Guerra por la mina de uranio de Salamanca

Berkeley, la compañía minera australiana que quiere explotar una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) ha sacado las garras. Después de que PSOE y Podemos hayan pactado una enmienda a la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que tramita el Congreso de los Diputados para prohibir la investigación y explotación de minerales radiactivos en el territorio español y cualquier procedimiento abierto relacionado con la autorización de este tipo de actividades, la compañía ha lanzado un disparo de advertencia: no está dispuesta a abandonar el proyecto salmantino.

En una comunicación remitida hoy mismo a la Comisión Nacional de Mercados y Valores, Berkeley ha asegurado que su posición respecto a la enmienda es clara: “la prohibición de actividades en España sin razones justificadas es contraria a la Constitución española y a los derechos legales reconocidos en otros instrumentos internacionales”.

La minera asegura que tanto PSOE como Podemos no deberían pasar por alto que ostenta “legales, válidos y consolidados derechos de investigación y explotación de sus proyectos mineros, incluido una licencia minera para 30 años (renovable por otros dos periodos más de otros 30 años) para la mina de Salamanca”. La aprobación de la enmienda, advierte la empresa australiana, supondría una expropiación de derechos legales de Berkeley “sin justificación”. Después de haber obtenido 120 permisos e informes favorables de distintas autoridades locales, autonómicas y europeas, la compañía asegura que ahora mismo sólo está pendiente de la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva para comenzar la construcción de la mina de Salamanca.

Inversión y empleo

Berkeley, que pese a la advertencia también tiende la mano a las administraciones para seguir negociando y que el proyecto avance, ha asegurado en otras ocasiones que ya ha invertido 87 millones de euros en el proyecto y 105 millones de dólares adicionalmente financiados para construir la mina de Retortillo, aunque la compañía preveía destinar un total de casi 400 millones de euros. Según sus estimaciones, el proyecto podría generar 1.000 empleos directos e indirectos.

PSOE y Podemos, que nunca han visto con buenos ojos la mina, argumentan en la enmienda que los proyectos relacionados con la minería del uranio dan lugar a residuos radiactivos cuya vida transciende a generaciones y, para dar cumplimiento a la normativa española en materia de protección radiológica, es necesario establecer medidas para evitar su dispersión, que podría suponer un riesgo para la población o el medioambiente. “Esto exige una vigilancia institucional a largo plazo” con la que deberá correr el Estado haciendo uso de recursos públicos, según el texto, ya que no se puede exigir a la empresa minera el coste de dicha vigilancia, que se extendería casi a perpetuidad. El documento también señala que lasnecesidades de España de uranio están “sobradamente cubiertas en el mercado internacional”y se considera “oportuno” prohibir la minería del uranio por los perjuicios que pueden suponer para los recursos públicos. Berkeley, por su parte, ha señalado en numerosas ocasiones su compromiso con la sostenibilidad y ha recordado recurre a métodos como la minería de transferencia, que facilita la restauración del espacio afectado y reduce al máximo el impacto medioambiental.

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