El Gobierno firma la defunción de la mina de uranio de Salamanca antes incluso de nacer

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han pactado enmiendas al proyecto de Ley del Cambio Climático entre las que se incluye vetar las minas de uranio en España o elevar los objetivos de reducción de emisiones o producción renovable fijados para 2030. De salir adelante, esta enmienda sentenciaría la mina de uranio al aire libre que la minera australiana Berkeley llevaba varios años intentando poner en marcha en Retortillo (Salamanca). El efecto más inmediato ha sido una caída del 9,3% de las acciones la compañía, aunque en lo que va de año, la empresa minera acumula una subida cercana al 174%.

En la enmienda, se propone añadir un artículo en el que reza expresamente que queda prohibida la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos, como el uranio, cuando sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles, en todo el territorio nacional. Además, añade el texto, se procederá al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales.

400 millones de inversión

Esta decisión llega apenas unos meses después de que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) resolviera favorablemente la solicitud presentada por la compañía minera australiana para la renovación de la autorización previa de la planta de concentrados de uranio. Alcanzado este punto, a la minera solo le hacía falta un último permiso de construcción que corre a cargo del Ministerio de Transición Ecológica. Actualmente hay 87 millones de euros ya invertidos en el proyecto y 105 millones de dólares adicionalmente financiados para construir la mina de Retortillo, aunque la compañía preveía destinar un total de casi 400 millones de euros. Si la prohibición llega a término también se perderán los 1.000 empleos directos e indirectos que pretendía crear la compañía y la riqueza económica que repercutiría en Salamanca durante aproximadamente 14 años.

PSOE y Podemos han argumentado que los proyectos relacionados con la minería del uranio dan lugar a residuos radiactivos cuya vida transciende a generaciones y, para dar cumplimiento a la normativa española en materia de protección radiológica, es necesario establecer medidas para evitar su dispersión, que podría suponer un riesgo para la población o el medioambiente.

Perjuicios para los recursos públicos

“Esto exige una vigilancia institucional a largo plazo" con la que deberá correr el Estado haciendo uso de recursos públicos, según el texto, ya que no se puede exigir a la empresa minera el coste de dicha vigilancia, que se extendería casi a perpetuidad. El documento también señala que las necesidades de España de uranio están “sobradamente cubiertas en el mercado internacional” y se considera “oportuno” prohibir la minería del uranio por los perjuicios que pueden suponer para los recursos públicos. Berkeley, por su parte, ha señalado en numerosas ocasiones su compromiso con la sostenibilidad y ha recordado recurre a métodos como la minería de transferencia, que facilita la restauración del espacio afectado y reduce al máximo el impacto medioambiental. Además, la compañía acumula ya más de 130 licencias y permisos europeos y españoles para desarrollar la mina.

En otra de las enmiendas pactadas por PSOE y Unidas Podemos, se eleva el objetivo de reducción de emisiones en 2030 respecto a 1990 del 20 al 23%, y del 35 al 42% el porcentaje de energía de origen renovable en el consumo final energético del país. Además, propone que la presencia de renovables en el sistema eléctrico sea, al menos, del 74%, frente al 70% fijado en el proyecto de Ley por el Ejecutivo.