Reforma de las pensiones, del mercado laboral y control de las cuentas para recibir el rescate de la UE

La letra pequeña del acuerdo europeo deja en evidencia el discurso oficial de Sánchez

El Gobierno español presentó esta semana en Europa su previsión económica, sin que todavía haya entrado en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La ministra de Economía y Competitividad, Nadia Calviño, ha reconocido que un retraso en la llegada de los fondos tendría graves consecuencias para la economía española: los Presupuestos y todas las demás medidas activadas para hacer frente a la pandemia dependen de la llegada de las ayudas europeas. El Gobierno también esquiva la letra pequeña que va ligada a la percepción de esos fondos, pero, al margen de la discusión sobre si la reforma del Poder Judicial nos afectará en función de cómo quede la cláusula del respeto a las libertades y al Estado de Derecho, en esa letra pequeña ya hay establecidas exigencias que niegan el discurso oficial que presenta el fondo europeo como una lluvia de miles de millones de euros para hacer de España un país más moderno, más verde y más digital al hilo de la profunda crisis provocada por el coronavirus.

Exigencias de la Comisión

En la letra pequeña de los acuerdos firmados se señala que las reformas estructurales que España debe afrontar de manera prioritaria son las de sostenibilidad de las pensiones, la reforma laboral, de control de las finanzas públicas, la mejora de la contratación pública y el apoyo a la investigación e innovación. De hecho, la Comisión Europea viene reclamándolas en las conclusiones específicas del Semestre Europeo de 2019 y de 2020. Y ahora son prioritarias para que se produzca el desembolso de los fondos comunitarios.

España debe presentar el plan y la evaluación de la Comisión Europea dará lugar a una propuesta al Consejo, que puede ser la de conceder el máximo del dinero o no. El Gobierno español ha incorporado ya una parte de los fondos al techo de gasto sobre el que se elaborarán los Presupuestos para poder hacer unas cuentas expansivas y que esto le facilite los votos necesarios para poder sacarlos adelante, sea con la mayoría de investidura, sea con Ciudadanos y PNV. Pero el camino para conseguir que nos llegue finalmente el dinero es largo y complicado.

Reparto del dinero

La propuesta debe discutirse en el Consejo Europeo. Y en la letra pequeña de lo pactado también se dice que, si algún país no fuera capaz de presentar proyectos adecuados en los tres primeros años por el 100% del volumen asignado, la parte no consumida pasará a una caja común, que se repartirá de forma competitiva entre los países que presenten proyectos adicionales, porque todos los fondos tienen que estar desembolsados al final de 2026. En este sentido, el Gobierno ha anunciado la creación de una oficina encargada de liderar políticamente los fondos, que se ubicará en Moncloa.

Además, los fondos no llegarán todos juntos. En 2021 puede recibirse un 10% de la asignación directamente con la presentación del plan, antes del cumplimiento de los objetivos «prefinanciación» acordados en el Consejo Europeo de julio. De hecho, los requisitos de ajuste anual que forman parte del Pacto de Estabilidad están suspendidos desde marzo por la Covid. Pero a partir de 2021 sí habrá recomendaciones fiscales y la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo es una de las exigencias específicas a España que se arrastra desde 2019 y que, por tanto, será clave en la situación actual. Los ajustes y los recortes serán inevitables, aunque el Gobierno intente surfear la primera ola de la crisis que deja la pandemia con una economía anestesiada y con unos Presupuestos que incluyan parte de los fondos europeos para poder hacer frente a todas las urgencias sociales.

Hay que añadir otra aclaración que se disfraza en los discursos oficiales. Los fondos no son transferencias directas y automáticas, sino que hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos las condiciones arriba mencionadas, porque Europa exige que sirvan para transformar la economía y mejorar la competitividad de los países. España, como los demás socios de la UE, tiene que presentar el Plan de Recuperación y Resiliencia, que si no es aprobado dejará al país sin fondos desembolsados. El documento ofrece las actuaciones que el Gobierno llevará a cabo hasta 2026, lo que hace más que recomendable que fuera fruto de la negociación entre los dos principales partidos políticos del país. Sin embargo, en el único acto que ha realizado Moncloa para presentar las listas maestras de este plan, el presidente Sánchez dejó fuera de la invitación a los partidos de la oposición. Prefirió cuidar la estética y primar la presencia de personajes de la sociedad civil y de agentes sociales.