El Gobierno recortará casi un 40% la oferta de empleo público: no cubre ni las plazas de funcionarios fallecidos o jubilados

Menos funcionarios y más trabajo es igual a peor servicio público. Ese axioma indiscutible se ha hecho más evidente si cabe durante esta pandemia, por lo que aumentar las plantilla de los servicios públicos debería ser lo más lógico. Pero no para el Gobierno. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha presentado hoy -con la intención de incluirlo en los próximos Presupuestos Generales- su proyecto de oferta de empleo público en la Administración General del Estado (AGE), que reduce en un 37,6% el número de plazas respecto a las que aprobó en 2019. En concreto su oferta es de 13.313 plazas, que se traducen en 7.066 de acceso libre y 6.247 plazas para promoción interna, muy lejos de las 11.338 y 8.350, respectivamente, que se consignaron el pasado año.

Para el sindicato mayoritario de la función pública, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), es una propuesta “claramente insuficiente” que ni tan siquiera cubre “la tasa de reposición”, ya que el número de plazas de nuevo ingreso propuestas son 988 menos que las bajas producidas por fallecimientos y jubilaciones, con lo que, en realidad, “se estaría destruyendo empleo” en un momento en el que las pandemia ha colapsado servicios como el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y ministerios como Seguridad Social o Trabajo. Por ello, el sindicato señala que se pone "en peligro la viabilidad” de la Administración.

Hay que recordar que la Administración General ha acumulado una pérdida de 43.477 plazas durante los últimos diez años -entre enero de 2010 y enero de 2020-, según datos oficiales del Registro Central de Personal, lo que supone una pérdida de 12 empleados públicos al día, y si la propuesta sale adelante se perderán el 37,6% del total de plazas de acceso libre y el 32,3% en el global de las plazas, tanto de acceso libre como de promoción interna. A esto hay que añadir que el 19,22% de la plantilla tiene más de 60 años y a punto de acceder a la jubilación, por los que “la Administración Pública se está desangrando ante la indiferencia del Gobierno”.

CSIF reclama que el Gobierno incluya entre los 880.000 nuevos empleos que ha anunciado en el Plan de Recuperación el refuerzo de los servicios públicos, tras haber implementado un minucioso análisis sobre los recursos humanos que se necesitan y dónde deben dirigirse en estos tiempos de pandemia. Departamentos como Sanidad, Seguridad Social, Trabajo o el Servicio Público de Empleo están “seriamente comprometidos”, pero CSIF recuerda que otros, como los servicios sociales, la Educación, la Justicia, la Agencia Tributaria o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran en una situación complicada. “Entendemos que las Administraciones públicas deben de ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía que, como hemos visto, se encuentran en una situación muy delicada”, ha defendido desde CSIF.