares, beneficiarios y autorizados de los saldos en criptodivisas, así como de las operaciones en moneda virtual y la identidad de quienes intervienen en las mismas, el tipo y cantidad de monedas incluidas y el precio y la fecha de esa operación.

En estos momentos, el Gobierno estudia si introducir en la normativa alguna de las aportaciones realizadas por su paso en audiencia pública. Una vez, acabe su estudio la remitirá al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y su tramitación parlamentaria.

Mientras supera la tramitación parlamentaria, en la actual campaña de la renta la Agencia Tributaria han enviado a 66.000 contribuyentes mensajes de datos fiscales, 51.300 más que la campaña anterior, avisando de su obligación de declarar sus inversiones en criptomonedas. En el mensaje alerta al contribuyente, del que cuenta con información suficientemente depurada sobre sus operaciones con cripto, de que los beneficios generados en esas operaciones son rentas sujetas a IRPF como ganancias patrimoniales .Por tanto, tributan como la tarifa del ahorro a un tipo de entre el 19% y el 23%.

El Fisco pudo seguir la pista a 88.700 contribuyentes (66.000 en esta campaña y el resto en la anterior) después de más de dos años de investigación y poner bajo su lupa a más de 80 entidades y 40 empresas. En abril de 2018, envió requerimientos de información a más de 60 entidades, que operan en la adquisición o venta de criptomonedas, incluidas entidades financieras e intermediarios (casas de cambio, pasarelas de pago...). A partir de esta investigación, obtuvo información adicional a la que ya contaba del análisis del propio mercado de las cripto.

Después de estudiar y comprobar los datos obtenidos previamente sobre cuentas bancarias abiertas en el extranjero por diversas casas de cambio, se decidió completar la investigación con requerimientos a 16 entidades financieras con sede social o sucursal en España. Esta comprobación dio sus frutos y se detectaron cuentas bancarias que han sido origen o destino de transferencias de otras provenientes de casas de cambio de criptomonedas. En una segunda batería de requerimientos afectó a algo menos de una decena de entidades intermediarias en la compraventa de las monedas virtuales. En concreto, a casas de cambio, pasarelas de pago y empresas relacionadas con cajeros automáticos, que permiten el intercambio de euros y criptomonedas. A estas entidades se les solicitó datos sobre su actividad, la relación de sus operaciones con identificación de compradores y vendedores, así como los importes en euros de transacciones en monedas virtuales, tipo de cambio y comisiones aplicadas en euros. Además, en el caso de los cajeros se solicitaron contratos de arrendamiento y gestión, facturas relacionadas con su funcionamiento, importes medios mensuales de compras y ventas y detalle de las operaciones realizadas.

Inmersa en la lucha contra el blanqueo de capitales, la Agencia, además de a estas entidades, demandó información a más de 40 empresas que ofrecen en internet a sus clientes la posibilidad de realizar pagos con criptomonedas. A estas compañías se les requirió aclaraciones sobre el porcentaje de su facturación y tiques de productos abonados con monedas virtuales, identificación de clientes, criterios de contabilización y del tipo de cambio aplicado, tratamiento de las cripto recibidas e identificación de otras operaciones empresariales con esta forma de pago.

Después de las habituales labores de depuración y análisis de todos los datos recibidos, la Agencia actuó en una doble vía. Por un lado, envió los mensajes en datos fiscales en esta campaña de renta y en la pasada. Y, por otro, remitió la selección de posibles casos a comprobar por los distintos ámbitos territoriales. De momento, las inspecciones abiertas aún no han concluido, según confirma fuentes de la Agencia Triburaria a LA RAZÓN.