La Airef aboga por reducir los incentivos al empleo porque sus efectos “no son duraderos”

Estima que ha alcanzado un coste anual de 2.900 millones y apuesta por la cotización por ingresos reales para los autónomos y que la tarifa plana vaya desapareciendo

“Los incentivos a la contratación tienen efectos positivos, pero no perduran en el tiempo porque una vez que el incentivo desaparece, los beneficiarios vuelven a la situación anterior y con las mismas condiciones. No tienen efectos duraderos”. Por eso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cree necesario “reducir estos incentivos y focalizarlos en los colectivos de más baja empleabilidad” y evitar generalizarlos, aplicándolos de forma puntual “en momentos de crisis o de recesión económica”. Según demuestra, una reducción de los incentivos del 50% entre julio de 2012 y diciembre de 2014 solo supuso una caída del empleo del 0,2%.

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio de revisión del gasto público sobre incentivos a la contratación y al trabajo autónomo presentado hoy por esta institución, en el que se han analizado siete tipos de incentivos entre los años 2012 y 2018. La Airef recuerda que los incentivos a la contratación y el emprendimiento son el programa más relevante en materia laboral, ya que tienen un peso del 41%. Los siete incentivos analizados supusieron un coste de 2.049,9 millones en 2018 -en la actualidad suponen ya cerca de 2.900-, correspondiendo el 32% a la tarifa plana de autónomos y el 22% del gasto a la conversión de temporales en indefinidos. También destaca la tarifa plana para autónomos -que se puso en marcha en 2013- ha tenido un coste neto entre 34,2 millones y 41,5 millones.

En concreto, la Airef ha estudiado los incentivos para menores de 30 años, mayores de 45 años, mujeres con infrarrepresentación en determinados sectores, los incentivos para transformar los contratos temporales en indefinidos, la tarifa plana para autónomos, las bonificaciones y reducciones a autónomos -como la tarifa plana- y los incentivos a contratar personas con discapacidad.

El estudio defiende que los incentivos a la contratación tienen un efecto positivo limitado y deben reducirse y dirigirse a colectivos muy específicos de baja empleabilidad, para lo que pide definir unos indicadores que identifiquen a esas personas con menor probabilidad de encontrar trabajo, y adaptarse a las necesidades de cada momento. Para el momento de crisis actual, la Airef considera que se puede articular un plan temporal de incentivos para el colectivo de jóvenes. En concreto, entiende que los incentivos a la contratación “no pueden ser una herramienta con la que se pretendan acometer las reformas que necesita el mercado de trabajo”. De hecho, hacerlo sería “un error”, según apuntó en la presentación su presidenta, Cristina Herrero. No obstante, considera que unos incentivos a la contratación “si están bien diseñados” pueden ser “eficaces en ciertos momentos de recesión o crisis” para facilitar la obtención de empleo. “Podrían ser eficaces en determinados planos temporales para ayudar a los colectivos más afectados”. Sin embargo, subraya el estudio que estas medidas no pueden sustituir a “las reformas estructurales” necesarias para “reducir la temporalidad y el desempleo”.

También ha dejado claro que vincular los incentivos a programas de formación podría mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables. “Es preciso avanzar en la implementación de herramientas de perfilado y en el diseño de itinerarios que permitan mejorar la atención personalizada a los demandantes de empleo”, añade. Aún así, ha sido crítica con el modelo formativo español, "que potencia la formación de los jóvenes, pero obvia el de los trabajadores de mayor edad, al contrario de lo que se hace en otros países, “en los que no hay límite de edad para estos programas formativos”.

En cuanto a los autónomos, la Airef cree que la tarifa plana mejora la supervivencia del colectivo mientras está vigente, pero que al finalizar la supervivencia es baja, por lo que sugiere que no debe prolongarse en el tiempo si finalmente se aprueba un sistema de cotizaciones sobre los ingresos reales, que ya ajustaría la cotización mínimo de los nuevos trabajadores por cuenta propia. La institución es partidaria de que siga vigente la tarifa plana siempre que se refuerce la inspección de trabajo y de control. Asimismo, cree que se puede mejorar la supervivencia de los autónomos a través de asesoramiento o un plan de viabilidad, y que esta tarifa plana ha beneficiado en mayor medida a quienes llevaban menos de un mes en desempleo y con un nivel de formación medio-alto.