Hacienda prohíbe las amnistías fiscales pese a que están vetadas por el Constitucional desde 2017

Justo hace ahora dos años, el primer Gobierno de Pedro Sánchez presentaba el anteproyecto de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta normativa ya pasó por el Consejo de Ministros en 2018, pero quedó en suspenso cuando la situación parlamentaria del Ejecutivo se volvió insostenible por la inestabilidad política y se vio forzado a convocar elecciones, truncando así las posibilidades de que la nueva ley antifraude pudiera ver la luz. Ahora, 720 días después –la anterior propuesta se hizo el 23 de octubre de 2018–, un nuevo anteproyecto, que recoge la práctica totalidad de las medidas contempladas en las fallidas cuentas de 2019, vuelve a su trámite parlamentario para que por fin se cumpla con la transposición de la directiva europea 2016/1164 contra las prácticas de elusión fiscal

El primer paso lo dio ayer el último Consejo de Ministros, tras el cual la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esbozó las líneas principales de esta nueva legislación. Una de las más destacadas es la prohibición por ley de las amnistías fiscales. Explicó la ministra que con esta nueva norma no se volverá «a perdonar a los incumplidores» a través de regularizaciones de las que «habitualmente solo se benefician grandes fortunas y grandes contribuyentes». No quiso entrar en disquisiciones sobre la actuación de su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, cuando fue preguntada sobre la amnistía que el Gobierno de Mariano Rajoy otorgó en 2012, una solución extraordinaria que buscaba lograr recursos adicionales ante el elevado déficit público de aquel momento –en plena recuperación de la crisis de 2008–. Con ella, el Gobierno de Mariano Rajoy logró aflorar al menos 40.000 millones de euros –casi el 4% del PIB–, aunque solo pudieron recaudarse 1.200 millones, menos de la mitad del objetivo marcado de 2.500 millones. Sin embargo esta cifra supera en 400 millones la que dio ayer la titular de Hacienda como objetivo de recaudación: 828 millones al año.

Pero prohibir este tipo de regulaciones fiscales no es una idea nueva. Ya lo propuso el propio Montoro en 2017 tras su amnistía. De hecho, el Tribunal Constitucional la anuló a posteriori también en 2017, en un fallo que ya de por sí supone una fuerte disuasión para futuras amnistías y que deja a la prohibición anunciada ayer por el Gobierno en una mera medida de cara a la galería. Antes, en 1992, los Presupuestos Generales del Estado de aquel año ya establecieron la prohibición de aprobar amnistías fiscales, lo que no impidió el posterior perdón tributario de Montoro. La ley siempre se cambia con otra ley.

Según cuantificó la ministra, se busca «intensificar» la labor que viene haciendo la Agencia Tributaria, que el año pasado consiguió ingresar 15.715 millones de euros, un 4,1% más respecto al ejercicio anterior, gracias a esta lucha contra la elusión fiscal.

Además de esta prohibición, se contemplan otras importantes medidas, como la ampliación de la lista de deudores con la Agencia Tributaria. Hacienda rebajará el umbral a 600.000 euros –desde el millón actual– para incluir a cualquier persona física o empresa que tenga una deuda superior a esa cantidad, y además, se hará extensible a los responsables solidarios de dicha deuda.

Este anteproyecto también contempla la prohibición de los softwares de doble uso que las grandes compañías utilizan para hacer una doble contabilidad; elevar al máximo el control sobre las criptomonedas y actualizar la lista de paraísos fiscales. Asimismo, limitará el pago en efectivo, que bajará de 2.500 a 1.000 euros para operaciones entre empresas y profesionales –los particulares quedan al margen–. La ministra advirtió de que esa cantidad seguirá disminuyendo hasta quedarse en la «mínima expresión» para poder tener la «trazabilidad de todas las operaciones». Traducido al cristiano, que cualquier transacción sea computada y fiscalizada sin excepción. Respecto al control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, los contribuyentes estarán obligados a informar de los saldos y los titulares de las cuentas, ya sea en territorio nacional o fuera de nuestras fronteras. También se ampliará el concepto de paraíso fiscal, atendiendo a criterios de equidad tributaria y transparencia.